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«Las administraciones debemos adecuar nuestra legislación y protocolos a las realidades, actuando siempre pensando en las víctimas que están sufriendo esta terrible tragedia –en relación a los casos de violencia de género- y que, en lugar de paliarla, la aumentamos trasladando la idea de falta de coordinación institucional. Si no perciben una respuesta sólida y efectiva del Estado, su sensación de desamparo es completa». La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat, Pilar de la Oliva, ha presidido hoy el acto de apertura del año judicial en las instalaciones del alto tribunal valenciano y ha centrado buena parte de su discurso en la lucha contra las agresiones machistas.
De la Oliva ha reclamado juzgados especializados para combatir esta «lacra» y también ha dejado entrever un planteamiento contrario al Gobierno autonómico a la hora de explicar casos como el ocurrido en Castellón, en el que un padre asesinó, presuntamente, a sus dos hijas después de amenazar a la madre, de quien se había separado. Ante este trágico suceso, tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, indicaron que el sistema había fallado para intentar explicar lo ocurrido. Sin embargo, De la Oliva, en su discurso, ha puntualizado que en estos casos «sólo hay un culpable, el agresor; el sistema no falla, el sistema es mejorable y en ello debemos poner todo nuestro empeño». En esta línea, ha apuntado que «trabajamos con probabilidades, con indicios, y hablar de fallos o de errores del sistema es una simplificación que hace mucho daño», aunque ha matizado «es cierto que el sistema no es infalible».
En su intervención, en la que han estado presentes tanto Puig como Bravo, ha considerado necesaria la creación de, al menos, tres juzgados de lo Penal especializados en violencia de género en Valencia. «Es una medida necesaria para dar respuesta en este territorio a esta terrible lacra que constituye este tipo de violencia». Asimismo, ha destacado que también es necesaria «esta especialización en las demás provincias de la Comunitat, con la creación de dos juzgados en esta materia en Alicante, uno en Castellón y otro en Elche». Así, ha explicado que «existen juzgados instructores y secciones de audiencias provinciales especializados, no es entendible, por lo tanto, que se siga en la misma línea respecto de los juzgados de lo Penal».
La portavoz del TSJ ha recordado que, en la Comunitat, hay 16 jueces especializados en violencia machista y 24 juzgados mixtos, «unos se dedican a ello de manera exclusiva; otros tienen que atender, además, otras materias, desde la trinchera, con pocos medios». Pese a ello ha querido destacar que los jueces valencianos, los fiscales, los policías, los guardias civiles, los psicólogos y los forenses «todos ellos salvan miles de vidas de mujeres y niños, y ese es el mensaje que debemos trasladar a la sociedad; lo contrario erosionará la confianza de las víctimas en el sistema; y eso no nos lo podemos permitir».
Sobre este ámbito, también ha señalado que «con frecuencia nos sobrecogemos ante las muertes cada vez más terribles y contrarias a la ley natural de respeto a la vida y cuidado de los hijos. Hay fronteras que no se traspasan cualquiera que sea el sentimiento o rencor que se anide».
Tras la finalización del acto, la consellera de Justicia ha sido cuestionada sobre las palabras de la presidenta del TSJ, al respecto de la presunta descoordinación en materia de combatir la violencia de género. Al respecto, Bravo ha insistido en la necesidad de coordinación de los medios materiales y los recursos: «Por eso en noviembre se van a celebrar sesiones formativas con los jueces de la provincia porque necesitamos escucharlos, trabajar con ellos, con los fiscales y con las oficinas de atención». La titular de Justicia ha recordado que la consellera ha puesto a disposición «muchos recursos, hemos pasado en las oficinas de atención a las víctimas de 22 profesionales a casi 70, de 21 a 26 oficinas, y el año que viene habrá oficinas en los 36 partidos». Al respecto, Bravo ha admitido que «necesitamos sentarnos y coordinar bien esos recursos, y coordinar las unidades de evaluación con los partidos judiciales, por eso anuncié que estamos trabajando en descentralizar el modelo, incrementar los recursos y que podamos hablar de unidades de evaluación comarcales». Sobre estas unidades, la consellera se refiere a las quejas de los jueces por la falta de forenses para elaborar los pertinentes informes de evaluación del riesgo del agresor.
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