Mónica Oltra abre la puerta a la creación de un nuevo modelo residencial

La asamblea general ordinaria de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) acaba de aprobar por unanimidad acudir a la vía judicial para tratar de frenar dos importantes proyectos de la Administración autonómica, como es el concierto social, un nuevo sistema de contratación de plazas exclusivo para entidades sin ánimo de lucro y el nuevo sistema de reparto de medicamentos en las residencias, basado en la compra y distribución centralizada.

De esta forma, los integrantes de la entidad facultan a la junta directiva a que presente los recursos judiciales que crea oportunos para tratar de frenar ambos proyectos si, con anterioridad, no es capaz de llegar a un acuerdo con la Generalitat.

En esta línea, el director gerente de la entidad, José María Toro, ha alertado que el concierto social abre la puerta a que cualquier ayuntamiento que quiera contratar, por ejemplo, un centro de día lo pueda realizar de forma exclusiva con entidades sin ánimo de lucro, excluyendo así a las mercantiles. Sobre ello, además, ya se ha presentado una reclamación ante la Comisión Europea y se ha intentado, sin éxito, que el Gobierno plantee un recurso de inconstitucionalidad.

Ha recordado también que están en conversaciones con los representantes del tercer sector para confeccionar un modelo único basado en la calidad del servicio y plantearlo a la Administración con el fin de que paralice el actual concierto social y no se judicialice la situación.

Del mismo modo, la asamblea también ha ratificado por unanimidad acudir a la vía judicial cuando se apruebe el decreto que regulará el nuevo sistema de reparto de medicamentos en las residencias impulsado por la Conselleria de Sanidad, sistema que, en su opinión, empeorará la atención farmacológica que se presta en la actualidad.

A las diez de la mañana, Aerte ha arrancado su asamblea general ordinaria con varias reivindicaciones, entre las que destaca la necesidad de incrementar la colaboración con la Administración autonómica ante la falta de plazas para mayores y dependientes en residencias o centros de día. Al respecto, el director gerente de la entidad, José María Toro, ha lamentado que «estamos muy alejados de la media estatal».

Toro, aprovechando la presencia de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha recordado que en sector cuenta en la actualidad con más de 20.000 plazas y cerca de 11.000 profesionales, pero «si no compartimos objetivos, es difícil que haya una colaboración leal y fructífera», por lo que ha instado a Oltra que genere «un marco de seguridad jurídica que permita trabajar» tanto a las instituciones sin ánimo de lucro como a las mercantiles.

El portavoz cree que todas las entidades, independientemente de su forma jurídica, deben tener la posibilidad de concertar plazas con la Administración en iguales condiciones y que siempre prime la calidad del servicio. «No basta con aportar sólo peluquería o podología«, ha agregado.

Oltra, por su parte, ha suavizado su discurso frente a las empresas -en alguna ocasión ha destacado que contratar plazas con entidades privadas sería el último recurso, por detrás incluso de las organizaciones sin ánimo de lucro-, y ha abierto la puerta a la creación de un nuevo modelo residencial adaptado a las necesidades actuales. «Contamos con vosotros para trabajar conjuntamente para generar un nuevo modelo social».

Aerte, además, está aprovechando el acto para celebrar su 30 aniversario, un evento que ha contado también con la presencia de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, y a cuya clausura acudirá el president Ximo Puig.