La mitad de denuncias por incumplir medidas del Covid acabará sin multa

Sin embargo, una realidad se impone: casi la mitad de las denuncias interpuestas acabará sin sanción. El motivo es que un gran número de las propuestas de multa han prescrito al no haber suficientes manos para la tramitación en tiempo legal. Y otro gran bloque no sigue adelante al estar afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el segundo estado de alarma.

Echamos la vista atrás y hacemos números. La labor de sancionar a los imprudentes recayó en manos de la Conselleria de la Justicia y se plasmó en un decreto de sanciones que entró en vigor el 24 de julio de 2020. Desde ese momento, y hasta la fecha, los cuerpos policiales que operan en la Comunitat han elevado a la Generalitat la friolera de 247.359 denuncias, según los datos más actualizados que maneja el departamento autonómico a consultas de LAS PROVINCIAS.

De ese bloque general hay actualmente casi 132.000 expedientes incoados, la mayoría a locales que incurrieron en excesos de aforo o falta de medidas de seguridad en los momentos más duros de la pandemia.

Son estas denuncias que siguen en gestión con el proceso de marcar la sanción que corresponde, notificarla al infractor, aguardar si hay recurso... A pesar del esfuerzo de la administración por elevar el número de personas encargadas de la tramitación de las denuncias (ha llegado a ser de más de medio centenar), únicamente se han podido finalizar algo más de 56.000 expedientes, un 23% respecto a las denuncias recibidas, con una recaudación general que asciende a 2,4 millones de euros.

La diferencia entre las 247.000 denuncias y los 132.000 expedientes incoados es el conjunto de propuestas de sanción que, mayoritariamente, se va a la basura: son alrededor de 115.000. ¿Qué sucede con ellas? En primer lugar, algo más de 61.000, esencialmente por falta de mascarilla, han prescrito. Así lo contempla la ley: «Las infracciones tipificadas como leves prescribirán en el plazo de seis meses» y «comenzará a contarse desde el día de la comisión del hecho». Ante tanta denuncia, argumenta Justicia, no ha sido posible gestionar estas denuncias en el plazo legal. O, lo que es lo mismo: a pesar del refuerzo, faltaban manos para tal volumen de faena.

Por último hay otra gran masa de denuncias, unas 54.000, que igualmente parecen abocadas al limbo. Así lo explica el departamento autonómico: «Hay que tener en cuenta que entre las denuncias recibidas y no tramitadas hay muchas afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el segundo estado de alarma». Según ahondan desde Justicia, «no tiene sentido tramitar esas sanciones porque ya no son hechos sancionables». En definitiva, «se están incoando todas las sanciones no afectadas por la sentencia del constitucional y, sobre todo, las graves y muy graves», castigadas multas de entre 600 y 600.000 euros.

Se consideraba grave, en los periodos de más restricciones, incumplir los aforos en los establecimientos públicos, organizar fiestas o participar en ellas o incumplir las normas de seguridad sanitaria. Las conductas con mayor castigo, las muy graves, se refieren a incumplimientos en el aforo con riesgo para más de 150 personas, la organización o participación en fiestas y eventos con peligro para la salud de mayores o impedir la labor inspectora de los agentes, entre otras.