300 millones de ahorro para los conductores al liberalizarse la AP-7

Trescientos millones de ahorro para los usuarios: 230 en el caso de la Comunitat y otros 70 en Cataluña. Es el cifra que ayer dio el Ministerio de Fomento para cuantificar el ahorro que supondrá para los ciudadanos el fin de peaje en la AP-7 entre Alicante y Tarragona a partir del 1 de enero de 2020.

Así lo avanzó el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, durante una entrevista en la 'Cadena Ser', donde explicó que esa cantidad «es el equivalente a si rebajáramos un 5,3% el IVA que se recauda, y una disminución del 4,3% del IRPF que se recauda en la Comunidad». A su juicio, «estamos hablando de una cantidad muy importante» la que supondrá la liberalización.

Sobre las conexiones de los municipios con esta carretera, que todavía están pendientes, Ábalos señaló que existe una comisión con la Generalitat para abordarlo (sólo ha habido una reunión) y que estarán condicionados a los estudios de tráficos, licitados y pendientes también de adjudicación.

También hablaron ayer de costes desde la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET). Su secretario general, Carlos García, explicó que la liberalización supondrá un mayor uso de la autopista por parte de los transportistas que cubren rutas de proximidad entre Valencia, Alicante y Castellón y que hasta ahora evitaban utilizar esta vía para ahorrarse el peaje.

A su juicio, para los entornos más próximos los camiones recurrirán a partir de enero a la AP-7 ante la posibilidad de utilizar una vía «mejor, de alta capacidad y más rápida», que además descongestionará otras carreteras como la N-340. El ahorro de costes por no pagar el peaje se estima entre 2.000 y 2.500 euros por vehículo y mes, de un 4 a un 5 % de los costes totales para los empresarios del transporte.

Por otro lado, el Ministerio de Fomento comunicó ayer que ha encargado a las empresas FCC, Sacyr y API, a través de «contratos de emergencia», que se encarguen del mantenimiento de los dos tramos de la autopista AP-7 y de la AP-4 a partir del 1 de enero, fecha en que las vías concluyen su contrato de concesión.

Como publicó LAS PROVINCIAS, Fomento recurrió a encomiendas «de emergencia» ante el recurso de la concesionaria y de dos sindicatos a los contratos de conservación licitados el pasado noviembre por divergencias en la subrogación de los trabajadores. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales aceptó el recurso y suspendió de forma cautelar el procedimiento administrativo.

Según Fomento, se ha encargado a Sacyr el mantenimiento del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Valencia, y a Matisa, filial de FCC, el correspondiente al trazado de esta autopista entre Valencia y Alicante. Mientras, API Movilidad asumirá los trabajos de conservación de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, que también quedará libre de peaje.

Estos contratos de emergencia, que estarán en vigor para el día 1, supondrán un desembolso de unos 21 millones, según el titular de Fomento, que remarcó que eso será «sin cargo a los usuarios».