Marzà dice que su Oficina Lingüística no «fiscaliza a nadie» pese a contar con un registro de infractores

El conseller de Educación, Vicent Marzà, salió este martes a replicar al PP una vez se desveló el lunes que el TSJCV ha instado a los populares a formalizar su recurso contra la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL), un procedimiento para el que la oposición presenta como argumentos jurídicos una serie de razones coincidentes en esencia con los reparos que en su día puso el Consell Juridic Consultiu (CJC), objeciones que también realizó el propio Consell a través de un informe jurídico emitido por Presidencia de la Generalitat. El conseller nacionalista negó una intención inquisitiva por parte del nuevo ente. Según Marzà la ODL carece de un propósito punitivo o restrictivo. Los ánimos, intenciones y propósitos del Consell son insondables. Sin embargo, lo que es cierto, y por escrito queda en el decreto de creación de la oficina, es que el nuevo ente dispone de un registro en el que se cumplimenta información sobre el denunciante, el motivo de la reclamación y los datos (departamento o administración en el caso de ser entidades públicas, y nombre domicilio, código postal, localidad, provincia y teléfono de las personas y empresas) de los denunciados. Ese registro de vulneraciones de derechos, de infracciones e infractores, es uno de los asuntos en los que también incide el PP.

Según explicó ayer Marzà, la ODL tiene como objetivo mediar para «avanzar en la consolidación de derechos». Tras participar en la firma de un documento para la entrada del Consell como accionista del teatro Principal de Alicante, Marzà fue interrogado por los periodistas sobre la oficina. El conseller afirmó que «no hay irregularidad» alguna en la puesta en marcha de este nuevo ente, ya que el texto al que aludían las alegaciones del PP aún no era el definitivo porque, según Marzà, se aceptaron enmiendas del propio PP. Sin embargo, la abogada y diputada popular María José Ferrer-San Segundo, matizó esa apreciación del titular de Educación, pues aseguró que, tal y como consta en el expediente de tramitación del decreto de la ODL que se publicó el 18 de diciembre pasado, las enmiendas populares fueron rechazadas porque desde la conselleria se consideraron «juicios de valor».

Así lo señaló la diputada el lunes, acompañada por el también parlamentario autonómico del PP Jorge Bellver. Ferrer-San Segundo recalcó que «cuando acabó el trámite parlamentario y dijeron que nuestras alegaciones eran un juicio de valor y no cabía su admisión, acudimos a los tribunales. Si no lo hubiéramos hecho esta norma hoy sería firme. Ahora el TSJCV la analizará y determinará si hay ilegalidad en alguna de sus partes».

Marzà afirmó el martes que la Oficina de Derechos Lingüísticos «no tiene ningún carácter punitivo ni restrictivo, al contrario, lo que hace es mediar entre las partes, acompañar a una u otra, informar y avanzar en la consolidación de derechos».

El conseller de Compromís afirmó que «para progresar en derechos alguien tiene que ayudar, informar a las dos partes y mediar, y eso es lo que es la Oficina de Derechos Lingüísticos, abierta a toda la ciudadanía para que no haya discriminación lingüística en el territorio». Por lo tanto, no buscará «entrometerse en la vida privada de nadie, ni fiscalizar a nadie sino», recalcó, «acompañar, hacer pedagogía y mediar e informar para que todos podamos convivir con una mayor naturalidad».

Para el titular de Educación, la ODL recibe críticas del PP porque «los que tienen en la cabeza restricciones las proyectan como si los otros las quisieran tener», pese a lo cual el actual Consell se rige en la defensa de «las libertades y los derechos».

Ferrer-San Segundo, sin embargo, considera que se la creación de la oficina permite generar registros «donde quedarán inscritos ciudadanos por vulnerar derechos. El CJC y el Subsecretario de Presidencia también coincidían con las alegaciones del PP y defendían como una observación de carácter esencial la necesidad de suprimir las referencias a personas privadas».

Los populares consideran que la creación de un fichero es la antesala de «una lista negra de malos valencianos», y que en un futuro, a través de reglamentos, o en la convocatoria de subvenciones «se puede hacer la salvedad de excluir como beneficiarios de ayudas o de potenciales convocantes a entidades, empresas o personas que ellos consideren que hayan vulnerado derechos lingüísticos».

El informe elaborado desde Presidencia de la Generalitat contiene nueve observaciones de calado hacia el proyecto inicial. Entre ellas, en la que más se extiende la Subsecretaría del departamento que depende directamente del presidente Ximo Puig es donde advierte de que se presume que los organismo y personas denunciadas han vulnerado los derechos, sin presunción de inocencia, si no al contrario. Ferrer San-Segundo señala que toda la tramitación que realiza la ODL va orientada a establecer que si se ha producido una infracción, el infractor debe rectificar, «y eso supone que de alguna manera se juzga al denunciado sin que se le dé la oportunidad de defenderse», y que todo ello acaba en un registro «que no se sabe qué uso tendrá posteriormente».