Casi medio millón de edificios de 50 años no han pasado la 'ITV' obligatoria en la Comunitat Valenciana

Someterse a un Informe de Evaluación de Edificios es obligatorio desde 2018 tanto para los inmuebles de viviendas verticales como para las casas unifamiliares, ambas de tipología residencial, con más de 50 años.

El Gobierno autonómico valenciano tiene registrados a día de hoy 466.841 inmuebles residenciales que superan las cinco décadas de existencia y de ellos han franqueado el Informe de Evaluación de Edificios (IEE) 30.070, de acuerdo con las cifras que maneja la vicepresidencia segunda del Consell y responsable de las áreas de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

Estas 30.070 casas apenas suponen un 6,4% del total, puesto que nada menos que 436.771 todavía se encuentran pendientes de someterse al citado test.

Esta ITV de las viviendas se impulsó para tratar de garantizar el correcto mantenimiento de los edificios, anticiparse en detectar problemas y poder solventarlos y, sobre todo, que el estado del inmueble no pueda perjudicar a terceras personas.

No se trata de pasar un examen, sino de determinar qué elementos estructurales, arquitectónicos o de belleza hay que retocar o rehabilitar para que sigan ejerciendo sus funciones con seguridad. O si no es necesario hacer nada.

Los profesionales, arquitectos o arquitectos técnicos, analizan la estructura del edificio, la fachada, la cubierta, el revestimiento y sus instalaciones, ha apuntado Antonio Ariza, arquitecto, propietario de Certivali, una empresa especializada en la redacción de informes como el de estado de edificios o certificados energéticos, entre otros asuntos.

El informe elaborado por los especialistas da parte al ayuntamiento en cuyo término esté radicado el inmueble si las deficiencias de éste suponen que, por ejemplo, se tenga que vallar su alrededor, o una zona determinada, ante el riesgo de desprendimiento de cornisas u otro tipo de elementos, o de desmoronamiento del edificio en su extremo más grave. «Si se trata de un riesgo grave se comunica de manera inmediata al Ayuntamiento», ha explicado Ariza. Lo habitual es que se tengan que acometer actuaciones de mantenimiento y esas no se comunican de manera urgente.

El Ayuntamiento de Valencia, a través de los bomberos, se vio obligado a acordonar este pasado domingo 16 de junio la acera de la esquina de la calle San Vicente con la plaza de San Agustín y la calle Xàtiva tras la caída de cascotes registrada en el edificio Alonso.

Se trata de una finca representativa del racionalismo arquitectónico valenciano, situada en el centro del cap i casal. Fue construida en 1935 por el arquitecto Luis Albert. Los desperfectos detectados en la fachada han motivado el acordonamiento de la zona y que a los peatones se les impida circular por esa esquina.

Los daños en esta finca se han detectado en el área del entresuelo, sobre el comercio situado en la planta baja. En esta zona se puede apreciar una considerable grieta y en ella se ve el hueco de los materiales desprendidos.

Precisamente el objetivo del IEE es detectar y prevenir antes de que se produzcan desperfectos en los edificios. Según el Instituto Valenciano de la Edificación, organismo dependiente del Consell, «el informe de evaluación del edificio de viviendas es un documento que describe las características constructivas de los elementos comunes de un edificio existente indicando su estado de conservación, sus condiciones de accesibilidad y eficiencia energética, señalando las deficiencias constructivas, funcionales, de seguridad o de habitabilidad detectadas, con el fin de advertir sobre ellas y orientar las acciones necesarias para mantener el adecuado estado de conservación».

El Instituto Valenciano de la Edificación considera este informe como «el instrumento más eficaz del que disponemos en la Comunitat para diagnosticar el estado del parque construido de viviendas, anticipar las actuaciones de urgencia, permitir acometer operaciones de mantenimiento y obras de rehabilitación e, incluso, propiciar su adaptación a las necesidades actuales de accesibilidad y eficiencia energética».

De ahí que el Instituto Valenciano de Edificación considera prioritario que sea obligatorio pasar esta prueba. Y es obligación de la administración autonómica que los edificios con más de 50 años, o aquellos que pidan una subvención pública para acometer mejoras o reparaciones, se sometan al IEE.

Pero lo cierto es que ha habido hasta ahora una actitud un tanto laxa tanto por las distintas administraciones públicas como por parte de los dueños de estas viviendas antiguas.

Los propietarios de los edificios de más de 50 años que no dispongan del citado informe de la salud del inmueble pueden ser denunciados con multas que oscilan entre los 600 a los 6.000 euros.

Pero hasta ahora no es lo habitual que ni el Gobierno autonómico ni los ayuntamientos carguen contra los propietarios cuyos pisos no se hayan sometido a la prueba o no hayan acometido las obras necesarias para garantizar la seguridad de terceros.

El hecho de que sólo un 6,4% de los edificios con más de medio siglo de existencia se hayan sometido al IEE es precisamente, en muchos casos, para no tener la obligación de acometer obras de mantenimiento que pueden resultar ser costosas, apuntan fuentes del sector de la construcción consultadas.

Los 466.841 inmuebles de más de medio siglo detectados en la Comunitat Valenciana se distribuyen en 227.507 en la provincia de Valencia, 150.576 en la de Alicante y 88.758 en la provincia de Castellón.

Por lo que se refiere a los 30.070 pisos o viviendas unifamiliares que sí se han sometido al Informe de Evaluación de Edificios, 16.563 se sitúan en la provincia de Valencia, 8.232 en la de Alicante y 5.275 en la de Castellón.

El IEE que elabore el técnico independiente al que le encarguen los propietarios del inmueble el trabajo, tiene 10 años de validez. Son, además, los ayuntamientos los que deben de advertir al propietario o dueños del inmueble residencial que está en la obligación de someter a la finca al estudio. Y teóricamente si en un plazo de dos meses no se ha puesto en marcha el informe son los propios entes municipales los que pueden impulsarlo a cargo del bolsillo de los dueños de estas propiedades.

¿Por qué tan pocos edificios han pasado esta peculiar ITV? El arquitecto Antonio Ariza opina que, por un lado, la legislación sobre el IEE es poco conocida, aunque sea de obligatorio cumplimiento y, por otro, en que «hay pocos profesionales que se dediquen a elaborar estos informes», con lo que no pueden dar salida a tant

¿Cuánto cuesta a los propietarios encargar y recibir el IEE? Los expertos indican que son las características del inmueble las que marcan el precio, porque éste no está tasado por la Administración, sino que hay unos baremos y conforme a ellos se establece el cobro, siempre dentro de una libertad de mercado.

A título orientativo, de acuerdo con los datos que manejan los profesionales autorizados a elaborar este informe, arquitectos y arquitectos técnicos, «realizar el IEE a una vivienda unifamiliar puede suponer un coste de entre 600 y 700 euros», ha apuntado Antonio Ariza.

Conforme aumenta el tamaño del inmueble, el trabajo es más caro pero le sale más barato al propietario del piso. «El informe para una finca normal de 10 puertas puede costar entre 900 y 1.000 euros», ha añadido Ariza. Esto supone que a cada propietario la cuenta le saldría entre 90 y 120 euros por piso.