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La Comunitat Valenciana tiene actualmente 13.823 alumnos formándose en barracones. La parte positiva es que es la cifra más baja de los últimos años. La negativa es que el ritmo de las obras es muy lento, hasta el punto de que la conselleria, que llegó a prometer su desaparición en esta legislatura, se ha visto obligada a matizar sus objetivos y a reconocer que no se está avanzando como se preveía.
Los datos oficiales de la propia administración, facilitados al PP a través de respuestas parlamentarias, permiten trazar la evolución de los últimos años, de la que se extraen dos ideas: el número de estudiantes en módulos prefabricados ha ido a la baja con más o menos intensidad y el resultado global es ligeramente favorable a los populares respecto al tripartito del Botánico. Entre los cursos 2011-2012 y 2014-2015, que coinciden con la última legislatura del partido conservador al frente del Consell, con Alberto Fabra al frente de la Generalitat, la reducción fue de 6.213 alumnos, mientras que entre los ejercicios 2015-2016 y 2018-2019 (primero y último del actual mandato) alcanzó los 5.766, sobre todo gracias la bajón experimentado este curso, cuando se pasó de los 19.171 del 2017-2018 a 13.823 (-5.348).
Si la tendencia se expresa en porcentajes la situación cambia, pues en los últimos cuatro años los alumnos en esta situación han descendido un 29,4%, mientras que en el periodo anterior la variación fue del 24,3%. En este caso hay que destacar que el punto de partida era más favorable para el Botánico, al disponer de un número menor de estudiantes en esta situación (19.589 en el 2015-2016) que el PP (25.555 en el 2011-2012), lo que condiciona la minoración en términos relativos.
Las cifras dan a entender que el ritmo con el que ha trabajado la administración autonómica ha sido más o menos similar independientemente del color político que la dirige. También hay que tener en cuenta que hacen referencia a varias casuísticas. Aluden tanto a centros íntegramente en barracones como a los que combinan instalaciones de ladrillo y módulos provisionales, y abarcan a aquellos colegios que llevan hasta un par de décadas en aulas prefabricadas como a los que han tenido que mudarse temporalmente mientras duraban las obras, por ejemplo en caso de reformas o ampliaciones. Sin olvidar posibles necesidades puntuales de escolarización. Por estos motivos hay ejercicios en los que aumenta el número de alumnos respecto al anterior o prácticamente se mantiene.
Preguntada la conselleria por el resultado comparativo, fuentes del departamento dicen que «la gran diferencia respecto a las legislaturas del PP es que ahora, cuando el estudiante está en barracones, es porque se tramita de forma efectiva la construcción, rehabilitación o ampliación de su centro, por lo que se usan para lo que deben ser: módulos provisionales». Añaden además que en los mandatos anteriores «se ponía al alumnado en barracones incluso sin tener los planos, por lo que no eran provisionales, sino perpetuos».
Este argumento es utilizado en las respuestas parlamentarias, donde se leen referencias a los «años de absoluta dejadez y ausencia de panificación» de los gobiernos anteriores. También ha sido empleado en diferentes declaraciones públicas de los miembros del Consell, que han llegado a afirmar que los barracones son un tema «cerrado».
Para la portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, los datos demuestran «el fracaso evidente de los anuncios prometidos, hasta tener que abdicar en los ayuntamientos ante su incapacidad». También defiende que hasta ahora ninguno de los colegios que el Consell dice que ha puesto en marcha «es de gestión 100% del Botánico» e insiste en que «más de la mitad los había dejado el PP licitados o a punto». Por último insiste en el diferente momento económico de ambas legislaturas, pues ahora Educación tiene hasta 600 millones más gracias a las transferencias del Estado.
La Conselleria de Educación se ha comprometido a que el día 21 pagará las nóminas que adeuda a docentes interinos y funcionarios de carrera, en algunos casos, tal y como llevan varios días denunciando los sindicatos, desde principios de curso. En un comunicado, el Stepv destacó que entre los afectados también se encuentran profesionales que sólo han cobrado un mes y otros que, tras incorporarse a las aulas tras el arranque de las clases (pasado septiembre) no han recibido ni un euro.
Fue esta organización la que informó de la fecha trasladada desde la administración tras una concentración en la sede de la conselleria en la que varios representantes del departamento salieron a dar explicaciones. Además de pedir perdón -algo que también hizo el secretario autonómico, Miguel Soler, en redes sociales- se les dijo que era imposible abonar la deuda el día 10, como se llegó a barajar, de ahí el retraso hasta el 21. También se trasladó que no volverá a suceder.
Por otro lado, desde el grupo parlamentario de Ciudadanos, tras reunirse con varios de los afectados, se han registrado diferentes preguntas parlamentarias dirigidas a la conselleria interesándose por las medidas que se van a implantar para evitar que esta situación se vuelva a repetir. La diputada Mercedes Ventura explicó que no es un problema nuevo, sino que se produce todos los años. «El problema es que no se han dotado de más personal para evitarlo y la situación llega a ser desesperante porque no pueden pagar las hipotecas ni cubrir sus necesidades básicas. Hay afectados que sólo han ingresado cuantías irrisorias, de dos o nueve euros, vinculadas a la subida salarial. Además, en otros casos sí se abona una nómina pero no las dos restantes, por lo que no entiendo que se les diga a los profesores que el problema está en que no han aportado toda la documentación necesaria», explica la diputada.
Según los datos trasladados por los afectados a Ciudadanos, son alrededor de 700 profesores con pagos pendientes. Sin embargo, el grupo parlamentario ha pedido a la conselleria en sus preguntas la cifra exacta de docentes que se encuentran en esta situación.
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