«Nunca vamos a pensar que la muerte de 74 residentes fuera objeto de mala suerte»

Tras ocho sesiones por las que han pasado 16 testigos y 9 peritos, este jueves ha quedado visto para sentencia el juicio civil por la muerte de 15 residentes y graves lesiones de otros 3 en la residencia de DomusVi Alcoi durante la pandemia. El primero que se celebra en España por muertes Covid.

Un juicio en el que se han expuesto dos realidades muy distintas de lo que ocurrió en la residencia en los meses más críticos de 2020 en el que fallecieron 74 personas y que se ha vuelto a poner de manifiesto en las conclusiones de las defensas de las partes. Por un lado, la parte actora ha pedido la plena estimación de la demanda, con los 2,3 millones de euros de indemnización a los 46 familiares actores y condena a costas.

Por otro lado, las partes codemandadas  piden la desestimación de la demanda y la condena a costas para los demandantes, al considerar que se actuó de manera correcta y en el caso de la aseguradora (Mapfre) que se estime su falta de legitimidad pasiva.

El portavoz de los familiares demandantes, José Luis García, ha manifestado que confían en el trabajo de sus representantes y ha lamentado la estrategia de Quavitae de intentar descalificar a sus testigos.

Ha insistido en lo que ha calificado como «fuerza de los hechos». «Nosotros nunca vamos a pensar que estos 74 fallecidos fueran objeto de mala suerte. El azar se va a buscar a una administración de lotería».

«Lo que buscábamos en el centro era atención, apoyo, cuidado y algo en ese proceso falló para que 74 personas fallecieran en un mes y medio. La alta tasa de dependencia o la avanzada edad son circunstancias que se dan en la mayoría de residencias del país. ¿Qué quieren, llegar a la conclusión de que 74 personas se pusieron de acuerdo para morir? Sólo hace falta que digan que lo hicieron para joder a la empresa», ha lamentado García.

Ha recalcado que no culpan a los trabajadores ni a los médicos, porque «era sólo una cuestión organizativa. Se trataba de protegerlos».

En las conclusiones, la defensa de los familiares ha expuesto que no han podido acceder ni a la información de la administración pública ni a la documentación solicitada a la empresa, incluso tras el requerimiento del juez, en lo que consideran «una maniobra» para que no se esclarezcan los hechos.

También ha recriminado a la parte demandante las tachas realizadas contra sus testigos, así como el hecho de que no hayan propuesto a una persona clave, a su entender, como testigo, el doctor Hernán Sal y Rosas, médico de la residencia y a su vez la persona a quien Conselleria nombró cómo responsable una vez intervenido el centro y al que han denominado «el gran testigo ausente», por ser la persona que «más luz» podría haber arrojado.

Consideran que con los testimonios de trabajadores y familiares y especialmente el del jefe de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, el doctor Manuel Pérez, ha quedado demostrado que hay un nexo causal entre que la residencia no adoptara las medidas y protocolos indicados  y que la reorganización llevada a cabo a finales de febrero fue para «evitar costes y ahorrarse personal».

Por su parte, la defensa de Quavitae, ha recriminado a la otra parte que atribuyan la situación de caos a no gastar. «Nos resulta ofensivo que se haya dicho hasta en tres ocasiones que la reorganización se hiciera por motivos económicos», ha asegurado.

Ha considerado irrelevante todo lo que se ha expuesto relativo a antes del 27 de febrero, como los brotes de gastroenteritis, las quejas de familiares y trabajadores e incluso la sanción de Conselleria, al no tener que ver con el periodo objeto periodo del proceso y ha desacreditado el testimonio de los extrabajadores y, sobre todo, el del doctor Pérez Bosch, sobre el que, ha dicho, no tienen «ninguna credibilidad».

De hecho, le ha responsabilizado de los 19 residentes fallecidos que estaban a su cargo como miembro de la UHD y ha manifestado que su queja ante Conselleria el 6 de abril era una estrategia porque «la mejor defensa era un buen ataque y pasó la pelota a la residencia».

Han asegurado que es imposible determinar la causalidad, en una situación de pandemia, de la reorganización en la residencia con los contagios y ha subrayado que no hay forma de saber qué residentes y cuántos murieron de Covid.

«Entendemos y comprendemos el dolor de los familiares, pero en toda momento se actuó en base a los protocolos de las autoridades sanitarias. El equipo de DomusVi ha asistido a estas 74 personas hasta el final de sus vidas», ha dicho la letrada de Quavitae, quien ha apuntado que se ha omitido el dolor de otras personas, las de los trabajadores que estuvieron allí doce horas diarias.

Por su parte, la abogada de la codemandada, la aseguradora Mapfre, ha solicitado al juez que se estime la falta de legitimidad pasiva, puesto que el seguro con Quavitae cumplió el 31 de diciembre de 2020 y la primera reclamación se produjo el 10 de marzo de 2021.

También ha acusado a la parte demandante de «denunciar en temeridad y a ciegas», por desconocer la póliza que tenía la empresa.

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