El nuevo examen de nivel se basará en preguntas cortas y de tipo test

Tanto ellos como sus familias pueden estar tranquilos, en el sentido de que los resultados no tendrán efectos académicos, lo que no resta un ápice de importancia a su realización, porque sí servirán para detectar fortalezas y debilidades en el proceso educativo de su centro, que deberá utilizar la información para elaborar planes de mejora. Se trata de las nuevas evaluaciones de diagnóstico que recoge la Lomloe, la llamada Ley Celaá, que exactamente medirán las competencias de los alumnos -cómo aplican los contenidos- en las diferentes áreas a través de ejercicios prácticos que se presentarán, sobre todo, con preguntas cortas o de tipo test.

Todos los estudiantes de los citados niveles se enfrentarán a la evaluación diagnóstica, lo que en cifras supone al menos 112.000 alumnos valencianos, que se corresponden con los matriculados en colegios públicos y concertados. Aunque en otras comunidades las pruebas ya se están realizando, en la valenciana aún está pendiente la resolución que debe convocarla y terminar de perfilarla, por lo que lo único que se sabe es que llegará entre mayo y junio. Eso sí, todos los ejercicios se harán por ordenador y en cada centro educativo.

Recurriendo al marco general elaborado por el Ministerio de Educación, que fija las directrices básicas a cumplir por las autonomías, se puede saber que las pruebas de cada competencia se harán en una misma jornada y a través de dos sesiones de una hora, separadas por un descanso de 15 o 20 minutos. En cuanto al número de ejercicios, lo tiene que decidir la conselleria.

Las cuatro áreas se medirán mediante ejercicios de carácter práctico, pudiendo partir varias de un mismo ítem. Por ejemplo, de un texto. Abundarán las preguntas de respuesta cerrada, como son las de elección múltiple (tipo test, con una o varias opciones acertadas), dicotómicas (verdadero o falso o sí o no), o de relacionar conceptos, aunque también se proponen las semiconstruidas (rellenar huecos con la información disponible en el enunciado). El marco general también habla preguntas abiertas o construidas, como una producción escrita (en competencias lingüísticas) o la resolución de un problema (en la matemática). No tendrán una presencia elevada, atendiendo además a que los ejercicios se harán por ordenador, que puede suponer una dificultad añadida.

Los resultados ayudarán a la evaluación del trabajo que desarrollan los centros, ya sea de su proyecto educativo, de las programaciones de las asignaturas, de los planes de refuerzo o mejora o sobre la correcta atención a la diversidad del alumnado. De hecho los estudiantes con adaptaciones curriculares -por situaciones de discapacidad, trastornos de aprendizaje o de contexto social, como desconocer la lengua vehicular- también participarán a través de ejercicios que se adecuarán a sus posibilidades.

La diagnóstica no será el único instrumento que utilizarán para fiscalizarse, pues en realidad completará la evaluación que ya hacen las escuelas a nivel interno a través de la comisión de coordinación pedagógica o los claustros. Eso sí, la evaluación externa puede dar una visión distinta, y tiene la ventaja de que tendrá una periodicidad anual, pues se tendrá que hacer todos los años en los mismos cursos, que son los intermedios de las dos etapas que conforman la educación obligatoria en España.

El marco general dice que «los resultados pueden desagregarse en función de las categorías analizadas: alumnado, grupos, centros y territorio considerado». O lo que es lo mismo, se abre la puerta a que existan informes individualizados y no sólo a nivel de centro. Otra cosa es lo que decida la Conselleria de Educación en cuanto a la difusión, pues el ministerio deja su regulación en manos de las administraciones autonómicas. Habrá que ver hasta dónde llega la transparencia, aunque sí está claro que los resultados no se podrán utilizar para hacer rankings del centros. Básicamente porque la Lomloe prohíbe estas comparaciones.

Todas las pruebas acabarán con un formulario de contexto, que es clave para la interpretación de los resultados, en el sentido de cómo afectan variables socioeconómicas y culturales de los alumnos o los centros. Esta información se podrá recoger mediante cuestionarios dirigidos a los alumnos, las familias, el profesorado o las direcciones. Se centrarán en aspectos personales, sociodemográficos y académicos, como el género, la lengua materna, la repetición, el clima escolar, los deberes o los medios educativos en el hogar, por ejemplo.

La comparación entre comunidades

Para el próximo curso

La Ley Celaá también obliga a realizar una evaluación general del sistema educativo. Será muestral (una selección de centros de toda España) y llegará cada tres años, aunque se centrará en las competencias alcanzadas por los alumnos al final de Primaria (6º) y la ESO (4º). No sólo dará una visión general de país, sino que su diseño estandarizado (similar para todas las regiones) permitirá la comparación autonómica. La previsión es que se pueda aplicar el curso que viene.