Marzà se enfrenta a otra oleada de recursos por seis de sus medidas educativas

La sentencia del TSJCV que anula una disposición de la orden sobre la jornada continua, la que permitió aplicarla por la vía rápida en 307 centros valencianos en el curso 2016-2017, no será la última en relación a las políticas educativas impulsadas en esta legislatura, marcada sin duda por la judicialización. A día de hoy quedan una quincena de recursos pendientes de resolución contra al menos seis medidas de calado. Que enmienden las decisiones tomadas por Marzà y su equipo dependerá de cómo se hayan armado las demandas y de la deliberación de los tribunales, de la misma manera que el resultado del próximo 28 de abril establecerá quién debe afrontar, si las hay, las consecuencias de los fallos.

El conseller ya se ha visto en esta misma situación -quizá más acusada- con anterioridad, ante la oleada de impugnaciones contra recortes de conciertos en Bachillerato o contra las medidas sobre plurilingüismo, ya falladas en su contra. Lo mismo le ha pasado con la reducción extraordinaria de ratios en Infantil, con la exclusión de las prácticas sanitarias de las universidades privadas -con responsabilidad compartida con Sanidad-, con la negativa a pagar los sexenios al profesorado de Religión de la pública o en relación al sueldo correspondiente a los becarios de inglés, sin olvidar la negativa a dar información de las cajas fijas de las universidades públicas.

En cuanto a los recursos pendientes de fallo, el paquete que más tiempo lleva tramitándose es el relacionado con el tratamiento de los profesores de Religión y las horas de la materia. Las instrucciones aprobadas por Educación para organizar las plantillas fueron impugnadas mediante un conflicto colectivo presentado por el sindicato Aprecce, que denunció la forma de aplicación -sin negociación- y las consecuencias, pues implicó recortes horarios para muchos profesionales.

También llevó a los tribunales el decreto de organización de Primaria que abría la puerta, a decisión de los centros, a que se redujeran las horas lectivas al mínimo posible. Y lo mismo se hizo con el de Secundaria. En este caso se minoraron a una sesión en 1º y 2º de la ESO frente a las dos de años anteriores. También el sindicato USO y el Arzobispado han seguido la misma vía. Se considera que semejante tratamiento va en contra de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede.

Uno de los últimos recursos presentados es contra la orden que regula el bono infantil, la ayuda pública para las escuelas de entre cero y tres años. Para el sector privado, mayoritario, la asignación depende de la renta de la familia, mientras que este curso se decidió que en el caso de las guarderías municipales fuera completa para los niños de 2-3 años, alcanzando así la gratuidad. La «desigualdad de trato a un mismo colectivo» y el haber dejado fuera a una de las redes para prestar el servicio educativo son algunos de los argumentos que se defenderán. El recurso proviene de las patronales Feceval, Escuelas Católicas y Acade. Y el sindicato Fsie ha impulsado su propia demanda contra la orden.

Feceval también ha judicializado la normativa que sustenta la llegada de auxiliares de inglés nativos a los Ceips públicos porque desde la conselleria, que aporta gran parte de los fondos, se ha dejado fuera a la escuela concertada. Se rechaza el argumento de la administración de que es el ministerio el que fija las bases y estas lo impiden, pues sí se da esta dualidad en otras regiones. En los próximos días se presentará otro recurso contra esta misma medida enfocada a la Secundaria.

La citada patronal, junto a Escuelas Católicas y Fcapa, también ha impugnado la obligación de aplicar en los concertados el protocolo de atención al alumnado transexual creado por Educación para los centros públicos, con el argumento de que puede entrar en colisión con la libertad de fijar, en la citada red, un carácter propio, por ejemplo, para recurrir a otras medidas o procesos de integración del colectivo.

Por otro lado, son varios los centros que han llevado ante el TSJCV el recorte de conciertos para este curso -al menos seis, como informó recientemente LAS PROVINCIAS-. Y hay cerca de un centenar de aspirantes a las pasadas oposiciones de maestro que protagonizan un contencioso al considerar que hubo irregularidades en la organización que lesionaron sus derechos.