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La Conselleria de Educación ha presentado a los sindicatos docentes el borrador del proceso que servirá para elegir a los directores de centros públicos que accederán al cargo en el 2021-2022, cubriendo vacantes que se generen este curso por causas como una renuncia o una jubilación o porque se agota el mandato del titular actual. Lo llamativo es que se trata de la primera normativa valenciana que recoge lo dispuesto en la Lomloe, la llamada ley Celaá, aprobada a finales de 2020.
La principal consecuencia, según se desprende del documento de trabajo, es que ganan peso en la elección los representantes de los docentes (a través del claustro) y de las familias (mediante el consejo escolar) en detrimento de los de la administración. Justo lo contrario que se pretendió con la Lomce del PP.
Para seleccionar al máximo responsable de un centro público se constituye una comisión que se encarga de poner nota al proyecto de los candidatos. Su papel es fundamental incluso si sólo hay un aspirante, pues se exige una calificación mínima para superar el proceso.
Con la Lomce se estableció que los integrantes del órgano de selección en representación del centro en cuestión no podían superar la mitad de los miembros totales. Es decir, pesaba más el criterio de los elegidos por la administración autonómica. Y con la Lomloe se vuelve a la situación anterior: dos tercios procederán de la escuela y los restantes serán nombrados por la conselleria.
Desde el departamento que dirige Vicent Marzà explicaron que el borrador de la resolución, la que fija las pautas del proceso, puede ser susceptible de cambios tras la negociación con los sindicatos y antes de su publicación oficial, aunque no parece que se vaya a modificar la estructura del citado órgano.
En principio se plantea que el presidente sea un inspector (seleccionado desde la dirección territorial de Educación), y que la conselleria nombre a dos representantes más, uno de ellos un director en activo (de una escuela distinta). Los miembros restantes serán tres profesores (elegidos por el claustro) y otros tantos integrantes del consejo escolar que no pertenezcan al sector docente, lo que en la práctica supone pedir voluntarios entre los padres, aunque también cabe la opción de hacerlo con el personal de administración y servicios.
Hasta ahora, con la regulación de la Lomce, los pesos eran bien distintos: el presidente y cuatro vocales seleccionados por la administración frente a los cuatro restantes, provenientes del claustro y el consejo escolar.
Otros aspectos de aplicación inmediata de la Lomloe tienen que ver con la ampliación de las funciones del órgano de participación del centro, con la autonomía y con la admisión de alumnos. Respecto a los primeros desde Educación avanzan que la actualización de los Reglamentos Orgánicos de Funcionamiento, en vigor desde este curso, ya recoge los cambios previstos, y lo mismo pasa con el proceso de matriculación, donde los criterios de baremación -y su peso máximo- ya cumplen con la ley.
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