Mil denuncias al año por negligencias médicas en los hospitales valencianos

En concreto son 992 denuncias en la región, con 546 en Valencia, 398 en Alicante y 48 en Castellón. Después de La Fe, los que más demandas acumulan son el hospital General de Alicante, el Doctor Peset, el Francesc de Borja de Gandia y el General de Valencia, por ese orden. Y los servicios con más casos de negligencias son Cirugía general, Urgencias, la gestión de las listas de espera, Traumatología y Ginecología.

Además, los retrasos en los diagnósticos de cáncer son otros de los motivos que provocan más denuncias por negligencias. «Observamos un aumento muy considerable en los casos de retraso de diagnóstico de cáncer con resultado nefasto para la probabilidad de supervivencia de los pacientes, y casos de diferentes especialidades (traumatología, digestivo...) donde se están agravando las patologías sufridas por el paciente debido al retraso en la realización de pruebas diagnósticas», explica Ica Aznar, abogada de Bruna Abogados.

Uno de esos denunciantes es Juan Villanueva, vecino de Carlet, que sufrió dos infartos y fue tratado en el hospital La Ribera de Alzira. Así lo cuenta Juani, su mujer: «Mi marido era camionero y antes de un viaje empezó a quejarse mucho. Fuimos al hospital y nos dijeron que era un infarto. Le pusieron dos stends y al darle el alta le recetaron unas pastillas imprescindibles pero nos recalcaron que necesitaban la aprobación del inspector médico», cuenta. «Pasaron los días y no lo aprobaba, hasta que le dio otro infarto, mucho más severo», añade.

«Me preguntaron los médicos y les dije lo que había pasado, que el inspector no había firmado. Me dijeron que denunciara porque era una negligencia. Tras ese segundo infarto ha perdido mucha calidad de vida y su corazón sólo funciona al 35%», lamenta Juani, que cursó esa demanda y han recibido una indemnización económica de la Conselleria de Sanidad por los daños ocasionados a su marido.

Este millar de denuncias sitúan a la Comunitat en cuarto lugar del ranking de las regiones españolas, y de los 992 casos, 52 han sido con consecuencia de fallecimiento. Con respecto a 2023 los asuntos han ascendido en un total de 146, lo que supone una subida del 14,7%. No obstante, la media de los casos que este bufete de abogados ha recibido en la última década es de 1.118 casos al año, por lo que en los dos últimos años se ha rebajado ese promedio habitual.

Ahora Juan tiene 66 años, pero desde hace tres no pudo volver a trabajar por la incapacidad que le ha provocado ese infarto. «No lo tenemos por escrito pero me explicaron los médicos que en el primer infarto él no tenía dañado el corazón, el daño irreversible fue luego, al no poder tomar esas pastillas por no haberle aprobado eso. Me recalcaron que eran imprescindibles cada día y eso le causó daño», dice la mujer. «Con el primer infarto podría haber hecho muchas más cosas de las que puede hacer ahora. Se cansa mucho, casi no sale de casa, lleva oxígeno en casa que le ha puesto el neumólogo, esto ha influido mucho en su vida personal», indica Juani.

Por su parte, el Defensor del Paciente apunta que las listas de espera continúan siendo «un quebradero de cabeza» para los valencianos, sobre todo las quirúrgicas, pero también las de visitas al especialista, porque el retraso puede provocar que se agrave una lesión. Las patologías en las que los tiempos hacen mella son en prótesis de rodilla, cataratas y cadera. Pero la Asociación lamenta que les hayan llegado quejas de pacientes «de esperas inasumibles, de más de dos años para una primera visita al traumatólogo en Castellón y Vinaroz».

La causa de tanta demora para una operación o una visita se encuentra en el problema endémico del déficit de médicos y profesionales de enfermería que hay, tanto en la Comunitat como en otras regiones. «El diagnóstico de la sanidad valenciana es que demanda atención urgente», establece el Defensor del Paciente sobre este aspecto.

También la sanidad privada, y en concreto la cirugía plástica, cuentan con un número considerable de reclamaciones en la Comunitat, pero que al tratarse de un sector privado, en el que hay que interponer una demanda civil, con el riesgo a ser condenado al pago de las costas en caso de perder, hace que muchas víctimas de negligencia sean disuadidas de reclamar por los altos costes que puede suponer una demanda.