El mapa de la violencia en Valencia

El atlas del dolor. De la bofetada. Del miedo. Del insulto, agresión o abandono a los más inocentes. Así podría definirse un pionero estudio de expertos de la Universitat de València (UV) que revela una clara coincidencia geográfica entre lugares de la ciudad de Valencia donde se produce violencia de género y aquellos en los que se han detectado episodios de maltrato infantil. Podría considerarse el más fiable mapa de la violencia de puertas adentro en la ciudad y una herramienta fundamental para ahondar en soluciones policiales y sociales allí donde más falta hacen. Para actuar en los espacios en rojo.

Los cálculos matemáticos y estadísticos arrojan pocas dudas. El análisis del departamento de Psicología Social y de Estadística de la UV hila muy fino para alcanzar la máxima precisión. Se basa en el estudio de 552 sectores censales de Valencia. Coteja la distribución geográfica de órdenes de protección por violencia machista entre 2011 y 2012 proporcionadas por la Policía Local de Valencia y los contrasta con casi 600 casos de desprotección infantil detectados durante el mismo periodo por los Servicios Sociales municipales.

Enrique Gracia es profesor y catedrático de Psicología Social de la UV, el director del la investigación. «Hasta ahora ningún estudio había analizado esta concurrencia». Los vecindarios de la ciudad que sufren los dos tipos de violencia coinciden al 90% y presentan perfiles socioeconómicos similares.

¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo? En primer lugar, los Poblados Marítimos. La inmensa mayoría de vecindarios de la Malvarrosa, el Cabanyal y Nazaret están cubiertos por el color rojo que en el estudio científico señala niveles de «alto riesgo» respecto al promedio de cifras recogidas. A tenor de los resultados, serían las zonas de Valencia en las que las mujeres y menores presentan un mayor riesgo de sufrir maltrato.

En similar situación aparecen algunas barriadas de los distritos de Rascanya, con casi dos tercios de su espacio en alto riesgo. Un porcentaje muy parecido presenta l'Olivereta. Mientras, distritos como Benicalap, Zaidía o Jesús tiene repartidas a partes iguales áreas de alto riesgo y bajo. Si nos ceñimos a los espacios del centro las zonas de alto riesgo son mucho más aisladas. Pero hay que tener en cuenta que tienen menor superficie que las zonas periféricas en su conjunto. Sobre el mapa, los lugares de menor riesgo son los barrios de Algirós, Pla del Reial, Campanar y l'Eixample. En opinión de Gracia, «no se puede afirmar que la periferia sea más violenta que el centro» en la ciudad.

El experto de Psicología Social sí lanza esta conclusión: «Las zonas de más riesgo coinciden con un estatus socioeconómico y educativo más bajo. En general, son puntos de Valencia con una mayor actividad policial, más inestabilidad residencial y mayor concentración de población inmigrante». De nuevo la falta de educación y los problemas económicos aparecen como detonantes de conflictos que acaban pagando injustamente mujeres y niños.

Y lo de que la violencia se distribuye al azar, como un mal que estalla caóticamente en cualquier punto, no es cierto. «Jamás. Hay algo que explica la concentración del riesgo y esos factores se encuentran a nivel de vecindario», ahonda el experto. La investigación muestra que la superposición de maltrato infantil y agresión machista no se da sólo en el plano individual (haber sido víctima de malos tratos en la infancia y perpetrador de violencia contra la pareja como adulto). Ni siquiera en el familiar (hogares en los que tienen lugar malos tratos tanto contra los menores como contra la mujer). «La concurrencia también se produce en el nivel del vecindario».

Es decir, «ciertas características de los vecindarios contribuyen a crear un entorno social tóxico que incrementa el riesgo de la violencia en las relaciones íntimas, independientemente de que se ejerza contra los menores o contra la pareja», afirma Gracia.

La superposición de los dos tipos de violencia es particularmente relevante. Para la UV, son «problemas interconectados» cuya prevención e intervención «debe tener en cuenta el análisis comunitario» a la hora de diseñar y planificar de medidas para reducirlas.