Siete años con la casa okupada

Seis años y varios juicios después todavía no la ha podido recuperar. Antonio vive en Inglaterra y cuando vuelve a Valencia para ver a su hija se ve obligado a alquilar un piso ya que no tiene domicilio en la ciudad. «Me está costando mucho dinero todo esto entre el alquiler y los gastos en abogado y procurador que tengo que pagar», lamenta el hombre de 51 años.

Reconoce que dentro de lo que cabe tiene suerte porque tiene un trabajo estable como técnico radiólogo. Pero nunca se sabe. Su situación hace que ante un imprevisto no pueda contar con la seguridad que da tener una vivienda en propiedad. «Te okupan la casa en una mala racha y acabas debajo de un puente», dice indignado.

En el momento en el que recibió aquella llamada de la Policía Local en enero de 2018 su mundo se le vino abajo. Por entonces ya residía en Inglaterra y, como ilustra el dicho, «las desgracias nunca vienen solas».

«Cuando me okuparon la casa mi madre se estaba muriendo y se me juntó todo. Fue un momento muy duro en mi vida». Recordar aquel año todavía le aflige. Por eso no se va a echar atrás hasta que recupere su domicilio. No tiene previsto dejar de luchar por más dinero y esfuerzo que le cueste. «No me voy a rendir después de lo que me han hecho pasar». Pudo mirar a la cara en juicio a las personas que residían de manera ilegal en su vivienda. Nada más que le vieron, empezaron a chillarle, «como para intentar intimidarme».

Consiguió que les impusieran una orden de desahucio pero, cuando pensaba que ya lo tenía todo solucionado, volvieron los problemas. La Policía acudió a desalojar la residencia pero ya no estaban los okupas. Había otros. Y el documento judicial no iba contra ellos así que los agentes se vieron con las manos atadas. «Todo fue porque en el momento de hacer la denuncia no me indicaron que además de poner el nombre de los residentes ilegales debería haber puesto: 'y otros ocupantes», cuenta Antonio enfadado.

Todo lo que había luchado se fue al traste por este «vacío legal». Todavía tiene la causa abierta contra los primeros okupas y contra los que llegaron después. El próximo 28 de junio tiene que volver a Valencia para el juicio.

Costear el proceso judicial para conseguir que los residentes ilegales se vayan de tu vivienda no es barato. De hecho, los gastos de una demanda para desalojar a un okupa oscilan entre 2.000 y 3.000 euros entre abogados, procuradores y tasas.

Además, Antonio tiene «suerte» de que había dado de baja la luz y el gas antes de que le okuparan la casa, porque si no se vería en la obligación de pagar los gastos. De lo contrario, al propietario legítimo de la vivienda los residentes ilegales le pueden denunciar por un delito de coacciones. Sin embargo, el afectado sí que tiene que seguir pagando los gastos de la escalera.

Tramitar la ejecución de un proceso de desahucio puede dilatarse entre cuatro y seis meses, pero la recuperación efectiva de la vivienda se puede demorar varios años. Antonio da fe de ello, que lleva casi seis años peleando para poder recuperar su casa.

Todos los propietarios de viviendas en los Bloques Portuarios han tenido que despedirse de sus propiedades. No pueden ni disfrutar de su casa ni tampoco conseguir ingresos poniéndola en venta o en alquiler. Chelo Collado era vecina de Antonio. Como él, heredó la casa de sus abuelos y lleva okupada desde 2016. «La primera vez que entraron residentes ilegales conseguimos que se fueran y cambiamos la cerradura de la casa», cuenta la mujer de 58 años.

Sin embargo, pese a todo el dinero que se gastó en el procedimiento judicial y tras tomar medidas de seguridad, volvieron a entrar okupas. Así es la dinámica que asedia a los Bloques Portuarios: unos okupas se van y llegan otros. Pero ya no hay ni rastro de los propietarios en la vivienda. La zona se ha convertido en todo un reclamo para aquellos que no tienen pensado pagar por vivir en un piso. Mientras tanto, «yo tengo una casa a 300 metros del mar y no me atrevo ni a pisarla. Afecta mucho a nivel emocional», lamenta Chelo. Aunque no tenga pensado residir en ese piso ya que tiene su casa en Sedaví, por culpa de la okupación no puede venderlo.

Y un ingreso extra nunca está de más. No sólo eso, si no que es lo que le corresponde, pero se lo han arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. No es la única que está pasando por esta situación tan desagradable. Ni de lejos. Los casos de okupaciones van cada vez más en aumento.

Cada vez hay más zonas de la Comunitat Valenciana que se vuelven completamente intransitables después de que los okupas se apoderen de las calles.

De hecho, la Comunitat es la segunda autonomía donde se producen más okupaciones ilegales, sólo por detrás de Cataluña. Un problema que se está enquistando cada vez más. Porque el procedimiento del desahucio es muy complejo y tedioso, lo cual hace que los propietarios pierdan la esperanza en muchas ocasiones. La Comunitat Valenciana es la segunda, tras Cataluña, con mayor número de okupaciones de viviendas al registrarse 420 casos en el primer trimestre del año, según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. En total, las infracciones penales por okupaciones de viviendas han descendido un 11% en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior. A fecha del 31 de marzo se han contabilizado 3.898 infracciones penales relacionadas con las ocupaciones ilegales de inmuebles, frente a los 4.385 casos del primer trimestre de 2022.

Antonio y Chelo, que dan voz a todas las personas a las que afecta esta situación, confiesan que se sienten desprotegidos ante «la impunidad que concede la ley a los okupas». De hecho, con la nueva ley de vivienda se retrasan todavía más los desahucios. En la normativa, aunque se siga contemplando que en caso de que aquellos okupas que entren en una vivienda por la fuerza serán desalojados, entran modificaciones que hacen que este procedimiento se pueda alargar. Bajo el pretexto de proteger a las familias vulnerables, el propietario tendrá que demostrar que el inmueble es usado como vivienda habitual del residente ilegal.

Si hay algo que indigne a Chelo es que le prometieron que la situación iba a cambiar de manera radical. Pero el panorama sigue siendo el mismo. A pesar de las promesas, su vivienda sigue siendo inutilizable por la presencia de los residentes ilegales. El proyecto que dirigió la, hasta el sábado, vicealcaldesa Sandra Gómez de derribar los Bloques Portuarios y construir nuevas viviendas para el abasto de los propietarios está paralizado. Desde la oficina Plan Cabanyal-Canyamelar hace unos meses habían sacado a licitación las obras de los nuevos edificios de realojo, pero dos empresas han presentado recursos. Habrá que esperar a que se pronuncie El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para ver si los admite y comenzar la obra