Marzà pide al Gobierno otra ley de conciertos tras los varapalos del Supremo

El conseller de Educación, Vicent Marzà, reclamó ayer la modificación de la norma estatal sobre conciertos, de manera que las autonomías sean competentes para regular los postobligatorios (los de Bachillerato y FP), reduciéndolos si hay oferta suficiente mediante otras escuelas de la zona. El planteamiento, defendido por el Consell cuando creó un decreto específico sobre la materia en 2017, ha chocado con el TSJCV y el Supremo, que consideran que estos conciertos, una vez firmados, deben regirse por las mismas reglas que los referidos a etapas obligatorias y que se desprenden de una norma del Gobierno de 1985.

En resumen, establece que debe existir la posibilidad de renovación si se cumplen los requisitos que motivaron su firma y si no se ha incurrido en causas que puedan llevar a su supresión. Algo que para los tribunales no se produjo en la Comunitat, donde se extinguieron, tuvieron que pedirse de nuevo y se desestimaron algunos por no cubrir necesidades de escolarización.

El conseller compareció por primera vez tras conocerse los dos primeros fallos del Supremo que confirman la ilegalidad del recorte aplicado en base al decreto valenciano. El punto de vista de Educación es que la Generalitat tiene las competencias en cuanto a la planificación de la oferta educativa, de ahí la regulación de 2017 que en la práctica sirvió para retirar los fondos públicos en líneas de Bachillerato de 21 centros y en varios ciclos de FP. Y si existe una norma estatal que impide ejercer esta competencia, piensa el departamento, lo suyo es modificarla. Marzà se pronunció en estos términos, tanto en relación a las sentencias referidas como a la que confirma que el decreto sobre usos institucionales del valenciano choca con la regulación nacional.

«Si lo que el Supremo interpreta es que hay normativa estatal que impide la comunicación en la lengua compartida aceptada por los territorios o que regulemos sobre conciertos, hace falta un cambio a nivel estatal», dijo. «No compartimos el criterio de que los conciertos sigan de forma ininterrumpida si hay oferta suficiente. No tenemos que estar duplicando plazas, es una cuestión de eficiencia», añadió.

Además, señaló que ya se está trabajando en este sentido a través de algunos grupos parlamentarios del Congreso. Incluso es una tema que se ha tratado directamente con el Ministerio de Educación. El primer paso está en la Lomloe, que elimina el concepto de demanda social a la hora de planificar la oferta de plazas. Y luego llegaría la posibilidad de actualizar el decreto de 1985.

En cualquier caso, Marzà asumió que la renovación de los conciertos postobligatorios que se debe iniciar en enero -cuatro años después del polémico proceso anterior- tendrá que hacerse en base a las reglas estatales, lo que dificultará su limitación. También señaló que se escucharán las peticiones de compensaciones económicas que lleguen. En este sentido, el secretario autonómico Miguel Soler defendió que los beneficiarios últimos deberían ser las familias que se hayan visto perjudicadas por pagar un Bachillerato privado.

Además, Marzà dijo que acatan los fallos -por ejemplo, se comunicarán en castellano y valenciano con otras regiones- aunque estudian la opción del Constitucional -por temas competenciales- o de la justicia europea.

Por otro lado, Marzà y Soler presentaron ayer las líneas de modernización de la FP valenciana, que incluyen nuevas becas para el alumnado. Una de las modalidades consiste en una ayuda de 3.000 euros para realizar las acciones formativas de ciclos de FP dual en el sector público o en universidades, otra cubre el transporte para cursar el módulo de formación en empresas alejadas del centro o en otras autonomías y la tercera asumirá gastos de desplazamiento, manutención y residencia para cursar ciclos lejos de casa, así como el transporte para aquellos alumnos que elijan centros de fuera de su localidad o zona de influencia.