La maraña sanitaria en la Comunitat Valenciana

Listas de espera, el proyecto para la reactivación de la vieja Fe, la posibilidad de que Ribera Salud pida medidas cautelares para «frenar la reversión», farmacéuticos dispuestos a dejar de colaborar en el copago y el Plan de Ordenación de Recursos Humanos desde marzo a la espera de un decreto. Son los frentes abiertos en el ámbito de gestión de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, área de la Generalitat en la que ha estado activo algún conflicto y otros laten todavía.

Recientemente, la Conselleria de Sanidad y la fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) han firmado el convenio para la atención de enfermos de cáncer. La negociación fue tensa, hasta el punto de que el acuerdo parecía peligrar. En esa situación el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tomó las riendas de las conversaciones. La consellera quedaba desautorizada, algo que Montón consideró que respondía a una «cuestión de gobierno». Días después, el conflicto -centrado en cómo derivar pacientes de la sanidad pública al instituto médico- se resolvió con la firma del contrato en el marco del modelo de acción concertada con entidades sin ánimo de lucro. Se incluyó el acuerdo con puntualizaciones de la fundación a la derivación de enfermos. Este asunto está resuelto, pero Carmen Montón tiene ante sí otros frentes que asedian la gestión de uno de los departamentos clave del Consell y para el que Ximo Puig, durante su visita a Peñíscola el viernes, aseguró que ampliará el presupuesto este año.

Cuando todavía estaba activo el conflicto con el IVO, las chispas saltaron desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia. El presidente de la institución, Jaime Giner, mostró el descontento del sector con el plan de reparto de medicinas a residencias. Fue contundente y anunció la convocatoria de una asamblea para proponer el fin de la colaboración con Sanidad, incluso en la gestión del copago citando, entre otras razones, que con su propuesta la conselleria «desplaza a la profesión». Una decisión en ese sentido apuntaría hacia una de las principales y pioneras apuestas de Montón: la retirada del copago de las medicinas.

La reversión a la gestión directa de los hospitales públicos de gestión privada -modelo Alzira- es uno de los grandes retos de la gestión de Carmen Montón. El 31 de marzo finaliza la concesión del hospital de Alzira y la conselleria no la va a prorrogar. Quedan muchas gestiones por realizar, algunas en referencia a los trabajadores. Desde Ribera Salud, concesionaria del Hospital de Alzira, se han presentado algunos recursos, y ahora tras la interposición de un contencioso el pasado verano barajan solicitar medidas cautelares para «frenar la reversión».

El avance de las listas de espera para operar, con aumento del número de pacientes y la demora media, también asedia a Montón. En septiembre la consellera anunció una nueva iniciativa, un plan de operaciones en sábado para agilizar el trabajo quirúrgico. La iniciativa resultó llamativa, pues llegó después de que el 2 de agosto descartara medidas extra ante la escalada de la lista: «Seguiremos trabajando con todas las herramientas y exactamente igual que hasta ahora. La lista de espera es una cuestión endémica», señaló entonces la consellera.

Las obras también persiguen de cerca el día a día en Micer Mascó. El proyecto para reactivar la antigua Fe y convertirla en el Espai Campanar-Ernest Lluch, otra de las grandes apuestas de Montón, están a la espera de los plazos para avanzar, si bien la primera intervención, la del edificio de Ballester Olmos, lleva retraso en su inicio.

Mientras, en el Clínico están en marcha las catas tras haber detectado aluminosis en unas viguetas en la parte más antigua del edificio. Los trabajadores, a través de los sindicatos, han criticado la falta de información sobre este asunto y, además, han reivindicado en distintas ocasiones la ampliación a expensas de la antigua escuela de Agrícolas. Fue el presidente del Consell, Ximo Puig, quien anunció en el debate de política general que antes de final de año se firmaría el acuerdo con la Universidad Politécnica para adquirir la escuela y llevar a cabo la ampliación.

Entre las decisiones con las que Carmen Montón estrenó su mandato se incluye la paralización de la demolición del complejo sanitario La Fe de Campanar proyectado el gobierno del PP. La consellera apostó por la reactivación de estas instalaciones mediante un proyecto que necesitará esta y la siguiente legislatura para estar terminado.

El principio sobre el que Montón asentó el plan es «construir antes que destruir». La primera intervención, según las previsiones que se dieron a conocer, es la rehabilitación del bloque recayente a la calle Joaquín Ballester para convertirlo en área de Urgencias provisiones, ya que luego se sustituirá. Esas obras tenían señalado su inicio en el tercer trimestre -el pasado- de este año. Pero la propia consellera de Sanidad confirmó recientemente que aún no han arrancado: «Estamos en la última parte del proceso administrativo», destacó.

En cuanto a la posibilidad de que se inicien ya esas actuaciones o de que se disponga de fecha para ello hay poca concreción. Montón aclaró al respecto que «Campanar va bastante en tiempo y forma. En estos momentos confío en que vamos a ir cumpliendo los plazos». Tras estas declaraciones puntualizó que las echas que se dieron a conocer en 2016 eran aproximadas, en tanto que se requieren muchas gestiones.

Nada más llegar al despacho del Consell en la calle Micer Mascó, Carmen Montón anunció las claves de su acción de gobierno. Una de ellas era la reversión de los hospitales del modelo Alzira a la gestión pública directa. Este asunto, del que no se ha dejado de hablar desde entonces, constituye uno de los frentes que continuamente muestra nuevas derivas que buscan respuesta.

La última se conoció el viernes. Como informó LAS PROVINCIAS, Ribera Salud, la empresa al frente del centro sanitario público de gestión privada, baraja la solicitud de medidas cautelares para «frenar la reversión, evitar que siga adelante». Las fuentes consultadas confirmaron que los servicios jurídicos estudian la decisión, que podría materializarse dentro de pocas semanas.

Persiguen que los tribunales puedan evitar un «posible perjuicio a los profesionales y a los habitantes de la Ribera». Ya a finales de julio «se presentó un recurso contra la decisión de la Administración de no prorrogar el contrato». Con anterioridad, en abril, la concesionaria ya interpuso un contencioso contra las normas de reversión porque entendían que eran «irracionales y desmesuradas» para cumplirse en el plazo establecido como plazo para cumplirlas. El TSJCV frenó las prisas de Sanidad y concedió una prórroga de mes y medio a los plazos señalados por la conselleria.

Otro asunto pendiente de respuesta es el Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH), del que se derivan muchas consecuencias en el ámbito laboral de la conselleria. Entre ellas el desbloqueo de la jubilación forzosa del personal sanitario. El PORH se aprobó hace siete meses, en marzo. Entonces se advirtió de que había que esperar la tramitación y aprobación de un decreto por parte del Consell. Pero esa norma no se ha aprobado todavía.

El contenido del documento, cuya aprobación llega con tres meses de retraso respecto a la fecha anunciada por Sanidad, no será de aplicación inmediata. Ahora habrá que esperar a la tramitación y aprobación de un decreto por parte del Consell. La semana pasada, en rueda de prensa, la consellera apuntó que estaba cerca, pero no concretó una fecha.

La demora ha acompañado al PORH desde el principio. La aprobaron por parte de los sindicatos, con los votos en contra de CC.OO y CSIF, ya llegó tres meses después de lo previsto respecto a la fecha anunciada por parte de la conselleria. La jubilación forzosa del personal sanitario, sobre la que ya se han aplicado algunos cambios, es uno de los asuntos en losq ue han insistido los sindicatos.

Las listas de espera para pasar por el quirófano, como también la demora media, no dejan de escalar. Los últimos datos conocidos, correspondientes a junio, prueban esa tendencia. La situación que acompaña a esta realidad de la sanidad valenciana, pendiente de que pronto se conozcan los datos de septiembre, es una de las principales inquietudes sociales ante las que la conselleria en las últimas semanas ha tenido que habilitar nuevas medidas para frenarlas sin abandonar las que ya aplicaba: autoconcierto y derivar a centros privados.

Las cifras de junio revelaron que en 2016 eran 59.883 los usuarios de la sanidad pendientes de pasar por el quirófano y que el mismo mes de este año, esa cantidad se elevó a 66.512. La diferencia descubre que en el periodo señalado la lista acogió 6.629 nuevas entradas.

No es el único indicador que entre el informe del sexto mes de 2016 y el de este ejercicio emprendía el camino del ascenso. La demora media también se disparó en nueve días, ya que en la fecha señalada de 2016 se encontraba en 98 y al cierre del pasado junio alcanzó las 107 jornadas. Las especialidades más castigadas -con las esperas más prolongadas- son cirugía vascular, con 192 días (179 en 2016); traumatología con 130 (104 un año antes); pediatría con 131 (105 en la anterior) y neurocirugía con 160 (159 en el periodo de 2016).

Una de las grandes apuestas de la consellera fue la retirada del copago farmacéutico y los productos ortoprotésicos. La vía escogida fue la subvención. El Estado recurrió la medida y meses después el TSJCV declaró la nulidad de los dos decretos que sustentaron la retirada de los copagos.

El territorio de la dispensación de medicamentos todavía reservaba un nuevo frente ante este asunto. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, anunció hace dos semanas una asamblea antes de que acabe noviembre para proponer la suspensión de la colaboración con la conselleria, incluida la retirada del copago, si Sanidad persiste en «sus coacciones, no permite la participación y desplaza a la profesión» en el plan de distribución de medicamentos a residencias de mayores. El colegio inicia mañana reuniones comarcales para explicar a los profesionales esta cuestión, y itras que afectan ala profesión.

Además, según el colegio, han solicitado encuentros con la consellera de Sanidad y la de Igualdad, Mónica Oltra. También, siguiendo el camino que emprendió el IVO, con el presidente del Consell, Ximo Puig. El modelo para las residencias desde el principio generó descontento porque los profesionales se consideraron excluidos. El malestar creció hast anunciar la asamblea y los encuentros.