El nuevo decreto ley del Consell sobre renovables decepciona a colectivos vecinales, ecologistas y agricultores

Decreto Ley 1/2022, de 22 de abril de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania aprobado haces unas semanas por el Consell ha decepcionado a colectivos y ayuntamientos que, desde que se aprobó el DL14/2020 para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables, venían pidiendo un cambio en la regulación para que la ubicación de parques fotovoltaicos y eólicos se hiciera de forma racional.

Consideran que son muy pocos los cambios introducidos, manteniendo la agilización y la eliminación de garantías en los procedimientos y, especialmente, volviendo a dejar a los ayuntamientos sin autonomía para poder decidir si quieren o no este tipo de plantas en sus territorios.

"La disposición adicional séptima sobre la suspensión de licencias por parte de los ayuntamientos, establece que estos tienen seis meses para justificar la moratoria y será la Conselleria quien decidida sobre esa justificación", explica Julio Rodrigo, representante de la Coordinadora valenciana por la ubicación racional de las energías renovables, que aglutina a más de una veintena de colectivos ecologistas y plataformas vecinales de toda la Comunitat.

Desde la Coordinadora instan al Consell a que la ley se debata en Les Corts y se le dé participación a las poblaciones afectadas y especialmente que dentro de ese debate se introduzca el informe elaborado por el Instituto Valenciano de la Energía en el que se afirma que al menos 18.000 megavatios podrían ser producidos por las Comunidades Energéticas Locales en la Comunitat.

Uno de los miembros de la Coordinadora y de las primeras organizaciones que se movilizó en contra del modelo de implantación de renovables, Acció Ecologista-Agró, asegura estar "muy descontento" con este nuevo Decreto Ley. "Los ayuntamientos ven muy limitadas sus posibilidades de decidir si quieren tener o no este tipo de instalaciones, o en qué condiciones. Muchos de ellos han intentado defenderse suspendiendo la concesión de licencias, pero la Generalitat ha impedido o limitado este proceso", asegura desde el colectivo.

Consideran desde Acció Ecologista Agró que "nuevamente, los municipios rurales van a pagar la tasa de la transición energética". Según explican, que este decreto ley, prioriza las rurales sin reparar, subrayan, si los suelos son protegidos o no. "Instalaciones negativas, que destruyen paisaje y puestos de trabajo, se están instalando casi exclusivamente en zonas rurales del interior, violentando el artículo 130 de la Constitución".

Desde este colectivo consideran que la norma es "inconstitucional y violenta otras normas estatales y autonómicas", además de limitar la participación del público interesado. "Actualmente, las normas que limitan la defensa del medio ambiente se aprueban como Decretos Leyes, o en normas que acompañan los presupuestos, para evitar la participación del público", denuncia.

También muestran su preocupación desde la Unió de Llauradors i Ramaders quien ha trasladado a la Generalitat la necesidad de planificar y ordenar una correcta ubicación de estas plantas, "priorizando su construcción según su volumen y en zonas donde el impacto y el efecto sea menos agresivo, en lugar de construir de forma masiva y por todos los sitios".

“El debate no es renovables sí o no, nosotros lo tenemos claro y superado y apostamos desde hace tiempo por ellas, pero el modelo no puede estar basado en el sistema del pelotazo de la construcción de hace años con enormes proyectos y plantas por todos los sitios, sin ningún tipo de control, sin analizar las consecuencias para el territorio, la actividad agrícola, el paisaje, y sobre todo sin pensar en los habitantes de nuestras zonas rurales, ni revertir los beneficios en las zonas donde se instalen”, explica Carles Peris, secretario general de La Unió.

En este sentido, desde la Unió creen que el cambio energético debe hacerse de la mano de las personas que viven y trabajan en el territorio, frente a los fondos inversores "que también pretenden quedarse con buena parte de las empresas del sector agrario".

La organización agraria pide que se priorice la instalación sobre cubiertas en suelos ya urbanizados o degradados "ya que muchos de los proyectos se proponen en terrenos productivos y no se integran con el medio agrario, con instalaciones de regadío en uso, con proyectos de diversificación económica y paisajes ancestrales".

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