Nuevo curso, viejos barracones

El curso que empieza hoy traerá buenas y malas noticias en lo que a infraestructuras escolares se refiere. Casi la mitad de los colegios e institutos públicos que al inicio de la legislatura estaban conformados íntegramente por barracones siguen igual, sin que las obras para construir los nuevos centros se hayan iniciado, y en la inmensa mayoría de casos, ni licitado.

Si a estos se les suman los que se encuentran en fase de construcción, y por tanto no estarán listos al menos hasta el ejercicio siguiente, se concluye que sus más de 4.000 estudiantes seguirán aprendiendo en aulas prefabricadas, uno de los males endémicos de la educación valenciana. La parte positiva es que hay tres escuelas que mañana -o en próximos días- estrenarán nuevas instalaciones tras el fin de las obras. Para hacer la estimación de alumnos afectados, LAS PROVINCIAS ha tomado como punto de partida el listado de los 25 colegios que en enero de 2016 estaban formados completamente por barracones. De ellos, diez están terminados (la mayoría fueron licitados en la anterior legislatura, aunque el resto de fases del procedimiento llegaron con el Botánico), hay dos en ejecución (103 de Valencia y Cremona de Alaquàs), uno está paralizado (Regina Violant de Almassora) y 12 se mueven en diferentes situaciones administrativas, casi todos ellos sin licitar.

Contando esta docena, los dos en obras y el que está a la espera de la reanudación, suman una matrícula media de 4.280 estudiantes. Para hacer este cálculo se han empleado los datos de escolarización de los ejercicios 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, que son los últimos publicados en el Portal de Transparencia de la Generalitat y no presentan mucha variación entre cursos (4.133, 4.271 y 4.438, respectivamente). El promedio supone algo más de la mitad del alumnado que, en 2016, cuando se anunció el plan de obras del Botánico, estudiaban íntegramente en barracones (más de 7.000).

El problema para hacer un cálculo más certero es que la matrícula del curso que empieza no es definitiva, de ahí que haya que recurrir a aproximaciones. Además, desde la Conselleria de Educación no facilitaron ninguna estimación ni información sobre el estado de las obras. En las próximas semanas se prevé una rueda de prensa monográfica sobre infraestructuras, tal y como explicó el pasado jueves el secretario autonómico, Miguel Soler.

De los 12 centros pendientes del inicio de obras, los hay que ya tienen estudios técnicos realizados o que se han licitado y adjudicado, como el aulario de Vilanova d'Alcolea del colegio rural agrupado El Trescaire. Otros están a punto de que llegue el concurso, como el Gasparot de La Vila Joiosa, y hay varios que han entrado dentro del Plan Edificant, por lo que los trámites dependerán de los servicios de contratación de los ayuntamientos respectivos.

La mejor aproximación en cuanto a plazos de ejecución de esta docena de escuelas la dio el propio Soler a finales de mayo, cuando compareció en Les Corts para dar cuenta de los avances en materia de infraestructuras como máximo responsable de este área. Dijo que «si todo va bien» las obras empezarían en 2019. La coletilla no fue casual, pues los procedimientos administrativos son engorrosos y están detrás de los numerosos retrasos acumulados durante la legislatura.

En cuanto a los tres centros públicos que se trasladan a colegios nuevos, se trata de la sección del IES de Rojales situado en San Fulgencio, el Ceip Playas de Orihuela y el Villar Palasí de Sagunto. Los dos primeros dejan atrás catorce años en barracones. Respecto al último, el jueves se firmó el acta de ocupación de las nuevas instalaciones y sólo quedaba pendiente el traslado de mobiliario y tareas de limpieza. La esperanza, según explicaron fuentes municipales, es llegar a tiempo del inicio de las clases.

La cifra de 4.000 alumnos en colegios íntegramente en barracones no es definitiva, pues no tiene en cuenta a los 135 colegios parcialmente en módulos provisionales, que sin duda elevan mucho el dato. Aunque también sufren una situación precaria, no llega al nivel de los anteriores, cuyos niños no conocen otra cosa que la chapa de los módulos en cualquiera de sus clases.

Desde el Partido Popular han hecho una estimación en relación a los conformados parcialmente por barracones tras recopilar información sobre su situación y el número de módulos en cada uno, un estudio que utilizaron para denunciar «los incumplimientos de Puig y Marzà», que han provocado que el curso empiece con unos 11.000 estudiantes en instalaciones precarias. 4.000 son de colegios íntegramente en barracones -cifra que coincide con el cálculo de este periódico- y unos 7.000 de escuelas que combinan ladrillo con al menos un aulario provisional de uso docente.

Desde el grupo parlamentario pusieron énfasis en que en la gran mayoría de los centros se ha incumplido el plazo que se dio al inicio de la legislatura, cuando se anunció el primer plan de obras del Consell. Exactamente, en enero de 2016 Vicent Marzà y Ximo Puig presidieron un acto institucional en el que se comprometieron a que todos los barracones (de centros completos y parciales) habrían desaparecido o estarían en fase de hacerlo al final de la legislatura. En la promesa se incluyeron los 25 íntegramente en aulas prefabricadas, cuyos trabajos debían haberse iniciado como tarde en el primer semestre de 2017, y los 135 con alguna provisional, lo que arrojaba un total de 160.

Con el paso del tiempo -y tras las primeras críticas por los incumplimientos- las expectativas se rebajaron, centrando el discurso en que la promesa se basaba en los 25 colegios que sólo tienen barracones, una idea que aún se mantiene. Del resto todo dependerá de lo rápido que pueda avanzar la conselleria o los ayuntamientos a través de Edificant. En mayo, el secretario autonómico dijo en Les Corts que había una veintena de centros -de los parcialmente en barracones- en los que sería imposible actuar antes de 2019.

Ante la ingente cantidad de trabajo pendiente, la conselleria reforzó el personal técnico responsable de las infraestructuras, y viendo que ni así se alcanzaría la meta marcada, se aprobó un decreto ley para dar forma al programa Edificant, que en síntesis permite ceder la competencia en materia de infraestructuras a los ayuntamientos para que se encarguen de la tramitación y las obras, mientras que la Generalitat ponía la inversión necesaria. Las corporaciones aportaban el personal de sus servicios de contratación, multiplicando los recursos técnicos.

Según los datos del departamento, el plan ha servido para dar el salto anhelado, con 203 actuaciones ya comprometidas, si bien se incluyen desde el cambio de mobiliario hasta centros nuevos. La dotación del plan es de 700 millones, pero Soler ya anunció el pasado jueves que será necesario ampliarla para atender todas las solicitudes recibidas.