Marzà exige que la nueva ley impida otorgar fondos públicos a la educación diferenciada

Isabel Celaá completó ayer el último trámite preceptivo para que el Consejo de Ministros pueda aprobar en breve el proyecto de la nueva ley de educación. Antes, la ministra modificará el anteproyecto para incorporar parte de las enmiendas que le han presentado los gobiernos autonómicos y la comunidad educativa, representada en el Consejo Escolar del Estado, según se comprometió ayer con los consejeros del ramo, a los que reunió en la conferencia sectorial para exponer la reforma.

En este encuentro, el conseller Marzà planteó tres medidas a incluir: impedir la concertación con colegios de educación diferenciada -dijo que es un modelo «totalmente anacrónico»- y apostar por la gratuidad en dos años y por la FP.

La idea del Ejecutivo es remitir el proyecto de ley en febrero al Congreso para que tramite la que sería la octava regulación educativa de la democracia. De ser aprobada derogará la Lomce de Wert, solo apoyada en 2013 por el PP.

Todos los consejeros hicieron ayer una valoración positiva del borrador salvo los cinco del PP, que lo descalificaron y ratificaron que el 'no' de su partido es definitivo. También anunciaron que cuando el proyecto llegue al Congreso presentarán una enmienda a la totalidad con su propia ley alternativa.

El respaldo a la norma de las ocho autonomías gobernadas por el PSOE fue total y las cuatro vinculadas a formaciones nacionalistas, País Vasco, Navarra, Cataluña y Canarias, dejaron la puerta abierta a negociar su apoyo si se respetan sus propuestas. Si se tiene en cuenta el rechazo de Ciudadanos, la ley está condenada a conseguir el apoyo de al menos la misma mayoría coyuntural que permitió el desalojo de Rajoy. Unidos Podemos ya ha avisado de que, ahora, no dará sus votos. Le exige la Religión fuera del horario escolar, elevar la inversión al 5% del PIB y liquidar los conciertos en Bachillerato y FP.

Por otro lado, el Gobierno anunció ayer que negociará la norma que obliga a cotizar por las prácticas de todos los alumnos tras las críticas de centros y universidades.