La nueva ley urbanística dejará en manos privadas el desarrollo de los PAI

Será un nuevo texto legal que tendrá como uno de sus objetivos principales simplificar los trámites administrativos y reducir los tiempos en los que se tardan en aprobar las actuaciones. Hasta ahora con la legislación urbanística actual un plan podía tardar hasta veinte años en desarrollarse. No es lo habitual, pero ha sucedido. Con esta nueva norma se pretende que la media desde que se presenta la documentación hasta que se apruebe definitivamente el planeamiento sea de cuatro años.

Son muchos los trámites que se tienen que cumplir lo que complica enormemente su desarrollo. La idea es hacerlos mucho más sencillos porque con estos tiempos las inversiones que crean empleo y crecimiento económico se retrasan.

Una de las novedades de esta nueva normativa, según explican desde la Conselleria de Territorio, es que se abre la puerta a la gestión indirecta de los programas de actuación integrada, los famosos PAI, sin que deba justificarse la no procedencia de la gestión directa.

Esto supone que los empresarios pueden empezar los trámites por su cuenta sin tener que esperar a que la administración dé el primer paso. Según señalan fuentes de este departamento en la actualidad la iniciativa corresponde a la administración con lo que los plazos se retrasan en el tiempo. Con el objeto de hacerlos más ágiles, simplificar requisitos y agilizar los trámites se quiere dar entrada a la iniciativa privada.

Este protagonismo de la iniciativa pública fue impulsado por los gobiernos del Botánico que intentaron disminuir el papel de los promotores privados. El nuevo ordenamiento pretende dar más importancia a estos últimos en el marco de la colaboración público privada para agilizar los trámites y los desarrollos.

Con este objetivo, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha iniciado el trámite de consulta previa de la ley para invitar a una reflexión sobre los aspectos de la ley que pueden ser modificados y al que se anima a intervenir a todas las personas y colectivos interesados para que puedan aportar sus opiniones y sugerencias.

Finalizada esta fase de participación ciudadana, las aportaciones que se reciban serán estudiadas. Posteriormente, la Conselleria de Territorio elaborará un anteproyecto de ley de reforma urbanística, que será también sometido a un trámite información al público antes de su aprobación y remisión a las Cortes Valencianas.

Las fuentes consultadas indican que la intención del Consell es negociar la ley con los agentes económicos y sociales para dar con un texto ajustado.

Otro de los objetivos que subyace en el Ejecutivo valenciano es promover la colaboración público-privada para agilizar los trámites en la línea de lo que ya se hizo con el decreto de simplificación administrativa.

El anteproyecto de la ley podría plantear la posibilidad de estudiar nuevas modalidades de sistemas de ejecución del planeamiento urbanístico, como el de expropiación por el concesionario, es decir que podrían ser urgidas por los propios empresarios.

Un punto clave es agilizar la tramitación del otorgamiento de las licencias de obra. Este es un principio básico y que afecta a muchos municipios, incluido el de Valencia. Los expedientes se acumulan y cada vez se tarda más en la concesión de estas autorizaciones con el consiguiente retraso en las inversiones.

La necesidad es más imperiosa si cabe ante la situación de falta de viviendas que está provocando el incremento de los precios y de los alquileres.

La nueva norma también plantea una regulación distinta del procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos, la flexibilización del planeamiento, o la regulación específica de la emisión de los informes sectoriales en esta materia.

Por otra parte, en relación con el suelo no urbanizable, se estudiará la reconsideración de la actual regulación de las Declaraciones de Interés Comunitario, así como de medidas para agilizar el procedimiento. Y también se analizarán las actuaciones para favorecer la implantación de actividades terciarias y de ocio recreativas en el suelo no urbanizable.

Además, se podrán revisar los procesos de regularización de construcciones ilegales, estudiando la posibilidad de instrumentar determinados supuestos mediante proyectos de obra y con un posible replanteamiento de la actual regulación. También se abre la posibilidad de implementar medidas que den un trato de favor a los municipios que se encuentran en riesgo de despoblamiento, caracterizados en general por ser más vulnerables.