La ministra que autorizó Castor propone ahora el cierre por «innecesario»

Han pasado diez años y donde dije digo, digo Diego. La actual titular del Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ultima la orden para el cierre y desmantelamiento de la plataforma Castor frente a las costas de Vinaròs. Además, según recoge un documento publicado por 'El País', lo hace al considerar que se trata de un proyecto «innecesario».

En 2009, la actual ministra era entonces secretaria de Estado del Ministerio de Medio Ambiente en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Como tal firmó en octubre de ese año la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que dio luz verde a Castor, el polémico almacén de gas instalado frente a la costa de Castellón.

Ribera se ha escudado en alguna ocasión en los informes técnicos para justificar su apoyo a la construcción del almacén de gas. Para la ministra, hubiera sido «frívolo» haber «sustituido el criterio de todos los organismos técnicos y administrativos» que no pusieron objeción a la DIA. Explicó que fue «elevada» para su firma después de un «complejo» trámite en el que participaron de «más de 20 organismos» administrativos y técnicos y apuntó que nadie la recurrió, a pesar de que lo «habitual» es que se recurran «de manera sistemática».

Según señaló ayer el Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno tiene la intención de clausurar definitivamente el almacén. Todavía no se ha terminado el proyecto, pero el objetivo es desmantelar tanto la plataforma como las instalaciones que se encuentran en tierra.

El estudio señala que la Secretaría de Estado de Energía considera que el proyecto se desviaba de la situación real en sus estimaciones de la demanda de energía y calculó el doble de la demanda que finalmente se produjo.

Actualmente, y según el documento, la demanda se sitúa es la mitad de lo previsto y no se espera que se produzca un incremento inmediato. «Dado el carácter innecesario» de la plataforma, la instalación «no proporcionaría beneficio alguno al sistema gasista», cita el expediente. Como consecuencia, en cambio, se están derivando gastos del mantenimiento que alcanza los nueve millones anuales.

El documento también señala que los pozos fueron sellados de forma temporal. En abril de 2016 se les impuso un sellado provisional que tiene una vida útil de entre dos y cuatro años por lo que las actuaciones no pueden demorarse.

Esta misma semana Compromís ha desvelado que el Ejecutivo dispone desde el año pasado un plan para el desmantelamiento que alcanza los 260 millones de euros en un plazo de cinco años. El proyecto incluye desmantelar la plataforma marina, el sellado de los pozos y el desmantelamiento de las infraestructuras construidas en tierra firme. Para la formación naranja, «PP y PSOE han jugado a evadir responsabilidades y ahora toca desmantelar de una vez, sin escatimar más en un territorio».

La instalación se paralizo en 2014 después de que se produjeran numerosos microseísmos en la zona. Informes posteriores vincularon estos fenómenos con el inicio de los trabajos de la plataforma y advirtieron de que podría producirse otros de mayor intensidad. De hecho, el juzgado ha encausado a dos directivos por estos hechos.