La odisea de un juez para hacerse la PCR

Rafael Carbona también se ha visto atrapado en esa burocracia incomprensible que, en ocasiones, enreda a los ciudadanos hasta límites insospechados. Carbona, quizá por su profesión de juez, realiza una minuciosa retrospectiva de la falta de atención de la conselleria de Sanidad, los seguros privados y un devenir de órdenes contradictorias entre ambos. El retrato más cercano al desconcierto. En resumen, teniendo en cuenta las circunstancias que vivimos, en plena segunda ola de la pandemia, serían suficientes para perder la cabeza.

Aquí la historia. La hija de Carbona, funcionaria en el mismo juzgado que su padre, Instrucción 7 de Valencia, dio positivo de Covid-19 el pasado 3 de septiembre. La prueba se le practicó finalmente en el hospital 9 d'Octubre. Un primer dato sorprendente es que nadie le preguntó acerca de sus contactos estrechos y sólo después de insistir ella a través del teléfono se le tomó nota de las identidades de potenciales contagiados. Esta tarea de 'rastreador', según todos los expertos, resulta determinante para frenar la pandemia. Pero no parece que esta actividad se completara con exhaustividad. «De hecho ni a mi mujer ni a mi nos han llamado», argumenta.

El juez, como su hija había convivido en su casa hacía menos de una semana, comunicó esta circunstancia al decanato, al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al Poder Judicial. Por precaución, no acudiría a su despacho en la Ciudad de la Justicia.

Es a partir del día 5 de septiembre, cuando comienzan los verdaderos problemas. Los jueces al igual que los fiscales son mutualistas y pueden elegir quién le presta la asistencia sanitaria si un seguro privado o la seguridad social. El magistrado llama a Asisa, que le deriva a la Seguridad Social. Allí le dicen que pese a ser asintomático -en esos momentos- debe hacerse la PCR porque ha convivido con un positivo. El centro asignado era el de Alboraia. «Ese mismo día me pongo en contacto con el ambulatorio y me dicen que debe hacerse cargo el seguro». Primera sorpresa. «Les advierto de la contradicción y me responden que lo hablaran con la coordinadora, que me llamarán en unos minutos. Pero no lo hace nadie».

Carbona vuelve a telefonear. Y le insisten en lo mismo: que se vaya a Asisa, que lo deben hacer ellos. Vuelve el perjudicado a contactar con el seguro privado, que se mantiene en sus trece. En Sanidad (el número 900) le insisten exactamente en lo mismo, que acuda al centro de salud que es allí donde deben practicarle la PCR. «Les planteo el dilema en el que me están metiendo y como toda solución (la Seguridad Social) me dicen que plantee una queja al ambulatorio por negarse a hacerme la prueba».

Llegados a este punto, Carbona tira de ironía. «¿Y con la queja me puedo reincorporar ya a mi puesto de trabajo?». «Bajo su responsabilidad», le responden. Tampoco parece que el interlocutor pueda presumir de un afinado sentido del humor. Mientras, ya es día 7 y el juez sigue en la misma situación que el día 3.

Tras el consejo de su hija, decide contactar con el mismo profesional de Asisa que a ella le había atendido correctamente. «Es entonces la primera vez que un profesional me dice que me aísle». Le prescribe una prueba, y el juez la remite a su seguro. Pero tampoco da con la tecla. Mientras, en el juzgado ya han nombrado a un sustituto para que saque el papel. Una ayuda que, evidentemente, pagamos todos. El pasado jueves día 10, el hombre, al fin, logra hablar con la 'coordinadora' del ambulatorio que sigue con su tesis aparte de hacer «un extenso alegato sobre la maldad de los seguros privados», le indica que le llamará un médico del centro de salud para una evaluación y en su caso «hacerme la PCR».

Finalmente, el paciente es citado el pasado viernes en el hospital de la Malvarrosa, de la Seguridad Social. En 48 horas, le dijeron que tendría los resultados. Una vez cumplido este plazo, el pasado lunes, todavía ignoraba si tenía el virus. El martes fue cuando le comunicaron que es negativo. Y aún así, el juez está en una posición privilegiada comparado con otros. Él puede permitirse pagar 120 euros por una prueba en la privada. Pero admite que quiso conocer de primera mano cómo funcionaba el sistema.

«Seguro que estas cuitas las sufren también autónomos o empleados que se juegan su subsistencia y que acuden al trabajo por su propia supervivencia y en detrimento de la seguridad sanitaria de sus compañeros y conciudadanos».