Los rectores exigen a Mazón la financiación que les negó Puig

El curso universitario 2023-2024 arrancó el viernes con el acto de apertura celebrado en el paraninfo de la Universitat de València. La cita, que sirve de pistoletazo de salida para todo el sistema valenciano, estuvo marcada por la presencia del nuevo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que tomó nota de las peticiones que le trasladó la rectora Mavi Mestre, que como anfitriona del acto ejerció de portavoz accidental de sus homólogos de la red pública.

La reivindicación principal, que heredó el Botánico y vuelve a depender del PP, es cerrar el nuevo modelo financiación. Y así se lo trasladó la máxima responsable de la Universitat tras criticar el incumplimiento del anterior Consell de Ximo Puig. Tanto en el aumento de los fondos que se reciben como en la definición de los criterios de reparto entre las cinco instituciones públicas. Mazón recogió el guante, diciendo que empezarán a trabajar «desde ya» para sacar adelante el nuevo plan, si bien fio futuras mejoras a que el Gobierno aumente las aportaciones para el sistema español en arreglo a la nueva Ley de Universidades (LOSU), que plantea elevar la inversión en el sistema al 1% del PIB (sin aclarar quién paga la factura) respecto al 0,76% que se invierte ahora a nivel estatal.

Las universidades públicas funcionan básicamente a través de las transferencias que realiza la administración autonómica, pues son su principal vía de ingresos. Es cierto que se han incrementado en los últimos años, aunque continúan siendo insuficientes. Por ejemplo, los centros asumen en sus balances contables nuevas obligaciones derivadas de normativas externas (exenciones especiales de tasas, mejoras retributivas aprobadas por las administraciones, complementos del personal investigador), así como las actualizaciones que requiere la docencia (adecuación de laboratorios, informatización de procesos o mejoras de las prácticas), creando una bola que no llega a compensar la Generalitat. Para hacerse una idea sus fondos dan para el capítulo de personal, las nóminas. Para el resto de funciones universitarias hay que tirar de otros ingresos: fondos captados por vías distintas y las matrículas, por ejemplo.

Tras la entrada de la comisión oficial -hubo pleno de rectores y rectoras de las universidades valencianas, algo nada habitual- y la lectura de la memoria por parte de la secretaria general, María Elena Olmos, llegó la lección magistral a cargo de Josep Ballester-Roca, escritor y catedrático del departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Bajo el nombre 'Cómo Long Silver no aprendió a leer, la lectura no es útil ni inocente', captó la atención del público al defender la tesis lógica, contraintuitiva respecto el título, de la importancia de leer y sobre todo de fomentar la comprensión lectora entre los alumnos y la sociedad en general. Su intervención, cerrada con una sonora ovación, también cuestionó algunas decisiones conocidas en los últimos tiempos con claro poso censor: «Hemos de conseguir que desarrollen el espíritu crítico, y no hace falta decir que retirar caperucitas rojas, transformar al lenguaje políticamente correcto 'rondalles' de Enric Valor, censurar a Roald Dahl o las revistas Camaruc o Cavall Verd está en las antípodas de esto», dijo.

A continuación le tocó el turno a Mavi Mestre. La rectora llenó de datos objetivos la primera parte de su discurso. Recordó la creación de las nueve instituciones valencianas -muchas sobre la base de centros de la Universitat o adscritos-, puso en valor su rendimiento, refiriéndose al ranking de Shanghai, la tasa de idoneidad de alumnado -aquí los estudios se abandonan menos que a nivel nacional-, las elevadas citaciones del personal investigador en revistas de impacto y el papel que ha jugado el sistema en el aterrizaje en la Comunitat de grandes multinacionales.

Mestre preparaba el terreno para la parte clave de su exposición: pedirle a Mazón que saque adelante lo antes posible el nuevo plan de financiación, que, es necesario recordar, pasa tanto por pactar nuevos criterios de reparto como por incrementar la dotación. En cristiano, vino a decir que o se cierra este capítulo de una vez o todo lo descrito corre peligro. Y especialmente llamativas fueron sus palabras recordando el tiempo perdido con el Botánico: dos legislaturas de promesas y trabajo para acabar ahogándose en la orilla, pues la propuesta que hizo la anterior conselleria, centrada en nuevos criterios de distribución y no tanto en su aumento, no pudo pactarse antes de las elecciones.

«Presidente, conseller, en todas las aperturas de curso los rectores y rectoras, a lo largo de la historia, hemos reclamado más recursos», dijo la también catedrática de Psicología Básica, antes de recordar que «hace ocho años el anterior gobierno se comprometió a desplegar un nuevo modelo de financiación» y que «años de trabajo y gestiones, reuniones y discusiones y tareas intensificadas en los últimos meses» sólo sirvieron «para ver cómo este modelo no era aprobado, incumpliendo una promesa realizada en este mismo paraninfo por el anterior presidente de la Generalitat». De ahí que confiara «en que pronto el nuevo gobierno dé respuesta a esta necesidad esencial para mantener un sistema de referencia».

El cierre del acto le correspondió a Mazón, que dijo que abordará la cuestión «sin dilación», anunciando además que las transferencias de la Generalitat aprobadas para 2023 -1.031 millones, que incluyen muchos más conceptos que los fondos ordinarios, de algo más de 700- quedan blindadas para los próximos años, actualizándose conforme a las mejoras salariales que se apliquen a los empleados públicos. Es decir, se quedan en el nivel que dejó el Botánico en el presupuesto de 2023, que además fue el más alto de los últimos años, aunque insuficiente para colmar las aspiraciones de todas las universidades.

«Los poderes públicos debemos asegurar que la financiación universitaria tenga el nivel para cumplir los objetivos y resultados que la sociedad necesita. La valenciana lo prioriza y así seguirá siendo», defendió el presidente antes de exigir al Gobierno «la aportación proporcional que corresponda a la Comunitat» según establece la LOSU: llegar al 1% del PIB en inversión universitaria frente al 0,76% actual.

Mazón también pidió más rendición de cuentas al sistema -«carecemos de una evaluación de resultados que permita el diseño de políticas universitarias»-, dijo que durante su mandato se potenciarán las becas y cerró su intervención con una dura crítica a las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez: «Ningún conflicto puede servir de subterfugio para alterar la seguridad jurídica, el código penal o la igualdad entre españoles».

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