Los médicos denuncian en fiscalía la suspensión del transporte a domicilio

La supresión del transporte sanitario para los médicos y personal sanitario que atienden avisos domiciliarios ya está en los tribunales. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) ha presentado una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ante la decisión de la Conselleria de Sanidad de cambiar el actual sistema. Hasta ahora los facultativos se desplazaban en vehículos de la Generalitat y acompañados por un conductor; desde ahora, a pie, en taxi o en vehículos propios. Desde el 1 de agosto los centros de salud de la Comunitat no disponen de ambulancias para trasladar al personal sanitario a atender las urgencias domiciliarias. La conselleria ha dejado en manos de cada departamento de salud decidir de qué forma cubrirá este servicio. El nuevo sistema no ha gustado y ha generado un aluvión de críticas de profesionales, sindicatos y formaciones políticas.

La medida se ha tomado tras la entrada en vigor del nuevo contrato de transporte sanitario. Mientras se estudia una respuesta global, la Conselleria de Sanidad ha señalado que se atenderá a las necesidades de desplazamiento de los profesionales. Fuentes de este departamento explicaron que «de manera inmediata, se va a desarrollar un contrato de alquiler de vehículos o uso de taxis para facilitar los traslados». Para ello, se tiene previsto poner en marcha un proceso de contratación abierto y ajustado a la normativa vigente, según las necesidades de cada departamento.

Aún así las disfunciones se han producido durante estos días, según denuncian desde diversos sindicatos sanitarios. Y ayer el Sindicato Médico decidió poner el asunto en manos de la Fiscalía.

En la denuncia, el CESM señala que la implantación de las nuevas medidas «va en contra de los derechos que tienen reconocidos en la Ley General de Sanidad que obliga a la Conselleria a poner a disposición de los médicos, empleados públicos, los medios necesarios para el desempeño de sus funciones y promover la salud integral».

Para el sindicato se está infringiendo «claramente» la legislación de prevención de riesgos laborales, un hecho que está tipificado en el Código Penal como «delito contra el derecho de los trabajadores». La denuncia también indica que se podría estar cometiendo un delito de coacciones y otro de prevaricación, «pues se están adoptando resoluciones e intimando a los empleados públicos a utilizar medios privados propios».

El CESM considera que los responsables últimos «de las medidas y modos coactivos son los gerentes de los departamentos de salud» de la Comunitat Valenciana.

La denuncia presentada en Fiscalía señala que los médicos se sientes «desasistidos y a su vez coaccionados». Destacan que responsables de los departamentos de salud y hospitales están realizando afirmaciones como «tú serás responsable de lo que pase al paciente» o «es tu obligación acudir a la asistencia domiciliaria», unas manifestaciones que para el sindicato son «coactivas y amenazadoras».

Desde el CESM apuntan en el escrito presentado ante la Fiscalía que la decisión de la Conselleria de Sanidad supone «una modificación de las condiciones laborales que tenía reconocidas».

En esta línea, el texto de la denuncia recuerda que en ninguna oposición se ha exigido al médico tener carnet de conducir, disponer de vehículo propio ni poner este automóvil a disposición de la Generalitat Valenciana. También subraya que el transporte de un paciente conlleva unos riesgos adicionales y que debe contar con autorizaciones adecuadas y portar unos elementos sanitarios mínimos e imprescindibles.

Desde el sindicato profesional ponen como ejemplo lo que ha sucedido en el Departamento de Salud de Orihuela. En él, la gerencia ha procedido al alquiler de vehículos sin conductor trasladando la responsabilidad al personal sanitario sin concretar aspectos como quien paga las multas o qué sucede en caso de accidente. Destacan que tampoco se ha realizado ningún estudio de prevención de riesgos laborales.