Los niños sufren esperas de hasta un año para tener plaza en Atención Temprana

El aumento de plazas en los centros de Atención Temprana (CAT) registrado durante los últimos años -desde 2015 se han triplicado hasta rozar las 3.300- no ha sido suficiente, puesto que en la actualidad alrededor de un millar de niños con problemas de desarrollo están en lista de espera y sufren demoras, en algunos de los casos, de hasta un año para beneficiarse de las terapias de estos servicios, según denuncia la Plataforma Defensa TEA. Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por su parte, matizan que estas demoras no son generalizadas y dependen del lugar y el recurso que solicite cada familia. Además, indican que el próximo año seguirá aumentando la oferta de plazas y que se ha puesto en marcha la elaboración de un decreto sobre este ámbito concreto que «mejore la calidad del sistema».

El problema, como detalló ayer el presidente y portavoz de la citada plataforma, Alejandro Amblar, no es sólo la espera que sufren los pequeños que requieren esta asistencia -terapias que, cuanto antes se activen, mejores resultados proporcionan-, sino que «se está dando el alta a todos los niños de tres y cuatro años por el simple hecho de que han sido escolarizados», algo que contraviene una normativa que recoge que esta atención específica está prevista para menores hasta que cumplen los seis años. Al respecto, el protocolo señala que será a partir del segundo ciclo de Infantil cuando arranquen las intervenciones en el ámbito educativo, pero de forma coordinada con los centros de Atención Temprana. Sin embargo, «se está dando el alta a todos los niños que se escolarizan porque no hay plazas suficientes».

Este portavoz explica que los centros educativos deben justificar con un informe que los pequeños ya no requieren de los servicios del CAT, documentación que según Amblar, brilla por su ausencia. «Simplemente argumentan que, por estar escolarizado, se les da el alta, independientemente de que el centro cuente con los recursos que necesita», agrega.

Sin embargo, la directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental, Elena Albert, ya indicó que este protocolo debe garantizar que, una vez se pase al segundo ciclo de Educación Infantil, la atención terapéutica o rehabilitadora en los centros de atención temprana se mantendrá en todos aquellos casos que, por su especificidad, la atención no pueda ser asumida por los profesionales del sistema educativo. Y en el caso en que se produzca una intervención conjunta el plan de actuación personalizado establecerá las actuaciones y tareas que se tienen que desarrollar en el centro educativo y en el CAT. Sobre ello, los representantes de la plataforma han solicitado una reunión con la directora general de Inclusión Educativa, Raquel Andrés, «para evaluar lo que se está haciendo, puesto que ya le hemos informado de que Educación se está saltando el protocolo». De hecho, asegura el presidente de Defensa TEA, «tenemos varios casos de familias que estuvieron un año en lista de espera y tras un mes en un centro de Atención Temprana les dieron el alta al cumplir los cuatro años».

Amblar añade además que cuando hay conflicto entre un colegio y un centro sobre la conveniencia o no de dar el alta a un usuario «resuelve la dirección general de Inclusión y siempre le da la razón a la conselleria«. Y mientras tanto, »las esperas, por desgracia, llegan al año«.

Otro problema generado por la insuficiente oferta de plazas es que los niños «no reciben todas las horas -de terapia- que necesitan». «Como máximo reciben dos sesiones de 45 minutos a la semana, pero la mayoría recibe sólo una sesión. Antes, cuando las atención temprana para niños con trastorno del espectro autista (TEA) se daba a través de la Conselleria de Sanidad eran entre 12 a 20 horas mensuales, y ahora el máximo son seis». En el hospital militar de Manises, puntualiza, «sí hay una unidad TEA de atención temprana y allí los niños reciben entre 12 a 20 horas mensuales y están atendidos hasta los siete años, pero sólo hay 70 plazas y es difícil entrar».

Frente a ello, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha iniciado el procedimiento para la elaboración de un decreto que regule la prestación de estos servicios. De hecho, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó la pasada semana la apertura del proceso de información pública con el que se da la posibilidad «a todas aquellas personas, entidades u organizaciones afectadas por la futura norma puedan realizar cuantas aportaciones consideren oportunas».

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