La matrícula universitaria se congela para el alumnado nacional pero sube para extranjeros de fuera de la UE

La decisión es novedosa en el sistema valenciano pero no tanto a nivel estatal, pues ya hay comunidades como Madrid que aplican tasas superiores a estos colectivos de alumnos o que dejan la decisión en manos de las universidades y sus consejos sociales, como sucede en Andalucía o Cataluña, siempre que no se supere el 100% del precio fijado para los nacionales. En la Comunitat se ha optado por regular un mismo mecanismo para todos los centros públicos, y fuentes de la conselleria explican que se trata de un asunto que lleva meses sometido a debate, que se ha llegado a plantear desde los propios centros y que suele tratarse de un colectivo con elevado poder adquisitivo, al que en cualquier caso se le está subvencionando aproximadamente el 80% del coste real de sus estudios. Es decir, la parte que no pagan y que se cubre vía transferencias de la Generalitat.

La medida incluye algunas salvedades y una moratoria. A los que ya han iniciado sus estudios se les respetará el precio que han abonado hasta que los finalicen, por lo que el cambio se centrará en los de nuevo ingreso: de cara al curso que viene sus tasas se incrementarán un 50% en primera y sucesivas matrículas, mientras que para el ejercicio 2025-2026 ya serán un 100% superiores. El doble.

Exactamente afectará a extranjeros «que no tengan la condición de residente, excluidos los nacionales de estados miembros de la UE y a aquellos a los que sea de aplicación el régimen comunitario». El cambio tampoco se aplicará cuando se trate de másteres compartidos por varias universidades españolas o de aquellos que ya tienen un precio especial, que normalmente se imparten junto a centros internacionales y que ya están regulados en la normativa sobre tasas. Además, se recuerda que el permiso de estancia por estudios no equivale al de residencia, por lo que en estos casos también habrá que pagar más.

Para primeras matrículas, las que abonan los nuevos alumnos o cuando se pasa de curso, los costes son los mismos que el año pasado, y varían en función de la experimentalidad del estudio. Así, los del nivel más bajo (A), en el que se sitúan carreras como Derecho o ADE, un estudiante nacional o de la UE abonará 767,4 euros (a 12,79 el crédito); los del B, que incluye grados como Psicología o Matemáticas, costarán 841,8; los del C, en el que se encuadran Arquitectura y las ingenierías, se elevarán a 1040,4 euros; y los del grupo D, que se corresponde con Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería), tendrán un coste de 1.080. Para los colectivos de extranjeros citados los costes el curso que viene serán de 1.1151,1, 1.262,7, 1.560,6 y 1.620 respectivamente, y para el siguiente, cuando se duplicará la tasa, oscilarán entre los 1.534,8 euros del nivel A y los 2.160 del D.

La medida afectará también a las renovaciones de matrícula (cuando se suspende una materia en todas las convocatorias y hay que recuperarla) y a los estudios de máster, tengan 60 o 90 créditos. Para los habilitantes, necesarios para desempeñar determinadas profesiones (como profesor de Secundaria, abogado, arquitecto o para diferentes ingenierías), rigen los mismos niveles de experimentalidad, mientras que para el resto el precio inicial del crédito es de 35,34 euros (53,01 y 70,68 para extranjeros no residentes en los sucesivos cursos).

Otra novedad del decreto tiene que ver con los supuestos que permiten evitar el pago de las tasas sin necesidad de beca, pues se amplían para beneficiar a personas refugiadas y con derecho a asilo, a aquellas que hayan sufrido lesiones invalidantes en operaciones de paz y seguridad, así como a sus hijos en caso de fallecimiento, y para perceptores de la Renta Valenciana de Inclusión o del Ingreso Mínimo Vital. Será un sistema más directo, pues hasta ahora se incluían colectivos en riesgo de exclusión, aunque debía acreditarse por los servicios sociales correspondientes.

Por último, a partir del curso 2025-2026, los estudiantes tendrán, en el resguardo de la matrícula, un apartado orientativo sobre el coste real de sus estudios, en el que se indicará, más allá de lo que ellos aportan, cuál es la cuantía que sufraga la administración, que supone la mayor parte del total (aproximadamente el 80%).