Las mejoras para la enseñanza concertada tendrán que esperar al curso que viene en la Comunitat

Otra demanda que se ha trasladado en los últimos meses, tanto en público como en privado, pasa por ampliar la vigencia de los conciertos, que ahora duran cuatro o seis años, en función de la etapa educativa. Y aunque el guante ha sido recogido, con el anuncio a principios de semana de que se prepara un nuevo decreto, la medida tendrá que esperar, como el resto de peticiones, hasta el curso que viene. Como pronto.

Los presupuestos de la Generalitat para este año incluyen 1,5 millones de euros para subvencionar parte de los auxiliares de conversación en inglés que contraten los colegios concertados, lo que permitirá acabar con la discriminación que sufren desde que en el curso 2016-2017 se quedaron fuera del programa estatal que cubre a la red pública (en Primaria, a todos los centros).

La medida se anunció el pasado octubre y se concretó un mes más tarde, cuando el conseller Rovira compareció en Les Corts para detallar las cuentas de su departamento. Pero nada más se sabe, según explican a LAS PROVINCIAS fuentes del sector. Queda pendiente que se desarrolle una orden de bases -los requisitos a reunir, las condiciones de participación y los criterios de distribución- y sacar la correspondiente convocatoria para que se pueda solicitar la ayuda. Y la lógica indica que todo este trabajo debe estar resuelto antes de octubre, que es cuando este personal complementario se incorpora en el caso de los centros públicos. Cuando se anunció la medida ya se preveía su aplicación para el siguiente ejercicio, pero la falta de información sobre los pasos pendientes genera dudas. Y cabe recordar que, además del compromiso, desde 2022 hay una sentencia del TSJCV que deja claro que no pueden existir diferencias de trato en la dotación de estos recursos.

La actualización del módulo denominado Otros Gastos ha sido una reivindicación constante de los últimos años. Se trata de la parte del concierto que reciben los centros para pagar sus costes de funcionamiento y mantenimiento (agua, luz, gas, material fungible o alquiler), las obligaciones derivadas de normativas externas (auditorías energéticas, planes de igualdad o de salud laboral o mejoras técnicas) y el salario del Personal de Administración y Servicios (PAS). Y lleva congelada desde 2009. A diferencia de lo que ha sucedido con cualquier suministro o servicio.

En su día los nuevos gestores se comprometieron a revisar el módulo, asumiendo que era insuficiente y llegando a plantear un plan de legislatura basado en un estudio de necesidades y en un aumento progresivo. Ha pasado el primer año de mandato y no ha habido novedades -es cierto que ha sido de transición, pero también lo es que se pidió un gesto ya para los presupuestos de 2024-, por lo que se hace necesario que se aborde sin demora de cara a 2025. Los centros cuentan con ello.

Sí es verdad que se ha incrementado la asignación para las aulas de 2-3 años -20 euros más por alumno-, aunque se trata de conceptos distintos, pues la mejora se enmarca en la extensión de la gratuidad en el primer ciclo de Infantil y servirá para cubrir los gastos de estas unidades, que son minoritarias, y no para los asociados al resto de etapas (de Primaria a Bachillerato o FP, si es el caso).

El Botánico dejó cerrado el incremento de las plantillas de colegios e institutos públicos, aunque los acuerdos han sido anulados tras los reparos de la Abogacía, y trasladó a los representantes de la red que el siguiente paso sería sentarse a hablar sobre la concertada, que lleva casi dos décadas sin cambios de calado. Pero no llegó a darlo, quedando la decisión en manos de los nuevos gestores.

Se trata de una mejora crucial para los centros de Formación Profesional y de Educación Especial. En cuanto a los primeros, cabe recordar que las horas que se incluyen en el pago delegado, es decir, en la nómina que perciben los docentes, son las lectivas, quedando fuera otras tareas como las directivas, las de jefatura de departamento o las que asumen los tutores de las prácticas.

En cuanto a Especial, es preciso mejorar la asignación de profesionales especializados en la atención de alumnos con graves discapacidades, como son los educadores, enfermeros y fisioterapeutas.

La Generalitat acaba de sacar a consulta pública, para que la ciudadanía plantee sugerencias, un nuevo decreto sobre la regulación de los conciertos. Se trata de una primera fase, previa a la redacción del articulado, aunque la resolución da pistas de por dónde van los tiros.

Por un lado, se quiere dotar a los centros del personal necesario para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizado en aulas ordinarias. Y por el otro, se apuesta por extender la vigencia de los conciertos, o al menos equipararla entre las diferentes etapas, pues ahora se mantienen seis años en Primaria y durante cuatro en el resto. Implicaría dar estabilidad a los centros, por ejemplo, en la seguridad de disponer de fondos públicos durante un horizonte temporal mayor a la hora de embarcarse en nuevos proyectos o mejoras de las instalaciones, y también a las familias, que tendrían la garantía de que sus hijos permanecerían en la escuela elegida, con las mismas condiciones, durante más años. También facilitaría su tramitación a los centros que tienen concertadas diferentes etapas, que son mayoría.

En el caso de Madrid, se prolongan durante diez años, que es lo que dura toda la educación obligatoria. El anuncio de consulta pública plantea que la norma esté lista antes de enero de 2025, cuando llegará la próxima renovación general.