La nueva ley educativa avala el cerco de Marzà a la concertada y al castellano

El Gobierno aprobará hoy la nueva ley educativa que, una vez pase el trámite parlamentario, servirá para derogar la Lomce del PP. El proyecto que llega hoy al Consejo de Ministros supone un espaldarazo a los aspectos más polémicos de la política que emana de la conselleria que dirige Vicent Marzà, tanto en relación a la pérdida de peso de la red concertada como a la primacía del valenciano en detrimento del castellano como lengua vehicular. Incluso da margen para avanzar todavía más.

En cuanto al tratamiento de la concertada, el proyecto de la Lomloe -como se conoce oficialmente a la reforma- eliminará la referencia a la demanda social a la hora de planificar la oferta educativa. Cabe recodar que ha sido un argumento esgrimido por los centros afectados por el recorte de aulas que han recurrido a los tribunales y que además se ha reconocido en los fallos favorables. Es decir, se pierde cierto blindaje legal ante medidas que limiten el crecimiento de la red sostenida con fondos públicos.

El articulado también insiste en el fomento de las plazas públicas, idea que no sólo se ha refrendado con declaraciones de Marzà, sino que también se acompaña con datos. Durante la primera legislatura la red ganó 1.244 unidades frente a las 70 de la concertada. Además, en este caso muchas aulas fueron de programas de cualificación básica, claves para recuperar alumnado pero con poco peso en comparación con el resto de niveles.

La nueva ley también sienta las bases para que las escuelas de educación diferenciada tengan dificultades para renovar sus conciertos. Exactamente dice que «los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la presente ley». Habrá que ver cómo se plasma la disposición en la normativa autonómica sobre conciertos, que aunque es similar a la del resto de comunidades en cuanto a las enseñanzas obligatorias sí establece una serie de criterios de preferencia específicos en las postobligatorias, entre los que no aparece ninguno en el sentido expresado por la ley.

Además, la Lomloe cierra la puerta a aumentar las plazas concertadas en municipios o zonas con necesidades de escolarización, pues estas deberán cubrirse con unidades públicas.

También se incluyen cambios en relación a la admisión de alumnos que ya han provocado desconfianza en el sector concertado, en el sentido de que puedan servir para minorar las plazas a las que optar por concurrencia competitiva (con puntos), y por tanto, la libertad de elección.

El proyecto dice que las administraciones velarán para evitar «la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza», fijando una «proporción equilibrada» de estudiantes con necesidad de apoyo. Además, tomarán medidas cuando se concentre una alta proporción de alumnado de tales características en un centro.

La redacción es ambigua, aunque da pie a idear sistemas de admisión como el que avanza en Cataluña, especialmente intervencionista, o a reservar plazas para matriculaciones tardías, de alumnado recién llegado, en centros concertados, que ante su alta demanda suelen tener cubiertos sus puestos en los procedimientos ordinarios. En la Comunitat, actualmente, todos los colegios reservan algunas plazas para alumnos con necesidades específicas, pero se hace de cara a la matriculación habitual, no pensando en periodos excepcionales.

En cuanto a lenguas oficiales, desaparece la referencia a la «proporción razonable» de castellano que recogía la Lomce, aunque en realidad está establecida en la jurisprudencia. Eso sí, dice que los centros verificarán que los alumnos alcanzan la competencia necesaria en español y en valenciano. Y si hay carencias, actuarán. En clave valenciana podría implicar que en un colegio con más peso del castellano se obligue a modificar el proyecto lingüístico aprobado por el Consejo Escolar para aumentar la exposición a la lengua autonómica.