Medio Ambiente da el primer paso para aprobar la ley de Costas valenciana en plena polémica por los deslindes

El marco en el que se desarrolla la redacción de esta ley es la política de deslindes, de plena competencia estatal, que ha emprendido la Dirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica. Sólo en la localidad de Dénia estas actuaciones afectan a más de 3.600 inmuebles. Pero, además, se extienden a otras muchas poblaciones del litoral valenciano como Tavernes de la Valldigna, Puçol o Bellreguard. En todos estos casos la Conselleria de Medio Ambiente ha presentado o va a presentar alegaciones en favor de los afectados.

La nueva ley valenciana pretende hacer frente a los problemas derivados de un litoral muy antropizado por lo que la Conselleria de Medio Ambiente considera que es de «interés general regular y gestionar desde la propia Comunitat Valenciana la ordenación de su litoral, para compatibilizar los usos, actividades y asentamientos humanos en la costa, en aras de garantizar su sostenibilidad en términos de compatibilidad con la protección del medio ambiente».

La nueva legislación, que llevará por título Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, pretende que la Generalitat asuma competencias que en estos momentos se encuentran en manos del Estado. Además, es la primera ocasión en la que el ejecutivo autonómico se plantea recuperar la jurisdicción sobre el litoral.

La aprobación de esta ley puede abrir un nuevo frente con el Gobierno que ya ha avanzado sus reticencias sobre la posibilidad de aprobar esta norma. De hecho, el Ejecutivo central ha recurrido la ley de costas gallega y se está a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

De todas formas, el Ministerio para la Transición Ecológica ya ha dado un aviso a navegantes. Después de asegurar que esperarán hasta ver el texto de la ley antes de plantear cualquier enmienda, han recordado que el Ejecutivo central ya ha llevado a los tribunales una norma similar en Galicia al considerar que invade competencias estatales en diversos ámbitos. Además, el departamento de Teresa Ribera considera que altera y quebranta el dominio público marítimo terrestre del Estado, reduce indebidamente el nivel de protección del litoral y atribuye a la Xunta de Galicia competencias no previstas en su propio Estatuto de Autonomía.

En el documento de consulta previa la Conselleria de Medio Ambiente considera que el proyecto normativo tiene como antecedente normativo más próximo el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral (el Pativel aprobado por el Botánico en 2018), «el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana y el Catálogo aprobados por Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell; y asimismo guarda relación material con el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje».

El Consell se ampara también en la doctrina del Tribunal Constitucional para asegurar que tiene competencias en la ordenación de la costa valenciana. Enumera varias sentencias en las que la alta magistratura establece que las comunidades costeras que son competentes para la ordenación del territorio, lo son también para la del litoral.

Por otro lado, el Consell considera que la actual ley de costas, que data de 1988 y que fue reformada en 2013, es insuficiente para hacer frente a las nuevas situacione.

Entre las competencias que el documento considera que la Comunitat podría asumir se encuentran «el urbanismo y la ordenación del territorio, la pesca en aguas interiores, la acuicultura, los puertos, el salvamento marítimo y los vertidos industriales contaminantes en aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral valenciano o la competencia para desarrollar la legislación básica y dictar normas adicionales de protección sobre medio ambiente».

El documento también señala que la normativa de costas tendría que ser «sensible a la realidad histórica y económica de nuestra tierra, que vive con y para el mar». En este sentido, añaden que en España hay diferentes climas en el litoral y también diversas configuraciones geomorfológicas de forma que la legislación debe adaptarse a estas circunstancias ya que dan lugar a «problemas tan distintos que necesariamente han de encontrar tratamientos diferentes».

Recuerdan, además, que el Parlamento Europeo y el Consejo consideran de «especial eficiencia» la escala regional «que de acuerdo con la distribución territorial prevista en la Constitución se corresponde con el ámbito autonómico».

Por otro lado, el texto alude a la necesidad de dar «relevancia a los municipios litorales; sin perjuicio de los aspectos que requieran un enfoque supramunicipal y de las diversas figuras de protección ambiental de los espacios naturales».