Multas de hasta 600.000 euros para los pisos turísticos ilegales en la Comunitat

Asimismo, entre otras novedades de aplicación más inmediata, los dueños de los pisos de uso turístico deberán comunicar antes del 31 de diciembre de este año la referencia catastral de la vivienda si no quieren que el inmueble sea dado de baja del registro oficial que maneja la Conselleria de Turismo. En caso de que un propietario no notifique que la vivienda se encuentra ofertada en el mercado tendrá que solicitar de nuevo el trámite para darla de alta. Montes ha explicado que la proliferación de apartamentos de uso turístico en la Comunitat se incrementó un 60% desde 2015 y ha lamentado que la regulación actual no sea acorde con la demanda, factor por el que el Consell quiere operar con los datos más «fiables, exactos y actualizados» posible. A día de hoy, la región supera los 100.000 apartamentos turísticos, con 69.052 en Alicante, 17.325 en Valencia y 14.167 en Castellón.

El nuevo texto legal pone énfasis en la «seguridad jurídica» tanto para el propietario, al facilitar el desalojo «sin derecho a reembolso» de los inquilinos que incumplan con las normas de uso establecidas en el arrendamiento, como para el inquilino, al imponer al dueño unos parámetros mínimos de habitabilidad para combatir la oferta ilegal de estos inmuebles en la región. El Consell también hará responsables subsidiarios a los arrendadores de todos aquellos actos ilegales que se comentan en el interior de los pisos, ya que actualmente solo se persigue a la persona que comercializa los negocios que no tiene el porqué corresponderse con la figura del dueño. Sin embargo, el gobierno valenciano sí pretende prohibir los cajetines de llaves que ocupen la vía pública así como que imponer a los propietarios que establezcan un teléfono de atención 24 horas y conectividad a internet.

El Consell también deslindará el plazo temporal de arriendo de las viviendas estableciendo los 10 días como fecha máxima para que sea de competencia autonómica. Montes ha explicado que en este periodo de tiempo es en el que se comercializan casi el 98% de los alquileres de apartamentos turísticos en la Comunitat y se llevará a cabo un monitoreo gracias al uso de la inteligencia artificial.

En materia sancionadora, la consellera de Turismo ha manifestado su intención de prohibir el alquiler por habitaciones en la Comunitat, ya que en la actualidad algunos portales de arrendamiento hacen negocio con hasta 5.000 habitaciones en Valencia. Una idea que Montes ha reforzado alegando que el turismo «nunca supone un problema si se gestiona bien» o definiendo a la actividad económica derivada de este sector como «una bendición para la Comunitat». La consellera de Turismo ha fijado la postura del ejecutivo valenciano sobre el estado actual del fenómeno de los pisos turísticos en la Comunitat: «No creemos en prohibiciones, consideramos que cada ayuntamiento podrá establecer limitaciones proporcionales teniendo claros los objetivos y avisando con anterioridad a los propietarios».

Los consistorios valencianos que reclamen la competencia en inspecciones y sanciones serán ayudados a través de un fondo de compensación financiera. Según ha anunciado Montes, a partir de enero del próximo año, la Conselleria enviará informes a cada ayuntamiento de manera trimestral para notificarles los pisos turísticos dados de alta en cada municipio para que puedan monitorizar la cantidad de estos inmuebles que se ponen en el mercado inmobiliario local.

Montes ha expuesto tres escenarios posibles para establecer la retroactividad. En primer lugar, las viviendas de uso turístico utilizadas antes del 1 de julio de 2018 mantendrán su inscripción en los mismos términos. Por su parte, el segundo régimen transitorio sería para las viviendas autorizadas entre el 7 de julio de 2018 y la entrada en vigor del nuevo decreto ley, en esta ocasión mantendrán su inscripción pero con un plazo de cinco años para adaptarse a los requisitos de calidad exigidos y la obligación de que renovar la declaración responsable con la aprobación del nuevo informe de compatibilidad urbanística en 2030.

El tercer régimen será el de las viviendas autorizadas a partir de la entrada de este nuevo decreto ley quedarán inmersas en el nuevo régimen de manera que también tendrán que renovar su declaración responsable cada cinco años con la aprobación del informe de compatibilidad urbanística, así como de certificado vigente de su comunidad de propietarios. De este modo, la consellera ha explicado que, si durante este periodo de cinco años la comunidad de vecino quisiera cambiar sus estatutos en ese sentido, el inmueble podría quedar excluido del tránsito turístico.

El jefe del Consell y la consellera de Turismo han presentado las novedades de este decreto ley esta mañana incidiendo en que la normativa se ha hecho «con el sector y no hacia el sector». Mazón ha recordado que la industria turística supone casi el 16% del Producto Interior Bruto y el empleo de la región así como una contribución del 12% al total del sector a nivel nacional. «Se demonizó a una industria de la que dependen miles de familias, que es motor y responsable directo de buena parte del desarrollo de la Comunitat», ha aseverado el president en un alegato en favor del equilibrio entre el turismo y la sostenibilidad.

Mazón ha vuelto a solicitar al Gobierno la convocatoria de una conferencia sectorial para abordar el fenómeno turístico «con tal de luchar todos juntos contra la oferta irregular y que se nos escuche a todas las comunidades y no sólo a unas pocas». Según ha puntualizado Montes, el Consell lleva exigiendo esta mesa con el resto de territorios desde hace casi un año y todavía no se ha convocado.

«El Ministerio de Turismo se niega a convocar la mesa sectorial, no hace declaraciones al respecto, mientras sí lo hacen Consumo y Vivienda que no tienen competencias sobre los apartamentos turísticos», ha denunciado la consellera que ha puesto en valor que la regulación implementada en la Comunitat sirva «de ejemplo de colaboración y gestión en toda España» para solventar un problema «común en todas las comunidades».