Marzà también niega el amparo de la Constitución a la libertad de elección

El conseller de Educación, Vicent Marzà, suscribió este martes las palabras de la ministra Isabel Celaá en relación al derecho a la libertad de elección de centro durante su intervención en los desayunos de Fórum Europa Tribuna Mediterránea. Lo hizo en el turno de preguntas, tras una conferencia que le sirvió para desgranar las medidas impulsadas por el departamento y para compartir con los asistentes su visión de cómo debe ser la política.

También hubo espacio para reforzar su posicionamiento en relación a la enseñanza concertada. Nada nuevo en este sentido, aunque llamó la atención su alusión al recorte de conciertos en Bachillerato -germen de la mayor contestación social y judicial que ha sufrido el conseller-, y más teniendo en cuenta que en 2021 llega un nuevo proceso de renovación para todas las etapas, con la excepción de Primaria.

Respecto al amparo constitucional del derecho de las familias a elegir centro, dijo «compartir» lo expresado por la ministra el día 14 en el congreso de la principal patronal concertada. «De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza (recogida expresamente, junto con el derecho a la educación, en el artículo 27)», defendió Celaá, justificándose en que esa era la doctrina del Constitucional en base a una sentencia de 1981 y añadiendo que es algo que se desprende desarrollos legales posteriores.

«Me sorprende que haya sorpresa por las declaraciones, dijo lo que dice la Constitución», defendió el conseller. El argumento ha sido rebatido desde el sector, pues si bien no aparece una referencia estricta en la Carta Magna sí hay otras sentencias del tribunal, la última de 2018, que lo consideran una vertiente del derecho a la educación, o como el modo de optar por una enseñanza religiosa o moral acorde a las propias convicciones (27.3). Por no hablar de otros 26 fallos emitidos por el TSJCV -25 contra medidas del Botánico- que, si bien no es el encargado de interpretar la Carta Magna, sí dan por asumida su vinculación con el derecho objeto de debate.

La siguiente pregunta fue sobre cómo será su política en relación a la concertada en los próximos años. Empezó Marzà hablando de «dignificar» la labor de los que trabajan en el sector, continuó recordando medidas que han redundado en una mayor calidad como la bajada de las ratios o Xarxallibres, se refirió al abono de los trienios no pagados por el PP y acabó añadiendo que se trabajará como hasta ahora, «con orden, ordenando lo que no estaba ordenado, y decidiendo que no se puede pagar por un servicio público». En este punto quiso precisar que desde su llegada la red ha ganado 65 unidades (aulas) «y parece que haya sido una debacle». «Y se han concertado porque hacían falta, porque si no hubiera sido el caso, como en Bachillerato, no se concierta, tan sencillo como eso», añadió, antes de defender que se ha hecho una buena planificación y que ninguno de los alumnos afectados se quedó sin escolarizar. Otra cosa es que tuvieran que cambiar de centro o pagar por un Bachillerato privado.

La referencia a la supresión de los fondos públicos para 47 unidades de 1º y 2º a partir del 2017-2018 fue clara. Se trata de una medida más que judicializada, y 20 de los 21 colegios afectados disponen de una sentencia del TSJCV que deshace el recorte, alegando que ni estuvo suficientemente motivado ni se respetó lo que desliza la normativa estatal, si bien han sido recurridas por Educación ante el Supremo.

En cuanto a las 65 clases creadas, cabe recordar que buena parte del crecimiento se debió a los programas de cualificación básica (+88) -atendiendo a los datos que dio en abril Miguel Soler- que pese a ser fundamentales para reenganchar a alumnos tienen poco peso en cualquier red. Frente al aumento citado por Marzà, la pública ha ganado cerca de 2.000 unidades.

El conseller hizo una defensa férrea de la mejora de la financiación (necesaria para, algún día, hacer que todo el primer ciclo de Infantil sea gratuito), sintetizó su anterior mandato en la idea de favorecer que la educación sea ascensor social y anunció que Valencia acogerá un congreso contra el odio y la intolerancia. Ideas a las que por cierto recurrió para lamentar el peso que están ganando en el ámbito político. En este sentido defendió «la política con mayúsculas, que pasa a la acción y deja atrás la parálisis (en referencia a la situación nacional) dialogando con quien sea para avanzar».

L'Observatori del Valencià. Así se llama el proyecto amparado por la Fundació Nexe para tratar de desvelar la realidad de la lengua autonómica y su evolución a lo largo de los años. Una iniciativa que ha comenzado a reunir en una página web un sinfín de datos relacionados con el uso y el conocimiento que los residentes en la Comunitat tienen del valenciano. Entre este compendio de cifras, destaca el importante aumento experimentado en el presupuesto destinado a la promoción de la lengua autonómica y la gestión del multilingüismo. De hecho, el Consell del Botánico lo ha triplicado desde 2016. En concreto, entre 2001 y 2015, la Generalitat venía destinando entre 5 y 7 millones de euros a este concepto. Sin embargo, en 2016 ya se elevó a 13 millones, 14 en 2016, otros 15 en 2019 y casi 18 tanto para este año como para el próximo. En total, casi 80 millones de euros en los últimos cinco años. Con esta inversión, el Consell busca, entre otras cuestiones, revertir la tendencia actual de estancamiento del uso del valenciano. En la capital del Turia y su área metropolitana, de hecho, en una década ha caído su utilización, al menos en el ámbito doméstico, según recoge la web del citado observatorio. En concreto, el uso del valenciano en casa ha descendido del 20,6% de 2005 al 13% de 2015 en Valencia y alrededores.

Al respecto, Francesc Hernández, profesor de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València e impulsor de la iniciativa, valoró ayer que a nivel competencial (entender, hablar, leer y escribir la lengua) la tendencia «va a mejor porque la escuela está haciendo un buen trabajo, aunque no se ha conseguido todavía la plena competencia al acabar la ESO». Sin embargo, admitió que «el uso está estancado», e incluso en algunas regiones retrocede.

La web recoge un detallado trabajo sobre las competencias lingüísticas en función de las divisiones geográficas, la edad y el sexo, el nivel de estudios o la situación laboral. Incluso, realiza la distinción también entre clases sociales (disminuyen los conocimientos orales especialmente en las clases medias) y por escala ideológica.

Por su parte, Susanna Pardines, lingüista y representante de la citada fundación, destacó que el objetivo del proyecto es «conocer los puntos fuertes de nuestra lengua y preparar proyectos de futuro».