La nueva ley de plurilingüismo obvia las peticiones de padres y estudiantes

Les Corts debatirán y aprobarán hoy la nueva ley de plurilingüismo, que entrará en vigor el curso que viene afectando a todos los alumnos de Infantil y de 1º y 2º de Primaria. Durante la tramitación de la ley se celebró una sesión de participación pública en la que entidades representativas de las familias y del alumnado presentaron propuestas e ideas que los partidos podían valorar y asumir en forma de enmiendas al articulado. Sin embargo, en el texto que llegará a la cámara no se ha tenido en cuenta ni una, ni siquiera las técnicas o las que serían fáciles de encajar.

En la sesión, organizada el 8 de enero, la crítica más repetida contra los promotores de la ley -PSPV, Compromís y Podemos- fue la falta de participación en su elaboración. Algún diputado de los partidos del Botánico, los que tienen la llave para incluir enmiendas, se defendió argumentando que precisamente ese era el objetivo de la sesión. Visto el resultado todo quedó en una declaración de intenciones.

Uno de los ponentes fue Ramón López, presidente de la Confederación Valenciana de Apas (Covapa), en representación de 700 asociaciones de las tres provincias. En su discurso pidió que se garantizara la libertad en la elección de la lengua vehicular y defendió la necesidad de «abolir la discriminación que supondría para el alumnado recibir contenidos curriculares en una lengua que no sea la materna hasta que esta no haya sido consolidada».

También criticó la falta de participación «de toda la comunidad educativa en su elaboración» y aprovechó para reclamar que el requisito lingüístico fuera un mérito, no una obligación. En el texto que se debatirá hoy no hay ninguna referencia que se pueda asociar con estos planteamientos, ni siquiera los relacionados con facilitar la implicación de la comunidad educativa, por ejemplo proponiendo un debate en el Consejo Escolar de la Comunitat sobre la ley o sobre futuros desarrollos. Esta misma exigencia se planteó desde la Confederación Gonzalo Anaya, que no intervino en la sesión -elegían los grupos a los comparecientes que quisieron hablar-, y también desde Concapa y las dos asociaciones estudiantiles representativas integradas en Covaes.

En síntesis, los cursos citados tendrán que adaptar su proyecto lingüístico a la nueva norma, de manera que el castellano y el valenciano supongan al menos el 25% de las horas lectivas y el inglés entre un 15% y un 25%. Los centros tendrán autonomía para decidir el resto del tiempo, aunque la conselleria fomentará que se implante el 50% en valenciano y el 25% en el idioma extranjero mediante incentivos. Es decir, estudiar en la lengua materna dependerá del centro que se elija en caso de acceder por primera vez al colegio o de cómo se adapte la escuela en la que el niño esté matriculado. Cabe recordar que desaparecerá la doble línea lingüística.

Desde la Asociación Defensa del Castellano y Concapa, sus presidentas Eva Tena y Julia Llopis también insistieron en facilitar la elección de la lengua vehicular. La segunda propuso además crear comisiones «en las que podamos intervenir todos los sectores para llegar a un consenso» y pidió una «actualización del mapa lingüístico de 1983 para conocer la realidad actual de las distintas poblaciones». Pero no existirá este análisis antes de la aplicación de la ley ni se dará más tiempo de reflexión. Más bien todo será rápido: los centros deben presentar sus nuevos proyectos lingüísticos, como tarde, el 16 de marzo.

En la intervención de Sergio Alonso, que habló en nombre de la Coordinadora Valenciana d'Estudiants (Covaes), se plantearon varias enmiendas. El joven fue interpelado por un diputado del Botánico en el sentido de que se estudiaría alguna propuesta, aunque no ha sido así. Alonso planteó medidas para fomentar una segunda lengua extranjera más allá del inglés, que el consejo escolar tuviera dos oportunidades para aprobar el proyecto lingüístico antes de que decidiera la conselleria, aumentando así la implicación de la comunidad educativa (pero sólo habrá una), una mayor regulación de las entidades que podrán participar en el avance del plurilingüismo (que les diera el visto bueno el consejo escolar), que no fuera obligatorio partir del actual peso del valenciano a la hora de adaptar el proyecto lingüístico o una implantación del modelo más progresiva.

Más allá de la sesión de participación, cualquier entidad interesada podía presentar propuestas a los grupos, si bien en este caso no trascendieron a diferencia de las expuestas públicamente el 8 de enero.