Justicia propone multas de hasta 3.000 euros para los clientes de prostitutas

La Conselleria de Justicia propone sanciones de hasta 3.000 euros para los clientes de la prostitución si buscan los servicios de una mujer prostituida a menos de 200 metros de un colegio, un lugar con afluencia de niños o un evento deportivo o festivo. La demanda en cualquier otro lugar se considera infracción grave y puede llegar a 1.500 euros.

Así figura en la ordenanza abolicionista que ha presentado este jueves en Mislata la consellera, Gabriela Bravo, en un acto junto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y al Ayuntamiento de Mislata al que han acudido concejales y alcaldes de decenas de municipios valencianos.

El documento, que deberá ser aprobado por cada ayuntamiento, también prevé que las mujeres prostituidas serán consideradas víctimas de violencia machista. Nunca serán sancionadas, pero las multas podrán llegar a 2.000 euros para quienes intermedien entre clientes de la prostitución y mujeres prostituidas o quienes avisen de la presencia de policía. También se sancionará con 750 tanto a quienes anuncien activamente prostitución, por ejemplo, repartiendo folletos como a los propios anunciantes.

Cabe destacar también que los menores también podrán ser multados, aunque siempre serán informados sus padres o tutores. Además, en estos casos se pueden cambiar las multas por actividades de servicio público con interés social y valor educativo. La ordenanza, además, faculta a los agentes a sancionar «cuando conste el intercambio de dinero y/o especie, cuando así se reconozca por quien ha ofrecido el pago, retribución o contraprestación, o cuando concurran otras circunstancias que, a juicio del/la agente de la autoridad, pongan de manifiesto que ha mediado dicha transacción».

«Una sociedad democrática no puede tolerar bajo ningún concepto que el cuerpo de una mujer sea objeto de cosificación y mercantilización», ha indicado Bravo. Según los cálculos de su conselleria, en la Comunitat hay entre 10.000 y 13.000 mujeres prostituidas, así como 164 prostíbulos y casi 52.000 anuncios en internet de servicios de prostitución.

Bravo también ha hecho referencia a las mujeres prostituidas de procedencia extranjera. «Si las consideramos como víctimas de violencia de género tendrán acceso a derechos. No pueden ser destinatarias de actuaciones asistenciales que las ponen en un escalafón inferior respecto a otro tipo de víctimas», ha explicado. La ordenanza prevé la creación de planes municipales integrales con acciones de apoyo social, laboral, formativo y habitacional.

«Si queremos que nuestras políticas sean efectivas, es imprescindible contar con los ayuntamientos porque son ellos los conocedores de los problemas y los que saben cómo llegar a identificar los instrumentos que hay que mejorar», ha indicado Bravo, que ha aplaudido a los ayuntamientos de Albal y Quart de Poblet.

También ha tenido palabras para la ordenanza del Ayuntamiento de Alicante, que ha tildado de «ordenanza de la vergüenza», aprobada por PP y Vox. «Ante una situación de vulnerabilidad deja a las mujeres prostituidas absolutamente desatendidas», ha indicado la consellera. «Os pido que frente a la ordenanza de la vergüenza aprobéis la ordenanza de la dignidad», ha terminado Bravo.

En el caso de Valencia, la ordenanza es de 2013 y llega a los 2.000 euros de sanción, aunque sí prevé la cercanía a colegios o parques como factor para endurecer las sanciones. Además, sí se permite sancionar a las mujeres por aceptar o negociar un servicio sexual a cambio de dinero, al tiempo que sanciona la comisión de actos sexuales, incluso dentro de vehículos, si ha mediado intercambio económico. El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, estaba presente en el acto de este jueves, tras el que ha asegurado que su intención es modificar la ordenanza de 2013, para lo que empezarán a negociar en junio con un foro especial en el participarán varias expertas. «Nosotros somos abolicionistas pero la ordenanza de 2013 nos ha valido para acabar con la prostitución en Velluters», ha indicado Cano, que se ha mostrado dispuesto a estudiar la ordenanza vigente en Valencia y ha asegurado que no se ha multado a ninguna mujer por ejercer la prostitución en la capital desde que entró en vigor la ordenanza.

Por su parte, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha asegurado que su ayuntamiento sí se adherirá a la nueva ordenanza como ya han hecho los de Albal y Quart de Poblet, los pioneros. «En Mislata nos caracterizamos por el firme compromiso por la igualdad y visibilizamos esa lucha contra la desigualdad», ha indicado. «Tenemos que luchar para atajar con este problema sancionando a los proxenetas y consolidando derechos para las más vulnerables. Es importante que aunemos esfuerzos. Tenemos que ser conscientes de la dura situación económica que condiciona a las mujeres que caen en las redes de la prostitución», ha asegurado.

Además, el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, ha puesto en valor el «importante esfuerzo» que está realizando la conselleria «para cambiar leyes estatales y autonómicas que persigan la abolición de la prostitución». A este respecto, la consellera Bravo ha comentado que sería bueno que se adhirieran a la ordenanza la mayor cantidad de ayuntamientos posible, porque eso daría fuerza para ir a Madrid a exigir leyes estatales más duras contra los clientes de la prostitución.