La nueva ley educativa divide a las familias valencianas

Atendiendo a que los comparecientes son seleccionados por los grupos parlamentarios -tres cada uno- en base a las peticiones registradas en Les Corts, era fácil deducir que habría división de opiniones. Se podría resumir en defensa de la libertad de elección y de la promoción del valenciano, por un lado, frente al «arrinconamiento» de la lengua autonómica en las aulas pese a su uso minoritario y el consiguiente riesgo de aumentar esta situación, por el otro.

Por ejemplo, ha habido valoraciones divergentes entre los representantes del profesorado. Zulaika Agustí, del sindicato STEPV, ha sido muy crítica, alegando que no se tiene en cuenta la situación de partida, de minorización, que el sistema educativo debería compensar, mientras que José Seco, del CSIF, se ha centrado en aspectos positivos como la certificación automática o el mínimo del 25% de horas en lenguas oficiales.

También se han evidenciado las diferentes posturas de los portavoces de las confederaciones de Ampas. Rafael Araujo, de la Confederación Católica de Padres de Alumnos de la Comunitat (Concapa CV), que representa a las familias de los centros concertados, ha dicho que la ley parte de «un principio pedagógico básico: para que el alumno aprenda debe entender al profesor, por eso es imprescindible la libre elección de lengua, sea cual sea». Además ha defendido el tratamiento que se da al alumnado con necesidades especiales (trabajarán con su lengua materna, más allá de la que sea mayoritaria en su clase), la flexibilización de la exención y la posibilidad de elección en los exámenes.

Rubén Pacheco, presidente de la Gonzalo Anaya, la organización mayoritaria de la red pública, ha considerado por contra que no se garantizará una competencia plurilingüe y que «promueve la intolerancia, el rechazo y los prejuicios contra la lengua propia». Se ha referido a los territorios castellanohablantes, donde se reduce su presencia (por regla general, sólo la asignatura propiamente dicha), mientras que para los valencianohablantes ha destacado que «una parte de la comunidad educativa se verá excluida de aprender en una de sus dos lenguas», en el sentido de que la preferencia mayoritaria de las familias determinará cuál tiene más peso en cada clase o unidad.

Sonia Terrero, presidenta de la Confederación Valenciana de Ampas (Covapa), también de la red pública y con mayor implantación en la provincia de Alicante, ha agradecido a PP y Vox la presentación de una proposición de ley «que garantiza el derecho a elegir lengua vehicular de nuestros hijos, aumenta el inglés sin importar que se dé más o menos horas en alguna lengua oficial, da títulos, no impone y permite las comunicaciones en las dos lenguas (en los escritos que remitan los centros)». Además ha incidido en las adaptaciones para alumnos con necesidades especiales y en que la introducción a la lectoescritura y la impartición de Matemáticas deba ser en la lengua base.

También han destacado las intervenciones de representantes del mundo académico. Joaquim Dolz, catedrático honorario en didáctica de las lenguas de la Universidad de Ginebra, ha dicho que la propuesta «no garantiza un impacto positivo en el aprendizaje de las diferentes lenguas» ni una igualdad de competencia por parte de los alumnos. «Es una ley irresponsablemente discriminatoria. Lo sé y creo que ustedes también», ha señalado, dirigiéndose a los diputados.

Por su parte, el presidente del Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat, Enrique Castillejo, ha defendido que «desde la pedagogía es indiscutible que el acceso al aprendizaje básico debe realizarse en la lengua dominada», antes de tildar de «decisión acertada» la posibilidad de elección en los exámenes y el tratamiento de los alumnos con necesidades especiales.

Rafael Castelló, profesor de Sociología de la Universitat, ha destacado que el concepto de libertad que recoge la ley «es incompleto, pues debe darse una situación de partida de igualdad en los usos» y ha incidido en que la reducción en el caso del valenciano «debe corregirse con una actuación política decidida», algo que a su juicio no se dará con la ley.

El último académico en participar ha sido Jordi Joan Cassany, profesor de lingüística románica y miembro del Círculo Isabel de Villena. Ha recordado que la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano dice que los alumnos deben alcanzar un nivel equiparable y que es necesario que el ámbito escolar dé «más tiempo y recursos» a la lengua propia teniendo en cuenta la presencia mayoritaria del castellano a nivel social.

Vicente Morro, portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, se ha felicitado de que «se prioricen los derechos y necesidades reales de los alumnos respecto a los supuestos derechos de lenguas y territorios», y Vicent Mañes, de la asociación de directores de colegios públicos de Infantil y Primaria (ADEP-PV), ha incidido en que no hay medidas para «compensar la delicada situación sociolingüística del valenciano» y en que aplicar diferentes programas dificultará la organización, como la coordinación entre ciclos o la agrupación de diferentes niveles.

La jornada la ha cerrado Miguel Bregel, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE CV). Se ha centrado en aspectos técnicos, como que las comunicaciones bilingües cumplen con lo dispuesto con la Ley de Procedimiento Administrativo Común y con varias sentencias del Constitucional, y ha valorado el tratamiento que se da a los alumnos con necesidades especiales. También ha citado jurisprudencia en relación a la importancia de que el aprendizaje se vehicule con la lengua en la que el alumnado tenga «una cierta base».