Las obras del mayor psiquiátrico penitenciario de España llevan diez años paralizadas en Siete Aguas

Mientras las obras del complejo penitenciario continúan paralizadas, los centros de Fontcalent y Sevilla «están saturados» por la falta de psiquiatras para medicar y atender a los internos, y también por la escasez de funcionarios para vigilarlos, según los sindicatos. La asistencia médica que reciben los internos de Fontcalent y Sevilla es insuficiente debido a la carencia de recursos.

Prueba de ello es que algunas actividades no pueden realizarse en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, como las salidas a un recinto anejo de esparcimiento con pistas deportivas y zonas verdes, debido a la falta de funcionarios que vigilen a los reclusos.

En el centro hospitalario de Sevilla «apenas están cubiertas la mitad de las plazas de psiquiatras», mientras que Fontcalent solo dispone de dos especialistas pese a que la relación de puestos de trabajo (RPT) establece que deberían ser cinco, según el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMP).

Varios trabajadores del centro psiquiátrico de Sevilla han sufrido lesiones en los últimos meses tras recibir puñetazos y mordiscos en incidentes con internos. Las víctimas de estas agresiones no solo son funcionarios que vigilan a los reclusos, sino también personal laboral como celadores y sanitarios.

Tras estos episodios violentos llegan las bajas médicas por accidente laboral «para recuperarse de los daños físicos y psicológicos, lo cual agudiza aún más el existente problema de falta de personal», afirma Damián Bazaga, representante sindical de la asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar.

El centro hospitalario de Sevilla tiene 75 celdas con cerca de 130 reclusos. «Muchas están vacías en el módulo de enfermos agudos, que se llena y vacía sin parar, y en otras hay hasta cuatro presos», señala el delegado sindical de TAMP.

«Fontcalent y Sevilla alojan solo a internos con patologías mentales graves. Cada vez hay más reclusos que presentan sintomatología psicótica y neurótica grave, y por eso España necesita otro hospital penitenciario», argumenta Bazaga. Y muchos de estos presos «permanecen todavía en centros ordinarios sin diagnósticos psiquiátrico ni orden judicial de internamiento en un centro especial», añade el funcionario.

El Hospital Psiquiátrico de Fontcalent también presenta una situación complicada por la concurrencia de varios factores: las propias necesidades de la población reclusa, la carencia de personal (al no haber completado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la relación de puestos de trabajo) y la falta de consideración de los funcionarios como agentes de la autoridad.

El servicio de limpieza en Fontcalent se ha visto afectado también tras reducir a cuatro la veintena de trabajadores contratados. «Los propios internos están limpiando algunas de las zonas comunes a cambio de una remuneración simbólica», sostiene un funcionario del centro psiquiátrico.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) también considera urgente la construcción de otro hospital penitenciario en España o de una nueva prisión para descongestionar las cárceles de la Comunitat Valenciana.

Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al que ha tenido acceso el sindicato Acaip-UGT, el 40 por ciento de los internos de las prisiones europeas sufren trastornos psiquiátricos, muchos de ellos por abuso de drogas y sin diagnosticar.

Este informe sustenta la necesidad de construir el tercer hospital penitenciario en España, pero no todos los funcionarios están de acuerdo con el lugar elegido por el Gobierno. Los representantes sindicales de varias prisiones del norte del país prefieren una ubicación más cercana para facilitar los desplazamientos de los familiares de los internos.

Lo más normal es aplicar una distribución geográfica, y teniendo en cuenta que Alicante y Sevilla ya tienen centros psiquiátricos, cualquier provincia de la zona centro podría ser el lugar más idóneo», argumenta un delegado sindical de la prisión de Soto del Real.

El informe de la Organización Mundial de la Salud sustenta la necesidad de construir el tercer hospital penitenciario en España, pero Les Corts Valencianes rechazó el 28 de febrero de 2022 el proyecto de Siete Aguas, y reclamó que la Generalitat Valenciana asumiera las competencias en sanidad penitenciaria para mejorar las condiciones tanto de los reclusos como de los sanitarios.

«La falta de recursos en los centros penitenciarios constituye una vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad», afirma Javier Vilalta, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión (ODSP).

Viralta asegura que la solución al problema de la fallida sanidad penitenciaria sería destinar los 80 millones de euros del proyecto de Siete Aguas a la transferencia de competencias a la Generalitat Valenciana. También tilda de «fracaso» la política estatal y autonómica en materia de salud mental «tras el desmantelamiento de los antiguos macropsiquiátricos, convirtiendo a las prisiones en los nuevos psiquiátricos del siglo XXI».

La abandonada obra de la cárcel de Siete Aguas se proyectó para albergar el mayor centro psiquiátrico penitenciario de España con una capacidad para 500 internos en un espacio de 70.000 metros cuadrados. El proyecto, que todavía se encuentra en fase de redacción, fue concebido como un pueblo más que como una prisión, con muchos espacios verdes y con la posibilidad de hospedar en apartamentos a familiares de los reclusos en las visitas.

Así lo exponía la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) en el pliego técnico que acompañaba en 2021 la salida a concurso público del proyecto básico y de ejecución de la nueva obra. El anteproyecto fue desarrollado por arquitectos, médicos y psicólogos para levantar «un complejo arquitectónico y terapéutico de referencia de hospital psiquiátrico con un modelo alternativo a lo existente». Sería el mayor de España, superior a los existentes en Sevilla y en Alicante.

La obra comenzó en 2014 en una parcela de 50 hectáreas en la partida de El Campillo, a unos seis kilómetros del núcleo urbano de Siete Aguas, para albergar a 1.194 internos con un millar de celdas distribuidas en diez módulos residenciales, cuatro polivalentes y cuatro de mujeres. La primera intención en tiempos de Zapatero era construir un nuevo penal para descongestionar las cárceles de la Comunitat Valenciana, pero el Gobierno cambió el proyecto para adaptarlo a las necesidades de la población reclusa.

Las unidades residenciales del futuro hospital penitenciario tendrán mucha luz natural y vistas al exterior. Nada que ver con celdas. El proyecto incluye diez edificios y se completará con zonas deportivas tanto cubiertas como al aire libre. La estructura en hormigón acabada albergará los servicios administrativos y de control de accesos. A la izquierda hay otro bloque propuesto para servicios técnicos: salas hídricas, de calderas y electricidad, almacenes, lavandería, cocina.

Y a la derecha de la plaza de la entrada, otra estructura de dos edificaciones se utilizará como área de visitas y centro cultural. Habrá locutorios y espacios de comunicaciones familiares y apartamentos que permitirán estancias de más de un día para familiares y amigos de los enfermos. Y es que el hospital «dará servicio a enfermos de todo el territorio nacional», resalta el pliego de SIEPSE.

El centro cultural se concibe como una estructura de una sola planta con forma de 'L' que se utilizará como auditorio y se abrirá hacia un patio para eventos al aire libre. Este patio comunicará con una explanada para deportes y actividades.

Aquello que se planificó como edificio de enfermería de la prisión Levante II sería la unidad sanitaria del centro con capacidad para 30 camas. Este edificio quedaría situado en medio del recinto y en él trabajarían el equipo directivo y médico con equipamiento para tratamientos y reuniones de los profesionales.