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Casi un tercio de la población valenciana se encuentra en situación de pobreza, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y hay ... 355.000 menores que están en riesgo de exclusión severa. Son datos de los cinco últimos años que no se pueden dejar de lado y que han llevado a la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad a preparar una nueva ley que regulará la renta valenciana de inclusión (RVI) para hacer frente a esta situación.
Se trata de una de las medidas estrella que puso en marcha el Gobierno del Botánico pero que los nuevos gestores del departamento que dirige Susana Camarero han encontrado una serie de discordancias que impide que esta ayuda llegue a toda la gente que lo necesita. Así se ha expresado Pedro Carceller, director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, que ha avanzado que el borrador de la nueva ley estará listo a fines de abril o comienzos de mayo. «Con el crecimiento en el número de personas en riesgo de exclusión no podemos seguir la misma política que el anterior Consell, ya que se ha incrementado la tasa de pobreza», ha justificado el alto cargo de Servicios Sociales.
Los nuevos gestores han introducido varias modificaciones para hacer esta ayuda más operativa y que llegue a más gente. Una de ellas es la compatibilidad de la renta con un empleo de forma que alguien que trabaje podrá cobrar también la RVI si cumple las condiciones. «Queremos que sea incentivadora del trabajo y no lo contrario», explica Carceller.
No sucederá como ahora que cuando una persona encuentra un trabajo, aunque sea de poca calidad y de unas pocas horas semanales, automáticamente se queda sin la ayuda. Ahora los criterios serán diferentes de forma que tener un empleo no conllevará la pérdida automática de la renta y se podrán compatibilizar ambos ingresos. De esta forma, se pretende potenciar la búsqueda de empleo por parte de los solicitantes que saben que no perderán el derecho a percibir la RVI por el mero hecho de encontrar un trabajo aunque sea de escasa calidad como ocurría hasta ahora.
Carceller ha recordado que al acceder a la conselleria en pleno verano tuvieron que recurrir a una ampliación de crédito de 19 millones para hacer frente a los compromisos que comporta esta ayuda. «No había suficiente dinero», ha explicado y ha añadido que este año, por el contrario, se van a ahorrar 19 millones con una serie de ajustes internos. «Se los hemos ahorrado al contribuyente», ha manifestado el director general que ha precisado que el ahorro «no supone una disminución de las ayudas. Implica que contaremos con más disponibilidad de fondos para llegar a más gente».
Por otro lado, la ley pretende poner en valor la labor de los trabajadores sociales de los ayuntamientos. En opinión de Carceller, estos estaban bloqueados y colapsados porque sobre ellos recaía todo el peso de la tramitación de la ayuda de la renta valenciana de inclusión. Con la nueva norma, estas gestiones correrán a cargo de la Generalitat «y se liberará a estos empleados para que puedan realizar las funciones de acompañamiento a las personas propias de su tarea».
Y es que acompañamiento es una de las palabras clave de la nueva normativa. Frente al Botánico que lo que pretendía era rescatar a las personas, los nuevos gestores apuestan por «acompañar a las personas en riesgo de exclusión para que puedan salir de esta situación». De esta forma, se pretende que los trabajadores sociales estén pendientes mes a mes de los que reciben la ayuda para asesorarles de forma que conozcan su situación y les puedan orientar. Serán los trabajadores sociales quienes decidirán si el beneficiario está en condiciones de continuar en esa situación previo examen de su situación.
Por otro lado, el director general ha señalado que en el mes de marzo se han recuperado 10,5 millones evitando duplicidades entre la renta valencia y el ingreso mínimo vital, ya que ambas ayudas son compatibles de forma que una persona puede estar cobrando las dos de forma simultánea. No son excluyentes. Esa cantidad también se reinvertirá en las ayudas para poder llegar a más gente.
Otra de las novedades es que pretenden simplificar los trámites para facilitar que los interesados puedan acceder a ella sin tantos trámites burocráticos. Según Pedro Carceller, este factor era un impedimento para que una parte de la población necesitada no pudiera acceder a esta ayuda «y ahora pretendemos facilitarlo, garantizar su derecho».
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