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Vicent Marzà, junto a su compañero de partido Fran Ferri, en una sesión de control en Les Corts. jesús signes
Educación | Marzà se enfrenta a otra oleada de recursos por seis de sus medidas educativas

Marzà se enfrenta a otra oleada de recursos por seis de sus medidas educativas

El TSJCV tramita demandas contra el bono infantil, los recortes de Religión, la reducción de aulas o la organización de las oposiciones

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 7 de marzo 2019, 20:18

La sentencia del TSJCV que anula una disposición de la orden sobre la jornada continua, la que permitió aplicarla por la vía rápida en 307 centros valencianos en el curso 2016-2017, no será la última en relación a las políticas educativas impulsadas en esta legislatura, marcada sin duda por la judicialización. A día de hoy quedan una quincena de recursos pendientes de resolución contra al menos seis medidas de calado. Que enmienden las decisiones tomadas por Marzà y su equipo dependerá de cómo se hayan armado las demandas y de la deliberación de los tribunales, de la misma manera que el resultado del próximo 28 de abril establecerá quién debe afrontar, si las hay, las consecuencias de los fallos.

El conseller ya se ha visto en esta misma situación -quizá más acusada- con anterioridad, ante la oleada de impugnaciones contra recortes de conciertos en Bachillerato o contra las medidas sobre plurilingüismo, ya falladas en su contra. Lo mismo le ha pasado con la reducción extraordinaria de ratios en Infantil, con la exclusión de las prácticas sanitarias de las universidades privadas -con responsabilidad compartida con Sanidad-, con la negativa a pagar los sexenios al profesorado de Religión de la pública o en relación al sueldo correspondiente a los becarios de inglés, sin olvidar la negativa a dar información de las cajas fijas de las universidades públicas.

En cuanto a los recursos pendientes de fallo, el paquete que más tiempo lleva tramitándose es el relacionado con el tratamiento de los profesores de Religión y las horas de la materia. Las instrucciones aprobadas por Educación para organizar las plantillas fueron impugnadas mediante un conflicto colectivo presentado por el sindicato Aprecce, que denunció la forma de aplicación -sin negociación- y las consecuencias, pues implicó recortes horarios para muchos profesionales.

También llevó a los tribunales el decreto de organización de Primaria que abría la puerta, a decisión de los centros, a que se redujeran las horas lectivas al mínimo posible. Y lo mismo se hizo con el de Secundaria. En este caso se minoraron a una sesión en 1º y 2º de la ESO frente a las dos de años anteriores. También el sindicato USO y el Arzobispado han seguido la misma vía. Se considera que semejante tratamiento va en contra de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede.

Otros frentes

  • Jornada continua. Más allá de la sentencia citada, hay otros tres recursos impulsados por la Plataforma por la Jornada Partida que cuestionan el proyecto aprobado en diferentes centros.

  • Ratios. El TSJ anuló la orden que las bajó a 23 alumnos en Infantil y Primaria en el 2017-2018. La norma que hace lo propio en el curso actual también está recurrida.

  • Becas. Han sido varias las sentencias que suscriben la exclusión del alumnado de las privadas, pero la UCV sigue presentando recursos ante todas las convocatorias.

  • Protocolo. El protocolo de atención sanitaria en centros públicos fue recurrido por el Stepv y Anpe.

  • Transporte escolar. Recurso por uno de los lotes de Alicante.

Uno de los últimos recursos presentados es contra la orden que regula el bono infantil, la ayuda pública para las escuelas de entre cero y tres años. Para el sector privado, mayoritario, la asignación depende de la renta de la familia, mientras que este curso se decidió que en el caso de las guarderías municipales fuera completa para los niños de 2-3 años, alcanzando así la gratuidad. La «desigualdad de trato a un mismo colectivo» y el haber dejado fuera a una de las redes para prestar el servicio educativo son algunos de los argumentos que se defenderán. El recurso proviene de las patronales Feceval, Escuelas Católicas y Acade. Y el sindicato Fsie ha impulsado su propia demanda contra la orden.

Feceval también ha judicializado la normativa que sustenta la llegada de auxiliares de inglés nativos a los Ceips públicos porque desde la conselleria, que aporta gran parte de los fondos, se ha dejado fuera a la escuela concertada. Se rechaza el argumento de la administración de que es el ministerio el que fija las bases y estas lo impiden, pues sí se da esta dualidad en otras regiones. En los próximos días se presentará otro recurso contra esta misma medida enfocada a la Secundaria.

La citada patronal, junto a Escuelas Católicas y Fcapa, también ha impugnado la obligación de aplicar en los concertados el protocolo de atención al alumnado transexual creado por Educación para los centros públicos, con el argumento de que puede entrar en colisión con la libertad de fijar, en la citada red, un carácter propio, por ejemplo, para recurrir a otras medidas o procesos de integración del colectivo.

Por otro lado, son varios los centros que han llevado ante el TSJCV el recorte de conciertos para este curso -al menos seis, como informó recientemente LAS PROVINCIAS-. Y hay cerca de un centenar de aspirantes a las pasadas oposiciones de maestro que protagonizan un contencioso al considerar que hubo irregularidades en la organización que lesionaron sus derechos.

Piden invalidar la negociación del reglamento de centros

La confederación de Ampas Covapa, una de las tres que tienen interlocución con la conselleria, ha solicitado formalmente a la secretaría autonómica de Educación que se declare inválida la última Mesa de Padres celebrada, en la que se negoció el borrador del decreto que recoge el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de los colegios públicos de Infantil y Primaria.

En un comunicado justificaron ayer su petición en que «de acuerdo con la normativa que regula el funcionamiento» de este órgano de participación el «quórum de dicha reunión no alcanzó el mínimo establecido». También se ha comunicado a la secretaría autonómica los hechos que provocaron que Covapa no estuviera presente en la Mesa de Padres, básicamente que se impidió el acceso del vehículo de uno de sus integrantes al recinto de la conselleria, algo que nunca antes había sucedido.

Además, tras comunicar oficialmente el incidente sin obtener respuesta y esperar cerca de 40 minutos en las inmediaciones, decidieron no participar en la mesa dado que esta ya había comenzado.

«Nuestra organización tiene un gran interés por participar en tan importante debate y presentar propuestas que favorezcan la labor que el movimiento asociativo de padres y madres desarrolla en los centros y la participación de las familias en los mismos», continuaba el comunicado facilitado ayer.

«Confiamos en que se reconduzca el perjuicio derivado de una situación que nunca debió producirse y finalmente nuestra organización autonómica pueda desempeñar la tarea representativa que le corresponde», concluía.

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