Un millar de juicios suspendidos por el cierre de la Ciudad de la Justicia

Las consecuencias del cierre del mayor edificio judicial de la Comunitat Valenciana durante toda una semana se pueden medir con cifras de cuatro dígitos. Los cálculos elaborados por LAS PROVINCIAS, tras consultar con jueces y fiscales, permiten apuntar una cifra cercana a las 1.000 vistas suspendidas tras el incendio del pasado domingo. Y sólo por esta semana. Fuera de la estimación quedarían los señalamientos del próximo lunes. A eso hay que añadir la cancelación de declaraciones de investigados o testigos en numerosos órganos judiciales, algo que resulta imposible cuantificar ni siquiera de manera aproximada. Las instalaciones reciben cada día entre 8.000 y 10.000 usuarios. Unas 40.000 personas, entre profesionales y usuarios, se pueden haber visto perjudicadas por este incidente.

Así, de los datos facilitados por los agentes judiciales que celebran en estos órganos se obtiene la anterior cifra. Por ejemplo, en Primera Instancia y sin contar los juzgados de Familia, se pueden celebrar una semana 'normal' unas 200 vistas. Hay que tener en cuenta que cada órgano celebra unas dos veces por semana -alguno incluso tres- y señalarían unos 10 procedimientos al día...Existen más de una veintena de juzgados. En Instrucción, donde se tratan los delitos leves, se pueden celebrar cada semana otros 200 juicios teniendo en cuenta que cada órgano solventa unos diez expedientes por semana.

Los órganos de lo Penal son otros de los grandes perjudicados por la paralización de la actividad judicial. Suelen señalar entre siete y diez juicios al día -siempre que no haya un asunto de especial complejidad- y lo habitual es que cada semana reserven dos o tres jornadas para esta tarea. Una media rondaría los 25 por juez, según las mismas fuentes judiciales.

A todo lo anterior hay que sumar los de Social, la jurisdicción en la que posiblemente se producen más vistas. La sede alberga 17 juzgados que suelen celebrar una media de dos días a la semana con una agenda de entre diez y 15 juicios. Así, en cualquier semana normal -septiembre resulta algo especial tras el regreso de las vacaciones- se pueden registrar unos 300 procesos de este tipo.

En la Audiencia resulta más sencillo el cálculo de los posibles procedimientos suspendidos. Las secciones de esta semana celebraban una veintena de juicios. Hay que tener en cuenta que se trata de vistas de mayor complejidad. El incidente también afecta a Menores. Esta sección de la Fiscalía celebra aproximadamente un centenar de exploraciones -toma de declaración a los menores y víctimas de un delito- que también se han visto aplazadas tras el grave incidente.

La situación que se vivió ayer fue desconcertante. Horas después de que la Conselleria anunciara que el edificio se abría de nuevo y que no existía ningún riesgo para la salud, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidía que se cerraran los juzgados después de que más de una treintena de funcionarios acudieran al servicio médico por problemas de respiración y conjuntivitis. El personal más afectado fue el de la zona contigua al ala que todavía sigue cerrada tras el fuego del fin de semana. Algunos trabajadores ya sufrían afectaciones pulmonares, asma o alergias y su salud «se ha visto agravada» en el interior del edificio, según informó la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

La mayoría de las víctimas se encontraban trabajando en los juzgados adyacentes a la zona afectada por el incendio, en concreto, los de lo Social. «Esa parte de la sede seguía teniendo restos de hollín y parece que las condiciones de limpieza no estaban aptas para seguir trabajando», ha manifestado.

Sin embargo, el aire acondicionado extendió el problema prácticamente por todo el edificio. Hasta tal punto que personal de la Fiscalía, justo en el lado opuesto del área siniestrada, se vieron perjudicados. Buena parte de los afectados sufría picores en la garganta. Algunas fuentes judiciales sostenían que fue un error permitir que se activara el sistema de climatización. Al parecer, el mecanismo se desconectó tras la evacuación. No obstante, otras fuentes recordaban que sin el aire acondicionado es imposible trabajar en el edificio.

Fue entonces cuando para evitar riesgos mayores, la Sala de Gobierno del TSJ, que se había reunido para estudiar qué hacía con los otros 20 juzgados que siguen cerrados por el incendio, decidió suspender toda la actividad hasta el próximo lunes incluido. La consellera de Justicia, Gabriel Bravo, recibía un mensaje en el móvil donde le comunicaban la decisión. Buena parte del debate de política general de la Comunitat, Bravo estuvo pendiente del teléfono, atenta a las informaciones que llegaban desde la Ciudad de la Justicia.

La Conselleria de Justicia acordó ayer enviar de nuevo a técnicos y a la empresa de limpieza a la Ciudad de la Justicia de Valencia. Los dos informes que disponía la Generalitat, uno de ellos del Invasat y otro de una empresa externa, avalaban la apertura. Bravo ofreció una rueda de prensa a última hora del día para informar del contenido del último estudio, que asegura que en la Ciudad de la Justicia se puede trabajar siempre y cuando no sea en la zona afectada por el incendio. «En el resto del edificio las condiciones de los lugares de trabajo no se han visto afectadas por el incendio por lo que no se aprecia inconveniente alguno para que se continúe con la actividad laboral en dichos espacios», señala el documento. Además, los especialistas recomiendan medidas extras de limpieza como sellar la ventilación de la zona afectada y limpiar con aspiración. Una empresa especializada en esta labora ya ha sido contactada.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, pidió perdón e indicó en referencia a los funcionarios afectados por las molestias provocadas por el resto del incendio, que quienes sufran patologías respiratorias «podrán quedar exentos de acudir al centro de trabajo». Bravo también ha asegurado que no ha informado al TSJ. «No queremos que ningún funcionario trabaje en condiciones insalubres. Mañana (por hoy) volverán a medir el aire», continuó explicando Bravo, que ha ofrecido a los sindicatos judiciales la opción de pedir más inspecciones: «Se les ha dado la opción de que sean ellos quienes elijan las empresas que los realicen». La responsable autonómica ha pedido comparecer en Les Corts para explicar su actuación.