Médicos en pie de guerra por la falta de conductores para la atención a domicilio

El 14 de septiembre de 2018, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, firmó un pacto con los sindicatos en el que se comprometía a «iniciar la tramitación correspondiente para que los puntos de atención continuada sean atendidos con vehículo y conductor», tal y como reza el documento suscrito para paliar los problemas que estaba ocasionando la finalización del contrato con las ambulancias que, hasta ese momento, prestaban el servicio. Un año después los turismos al fin empiezan a llegar a estos centros sanitarios, pero tendrán que ser los propios profesionales -enfermeros y médicos, principalmente- los que tengan que conducirlos, lo que ha puesto en pie de guerra al personal sanitario. Tanto que el Sindicato Médico CESM-CV ha denunciado el caso ante la Inspección de Trabajo -«por las irregularidades y el abuso de Sanidad»-, mientras que los servicios jurídicos de CSIF estudian emprender acciones legales contra esta medida.

Así, desde el Sindicato Médico recordaron ayer que, para aprobar la oposición pertinente o estar inscrito en la Bolsa de Trabajo, «tan sólo se requiere el título de la categoría profesional y no el carnet de conducir» y lamentaron que, de manera verbal, «cuasi-coactivamente, se intima a los médicos utilizar estos vehículos personalmente, y sin contar con su voluntad». «Ellos no tienen ninguna obligación de conducir ni el vehículo de la Administración, y mucho menos el propio, para el desarrollo de su trabajo. Es la Administración la que debe dotar de los medios materiales y humanos para la prestación del servicio sanitario al que tienen derecho los ciudadanos», según recoge la denuncia interpuesta.

Desde CESM-CV afirmaron que no se ha procedido a verificar o pedir información a los facultativos sobre si tienen carnet de conducir, si está habilitado para la conducción de vehículos sanitarios, si es su libre voluntad la de poner a disposición de la empresa un carnet de conducir sin contraprestación alguna, si quiere asumir los riesgos que dicha actividad contraen, quién es el responsable en caso de accidente, quién asumirá posibles sanciones de tráfico como se considerará un acto violento contra el personal en el caso de imposibilidad de localización del domicilio o quien será responsable de la falta de asistencia.

En conclusión, la formación entiende que las medidas adoptadas unilateralmente por la conselleria «agrava los problemas porque intenta convertir, de forma fraudulenta, en conductores a los profesionales, con los riesgos y consecuencias que ello supone».

En esta línea, desde CSIF agregaron que la medida «aumenta el estrés del personal sanitario e incrementa el riesgo para los pacientes». Este sindicato, de hecho, se negó a firmar el citado pacto, ya que «conlleva múltiples complicaciones». «Para empezar, implica que dispongan de carné de conducir, requisito que no se contempla para acceder a plazas de Medicina o Enfermería. Después, retrasará la llegada al lugar donde se ubica al paciente, ya que el personal sanitario no tiene por qué conocer los recorridos y, además, debe buscar aparcamiento. A la vez, incrementará el estrés por llegar lo antes posible, lo que supondrá una merma en la atención», precisaron. Ante ello, la central sindical reclama coches con conductores profesionales que permitan alcanzar antes el lugar de atención al paciente y dejar en él al personal de medicina y enfermería para desempeñar su labor. El sindicato, por otro lado, resaltó del malestar que genera entre el personal esta obligación transmitida por parte de conselleria, que también ha advertido que no sufragará el uso de transporte público como se venía haciendo en los últimos meses.