Medio año sin educadora para alumnos con necesidades especiales

«Nos hablan de inclusión pero no dan recursos». Son palabras de Daniela, madre de un niño de 1º de Infantil del colegio Sara Fernández de Valencia. A principios de curso el equipo docente consideró que necesitaba apoyos específicos para seguir el ritmo de la clase y facilitar su integración. Se puso en marcha el protocolo y el informe psicopedagógico recomendó la dotación de un educador o educadora para ayudarle.

El pequeño comparte clase con las sobrinas de Ana, que son mellizas. Ya entraron al colegio con su dictamen de escolarización y requieren del mismo apoyo, que seis meses después de empezar el curso sigue sin llegar. Cuando se le pregunta por la inclusión se muestra mordaz.

La situación tampoco cambió cuando a finales de año se incorporó otra alumna, en 2º de Primaria, con el mismo perfil. En total cuatro escolares que necesitan un refuerzo más personalizado y que carecen de él.

Según señalan las familias el centro les ha trasladado que se han hecho las gestiones pertinentes a través de la inspección, pero que siguen a la espera. Es un ejemplo más de las grietas del sistema de inclusión, pues se suma al goteo de casos que han trascendido desde el inicio del curso y que ha motivado una queja formal ante el Síndic de Greuges por parte de la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya.

"Los maestros se organizan como pueden. Mis sobrinas necesitan ayuda para cosas básicas, como la comida. Y hay más niños en el aula, no dan abasto", dice Ana, que además debe acudir al centro cuando alguna tiene un escape.

"Mi hijo no fue a escuela infantil, no tenía un diagnóstico previo", añade Daniela, que recuerda que el informe realizado deja claro que precisa de este recurso, además de horas de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. "Le cuesta vencer la timidez y relacionarse, y hay que recordarle y guiarle con las tareas a realizar. Me apena que no esté atendido como necesita", sentencia.

Los educadores o educadoras no dependen orgánicamente de la Conselleia de Educación -es un recurso compartido con Función Pública- pero la administración educativa es la que canaliza las necesidades que trasladan los centros para su dotación. Y su labor resulta fundamental al prestar una atención más personalizada, trabajando en la propia clase junto a los especialistas, si es el caso, y el tutor.

Emma es la madre de una niña de 1º de infantil. De la clase que tiene a los tres escolares con necesidades especiales. Se ha implicado para conseguir una solución. "No sólo estos alumnos están sin los recursos que necesitan, que es lo más grave, sino que el resto de las clases también se ven afectados porque los maestros de apoyo tienen que dedicar parte de su tiempo a suplir la carencia, y por tanto no pueden participar en la misma medida en otras aulas", explica.

A principios de curso las familias contactaron con el inspector de zona. Al cambiar este profesional reiteraron sus peticiones al sustituto, el actual, al que han llegado a enviar decenas de emails pidiéndole una cita para tratar el problema y reclamar una solución urgente. Participaron padres y madres del resto de clases. El jueves acudió al colegio, y como explican las familias, les ha trasladado que los trámites se han realizado y que la dotación depende de la administración.

LAS PROVINCIAS ha contactado con las consellerias de Educación y de Función Pública para preguntar por el retraso. Desde la primera explican que "está trabajando para dar una respuesta lo más rápida posible". Desde la segunda no han respondido.

Las familias afectadas cuentan con el apoyo del Ampa. "No es de recibo que no tengan la atención que necesitan, exigimos una solución inmediata. Sería inaceptable que acaben el curso así", lamenta una portavoz.

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