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El retraso en la tramitación de los expedientes administrativos «afecta significativamente a la creación del empleo y a la competitividad de la economía valenciana». Lo dice la Conselleria de Medio Ambiente. El departamento que dirige Elena Cebrián reconoce así en un informe su incapacidad para hacer frente al aluvión de proyectos que se presentan.
La consecuencia, según señala el mismo informe, ha sido la paralización de inversiones en la Comunitat por un valor «bastante» superior a los 640 millones.
La paralización de la puesta en marcha de estas iniciativas empresariales supone también frenar la creación de 750 nuevos puestos de trabajo. Y eso, según recoge el escrito interno de la Conselleria, fechado el pasado mes de febrero, «en tan solo 61 expedientes del total de los pendientes».
La Conselleria de Medio Ambiente se escuda en la falta de recursos humanos para explicar la lentitud en la tramitación de los expedientes. «La infradotación de personal en este servicio (IPC) lleva al colapso en la tramitación (...), que además de las consecuencias económicas hay que tener en cuenta las legales, sociales y ambientales que conlleva», recoge el escrito de la administración autonómica.
El informe está redactado por la dirección general de Cambio Climático y Calidad Ambiental con el objetivo de justificar la necesidad de dotar de más personal al departamento. Así, el escrito señala que el «factor determinante de esta pérdida de capacidad resolutoria» es la reducción del personal adscrito a la Dirección General durante la última legislatura de los populares al frente del Consell.
El actual equipo gestor de Medio Ambiente denuncia que el personal ha disminuido en un 50%. Resaltan que este es el factor fundamental que «ha llevado a este órgano a una situación de colapso (...) que se traduce en una situación de sistemático incumplimiento de obligaciones y requerimientos de tipo administrativo».
En cualquier caso, al final son los ciudadanos son los que sufren las consecuencias de esta situación de parálisis en que se encuentra la administración medioambiental . Son los que tienen que soportar retrasos de dos años para conseguir la autorización ambiental integrada, cuando el plazo máximo fijado por la ley es de 10 meses.
O deben esperar nueve meses para poder iniciar la actividad de su empresa, ya que, según el informe, es el tiempo que se tarda en conseguir la autorización de gestión de residuos imprescindible para el funcionamiento del nuevo negocio.
La propia Conselleria de Medio Ambiente reconoce, en esta misma línea, su incapacidad para verificar el cumplimiento del «condicionado y de los valores límites de emisión fijados de las actividades sometidas a autorización ambiental integrada (...) al no poder revisar técnicamente por personal cualificado las memorias de actividas de las más de 520 actuaciones con mayor potencial contaminador en nuestro territorio». Concreta el informe que hay tres inspectores para evaluar todas estas instalaciones.
La administración autonómica tampoco tiene ambages en reconocer que se ronda el incumplimiento «y en muchos casos se incumple» el plazo establecido para verificar los informes de emisión de gases de efecto invernadero de las instalaciones sometidas a la Directiva de comercio de derechos de emisión».
Otro de los aspectos que está descuidando la Conselleria de Medio Ambiente por la falta de personal, tal y como se recoge en el informe, es que «muchos expedientes sancionadores abiertos no se pueden resolver en tiempo y forma, produciendo su caducidad».
Por otro lado, se reseña «el incumplimiento sistemático de los programas de inspección medioambiental obligatorios sobre las emisiones industriales. «En el mejor de los casos se ha alcanzado el 27% de las visitas programas en 2014», resalta.
La conclusión del informe no puede ser otra: «Es imprescindible incrementar» la dotación presupuestaria del capítulo de personal con el objeto de que se aumenten los recursos humanos de esta dirección general.
El informe de la Conselleria de Medio Ambiente reconoce que el retraso en la resolución de los expedientes es uno de los factores que las grandes empresas extranjeras valoran a la hora de programar una actuación en uno u otro territorio. «La agilidad en la tramitación de autorizaciones ambientales integradas condiciona las decisiones de inversión de las grandes empresas», señala escuetamente el informe de la dirección general.
«La Ley 16/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, establece un plazo máximo para resolver de 9 meses», pero en los expedientes resueltos en el último año «se ha tardado un promedio de 4,5 años», seis veces más del tiempo establecido por la legislación.
El informe recoge que están pendientes de resolución industrias que supondrían la creación de 250 empleos. Es más, la inversión comprometida en una treintena del medio centenar de expedientes pendientes asciende a casi 493 millones con el impulso de al menos 500 puestos de trabajo directos además los indirectos.
Por otro lado, están pendientes una treintena de iniciativas que proponen una modificación sustancial de las instalaciones que ya tienen autorizadas. Tan sólo la inversión prevista en 14 de estos expedientes superan los 146 millones de euros con la inherente creación de al menos 240 puestos de trabajos directos más los indirectos. «Sin la finalización de estos expedientes no es posible ni siquiera empezar las obras», resalta.
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