Mazón, forzado a hacer cambios en el Consell

La tragedia que ha dejado a su paso la DANA que el pasado 29 de octubre arrasó varias comarcas valencianas constituye el mayor drama humano y económico sufrido por la Comunitat Valenciana en su historia más reciente. Los fallecidos, más de 200, los desaparecidos, en una cifra insoportablemente elevada y los destrozos causados en viviendas, garajes y locales comerciales han arruinado la vida a miles de familias, con un coste personal y económico aún imposible de determinar.

Esa es la parte cuantificable. La otra, la sentimental, tiene que ver con los días posteriores a ese fatídico martes, con esa sensación de impotencia, con la rabia por la falta de recursos, con la angustia porque el grifo no daba agua y el interruptor de la luz casi mejor ni tocarlo, con el paso de los días y la desatención, la falta de humanidad de unos responsables públicos que desde ese mismo momento y hasta hoy se dedican a echarse las culpas unos a otro, buscando como mutualizar responsabilidades. Como si fuera posible que fueran de unos sí, y no de otros.

Una catástrofe así puede y debe tener consecuencias en clase política. Ha fallado casi todo, la información para establecer las alertas, los avisos, la atención a los que más ayuda necesitaba, la toma de decisiones… La gestión de esa crisis ha sido ruinosa y debe provocar destituciones.

Y en la primera línea de esas destituciones aparece, por méritos propios, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, achicharrada no sólo por la incapacidad para tomar decisiones el día que el agua anegaba pueblos y sorprendía a miles de conductores en las carreteras de la provincia de Valencia, sino también por un decepcionante silencio primero, en los días inmediatos a la tragedia, y por sus desconcertantes explicaciones respecto a lo ocurrido en el Cecopi, el órgano en el que los cuerpos de emergencias detallan su labor frente a la emergencia.

Pradas (Castellón, 1978), nombrada consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio en el verano de 2023, y reubicada en julio como titular de Justicia e Interior tras la decisión de Vox de romper su acuerdo de gobierno con el PP, ha protagonizado en los últimos días algunos de los más evidentes ejemplos de cómo no debe de conducirse un responsable público, máxime tras verse señalado por una tragedia como esta.

Como máxima responsable de emergencias, Pradas participó en el Cecopi del 29 de octubre, ese que se constituyó a las 17.00 horas para seguir la evolución de la DANA. A la consellera, encargada de dirigir esa reunión, se le atribuye no sólo una manifiesta incapacidad para hacerlo, sino además titubeos y dudas respecto a las decisiones a tomar que, con vidas de seres humanos en juego, ya le inhabilitan para seguir en su cargo. «Es que el chaleco del 112 no te convierte en experto», señala una fuente del partido.

La gestión, por llamarla de alguna manera, dejó paso al silencio primero, cuando no la invisibilidad, mientras Mazón capitalizaba la gestión desde emergencias. Ni Pradas, ni su secretario autonómico Emilio Argüeso, ni el director general de emergencias, Alberto Javier Martín, han quebrado en un solo momento esa posición contemplativa, fuera de toda actitud proactiva, incapaces ya no de liderar, sino de dirigir siquiera a un equipo de profesionales que no salían de su asombro ante tanta ineficacia.

La gestión política de la emergencia, por no hablar de la ausencia de ella, ya se haría merecedora de la toma de decisiones por parte del president de la Generalitat. Pero es que además, Pradas se ha ido metiendo ella sola en una espiral de declaraciones que no sólo retratan su falta de capacidad para comunicar. También harían evidente que ha faltado a la verdad en el relato de los hechos.

Afirmar sin ruborizarse, primero, que se había enterado el mismo martes a las 20.00 horas que existía un sistema de alertas Es-Alert que permitía enviar avisos a los teléfonos móviles de la población en caso de emergencia, retrata la falta de implicación en la gestión de su propio departamento. «Un técnico nos informa que existe un mecanismo que se llama Es-Alert», proclama ante los micrófonos de À Punt. La declaración dispara, en este caso sí, todas las alarmas. Tres meses y medio después de llegar al cargo, y lo que es peor, apenas unos días después de que se hiciera una prueba de ese mismo mecanismo, y la titular de la conselleria encargada de las competencias desconocía su existencia. Un patinazo así, en realidad, ya no lo corregía la posterior rectificación.

Y una más, por si fueran pocas. Trata de replicar a la delegada del Gobierno después de que algunas informaciones destaparan que Pilar Bernabé le había llamado hasta en tres ocasiones para ofrecerle la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Negarlo ante los medios de comunicación, y hacerse públicas unas imágenes en las que la propia Pradas admitía el ofrecimiento de Bernabé el mismo día que se había hecho, fue toda una. No se recuerda un caso de un responsable político más zarandeado por su gestión, su escaso tino con las declaraciones y por quedar en evidencia en un margen de horas tan pequeño.

La posición política de Pradas resulta insostenible a estas alturas. Mazón está obligado a adoptar decisiones con su consellera. Sobre todo, por la deficiente gestión de esta emergencia. Y además, por la nula capacidad para comunicar si quiera los acontecimientos tal y como se habían producido. No tomar decisiones puede que no salve a Mazón de seguir viéndose señalado como máximo responsable del Gobierno valenciano por todo lo sucedido. No actuar, además, haría más evidente si cabe una realidad incuestionable: la desafortunada decisión de haber elegido una cadena de mando en emergencias -la consellera, su secretario autonómico y el director general- manifiestamente ineficaces.

Mazón comparece el próximo jueves día 14 ante el pleno de Les Corts para explicar la gestión de la DANA. Las fuentes consultadas por este diario consideran improbable que a esa sesión plenaria el jefe del Consell acuda ya sin su consellera de Justicia e Interior. Otra cosa es lo que pueda pasar después, sea en días o semanas.

La salida de Pradas del Consell permitiría al Gobierno valenciano afrontar el nuevo escenario político desde una posición distinta. «La reconstrucción», en términos que se han utilizado en las últimas horas, requiere de un Ejecutivo autonómico distinto, que haga frente a una legislatura en la que lo principal, y casi lo único, va a ser poner todos los recursos necesarios para recuperar la 'normalidad' en las zonas afectadas.

En algunos círculos se especula con el alcance de las medidas que pueda adoptar Mazón para relanzar la labor de su Gobierno. La probable salida de Pradas obligaría, sobre el papel, a designar a un nuevo responsable de Justicia e Interior. Eso sí, el jefe del Consell tiene en sus manos la posibilidad de optar por un reajuste de competencias que, por otra parte estaría plenamente justificado a la vista de las nuevas prioridades de la administración autonómica. Mazón podría asumir en primera persona la gestión sobre el área de emergencias, de la misma manera que podría nombrar a un nuevo responsable para ese cargo que, en todo caso, debería de contar con un perfil de máxima solvencia y vinculación con el área de la protección civil.

Son escenarios que se manejan en el Palau de la Generalitat. Tanto la reasignación de competencias como la posibilidad de que los cambios que parecen inaplazables no afecten únicamente a la titular de Justicia e Interior. Es algo a estudiar, se admite, porque las decisiones a adoptar también tendrán sus propias interpretaciones. Sin ánimo de buscar culpables de lo ocurrido, es cierto que la responsabilidad en la gestión política de la DANA no es la misma para quién tiene encomendadas entre sus competencias las correspondientes a emergencias que las de quien no las tiene, por más que haya podido cometer un desliza grave o se haya demostrado como ineficaz en su puesto.

De lo que se trata, en todo caso, es de buscar la máxima eficacia. Mazón, decidido a tratar de darle la vuelta a esta situación, es consciente de la necesidad de tomar medidas. Aún a sabiendas de la necesidad de hacer entender que las responsabilidades de la vicepresidencia de Teresa Ribera, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y las de la presidencia del Gobierno por no declarar de inmediato el estado de emergencia nacional, son evidentes. La primera, por estar volcada en su examen para ser vicepresidenta de la Comisión Europea. El segundo, quizá por un injustificable cálculo político que le llevó a dejar en manos de un presidente autonómico la gestión de una crisis que, tal y como ha demostrado el tiempo, requería de unos recursos humanos y materiales muy superiores a los que podía aportar una administración regional.

A ese objetivo, a clarificar lo sucedido ese fatídico 29 de octubre, dedicará Mazón buena parte de su comparecencia del jueves en Les Corts. Después, probablemente, llegará el momento de tomar decisiones. La reconstrucción de las comarcas afectadas requiere también de una renovación en clave política.

• Temas
• Salomé Pradas
• Carlos Mazón
• DANA en Valencia