Unos okupas se atrincheran en una masía en Godella y presumen de derechos

El responsable del grupo familiar acompaña a LAS PROVINCIAS en la visita al conjunto, un edificio protegido y que está previsto que se constituya en parte principal del futuro complejo, un espacio de cerca de 25 hectáreas en las proximidades de Valencia. Un centro de referencia, con campos de rugby, fútbol y otras actividades que requieren menos superficie, como pádel o tenis. «Os hemos escuchado lo que decíais de los escombros, estamos viendo si podemos traer un contenedor para meterlos», sueltan los okupas, sin rubor, desde el piso superior de la estancia.

Los dueños de la propiedad ni se inmutan. Prefieren no entrar en provocaciones y confían en que la Justicia -ya han presentado la correspondiente demanda- actuará de manera rápida y efectiva. «¿Perdonad, os importa contestar a unas preguntas sobre un reportaje de okupas que estamos preparando?». Se lo piensan unos segundos. Pero la respuesta es negativa.

La realidad es que su decálogo está expuesto unos metros más allá, en otra puerta del recinto, de más de 1.600 metros cuadrados. En el camino, junto al edificio, se ve una furgoneta que presumiblemente es el vehículo de los okupas. En la puerta han colgado un manifiesto que se titula: «Advertencia legal sobre la morada constituida». Y a partir de ahí, «y con todo el respeto», citan una serie de advertencias legales y justificaciones de su asalto inmobiliario: «En defensa de nuestro derecho constitucional de vivienda y ejerciéndolo con conciencia y capacidad suficiente... cumplimos nuestros deberes civiles en materia de deslindes, identificación, higiene, mejora y rehabilitación».

A continuación, «las moradoras de la masía Don Dai» -así se han hecho llamar- anuncian «la plena posesión de este edificio» y lo argumentan con «la subrogación de los deberes del propietario». Se trata, en definitiva, de articular un discurso de una acción claramente ilegal y contraria a la propiedad privada. Pero insisten en ahondar en las raíces de este proceso: «Desarrollamos nuestros derechos posesorios auspiciados en la época romana».

No dudan en advertir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a cualquier otro particular que si acceden al edificio les denunciarán por una violación del domicilio o por un allanamiento de morada. Precisan que cualquier «intromisión o acoso» a su acción también será interpretada como unas coacciones. El catálogo de amenazas/advertencias de la pareja de okupas resulta amplio. Además, añaden la doctrina del Tribunal Supremo sobre la posible entrada de agentes si consideran que en la vivienda se está cometiendo un delito flagrante. El objetivo: cubrir todos los flancos posibles. «Encima y después de todo, van de listos», comenta el directivo.

De momento, lo que está en el juzgado es la demanda para que la empresa recupere cuanto antes el inmueble. La lectura del escrito anterior enervaría a cualquier legítimo propietario. El dirigente de la empresa propietaria, en cambio, se muestra resignado. «Sé que esto podría acabar si pago un dinero a cambio de que se vayan, pero no lo hago por ética. No me quiero someter a un chantaje». Antes de claudicar pagar para que se vayan -continúa- «pago para que los echen». Y el dinero se intuye que no parece ser un problema en esta encrucijada.

Y hace una reflexión más amplia: «Esta situación lo que genera es rechazo, inseguridad. Un proyecto como este siempre es un desafío importante para el empresario. Da igual quién esté en la Administración porque las buenas ideas, la realidad, es que gustan a unos y a otros». Pero ocurre que, al margen de los problemas habituales de los procesos administrativos, luego «te encuentras con situaciones como esta».