Multas de 60.000 euros a residencias que mantengan personal con síntomas del Covid

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra ha hecho ya efectivo el decreto de ley avanzado el 7 de agosto que incluye un régimen sancionador a las residencias o servicios sociales que incumplan las medidas de prevención frente al Covid-19.

Las infracciones más graves supondrán una propuesta de sanción de entre 30.001 euros y 60.000 euros e incluyen supuestos como la penalización por mantener a un trabajador en su puesto de trabajo «cuando se conozca que tiene síntomas evidentes de haber contraído la enfermedad o haya dado positivo en Covid-19». Se multa con esta misma cantidad a los centros que cierren o suspendan actividades de cualquier tipo de establecimientos, hogares, centros o residencias «que han sido declarados servicio público esencial durante un periodo de emergencia sanitaria sin la autorización expresa de la Conselleria de Igualdad».

Esta misma penalización recibirán los centros que incumplan «el aforo cuando suponga un grave riesgo de transmisión de la enfermedad que afecte a más de 10 personas»; también por el incumplimiento reiterado del deber de aislamiento residencial o de las medidas generales de protección y gestión de residuos adoptados por la Generalitat. Se multa con la máxima cuantía a los centros que no cumplan «el procedimiento del Ministerio de Sanidad para el manejo de cadáveres de casos con Covid».

Las sanciones graves tendrán una sanción de entre 601 euros hasta 30.000 euros y hacen referencia al aforo; a la organización de actos que impliquen aglomeraciones y el incumplimiento del régimen de visitas. Se sancionará al centro que no haga la declaración obligatoria y urgente en los casos de sintomatología compatible con la Covid-19.

También se tipifica como sanción grave la negativa a la realización de las pruebas diagnósticas de detección del Covid-19.

La reacción de la patronal de residencias Aerte es contundente. El 7 de agosto, cuando se anunció la aprobación del decreto, ya explicaron que les preocupaba que con este régimen sancionador se criminaliza al sector. El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat, José María Toro, afirma que «si no hay un legislación que se haya hecho específica para los que fumen sin respetar las distancias de dos metros, no entendemos por qué se hace una específica del Covid para el sector de servicios sociales cuando la ley de Servicios Sociales ya recoge sanciones e incumplimientos». Añade que «no hacía falta y más cuando somos una de las tres comunidades con menos incidencias. Si no ha habido incumplimientos graves, no sé por qué hacen. Es la única autonomía que ha sacado estas sanciones específicas».

Toro argumenta que el Consell no se está dando prisa en hacer las pruebas PCR a los empleados de residencias que regresan de vacaciones o a las incorporaciones, tal como acordó, pero sí ha puesto en marcha ya sanciones. «Se tipifica como grave la negativa a hacer las PCR cuando Puig aseguró que el Consell asumía esas pruebas. Es su responsabilidad, se aprobó tras el Consejo de Sanidad Interterritorial de hace dos semanas, y todavía no se hacen».