A. CERVELLERA
VALENCIA.
Martes, 2 de octubre 2018, 00:40
La tensión vivida este verano a raíz del enfrentamiento público entre Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, y Gabriela Bravo, consellera de Justicia, volvió a revivirse ayer en el seno del Consell, otra vez por una iniciativa en materia de violencia machista.
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Pese a que sus despachos se encuentran en el mismo recinto, la ciudad administrativa 9 d'Octubre, Oltra volvió a enterarse de un proyecto que comprende actuaciones relacionadas con competencias de su departamento a través de los medios de comunicación, tal y como ocurrió el pasado agosto. En esta ocasión fue por la propuesta de la consellera de Justicia de que se creen unidades comarcales de evaluación de riesgos de violencia machista, anunciada ayer mismo.
Preguntada por esta cuestión, Oltra no dudó en señalar que cuando Bravo comparta su propuesta para combatir esta lacra social, «seguramente» podrá «opinar» sobre ella. La vicepresidenta se mostró sorprendida al no haber tenido ninguna noticia acerca de esta iniciativa pese a que la semana pasada se reunió la comisión del pacto contra la violencia de género, donde estaban presentes ambas dirigentes, y habría sido habitual e «interesante» que se tratase este proyecto aunque «no salió el tema». «Hubiera estado bien conocer este proyecto, pero bueno, supongo que no lo tendrían perfilado aún», añadió Oltra, quien aseguró que estará «encantada» de que la consellera les explique cuáles son los detalles. «Así que yo esperaré a saber un poco cuál es la propuesta y en qué se concreta, dado que yo presido la comisión interdepartamental de violencia de género de la Generalitat, supongo que en breve nos lo explicará la consellera al resto de departamentos y a quien preside esa comisión», concluyó Oltra.
Este cruce de declaraciones recuerda inevitablemente al que se dio en agosto entre las dos dirigentes, ocasionando una de las mayores crisis internas del Ejecutivo valenciano esta legislatura. En esa ocasión fue por la implantación de una comisaría especializada en violencia de género en la Ciudad de la Justicia que presentó junto a Ana Botella, secretaria de estado de Seguridad. Una decisión que chocaba directamente con la propuesta impulsada desde el departamento Oltra, que apostaba por implantar una comisaría en el Centro Mujer24 Horas.
Este enfrentamiento tuvo lugar al mismo tiempo que otro choque entre el PSPV y Compromís por el voto favorable a los objetivos de déficit, lo que contribuyó a aumentar aún más la tensión dentro del Consell. El presidente Ximo Puig se vio obligado a intervenir para solucionar esta crisis interna. Finalmente, se optó por mantener las dos comisarías ante la imposibilidad de que ninguna de las dos dirigentes cediese. Una decisión que se llevó a cabo pese a las reticencias de los sindicatos policiales, que creen que no hay medios suficientes para los dos proyectos. Además, se criticó que Valencia, por su población, no necesita esta dos infraestructuras de forma paralela.
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