Oltra no cambia en 5 años el modelo de residencias que el PP impulsó en 2005

Las imágenes de la residencia de Llíria han desatado las críticas de Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, hacia la empresa que la gestiona, DomusVi, hasta el punto de afirmar que la compañía está habituada a estos casos porque «seguramente esto tiene que ver más con mentalidad de fondo de inversión que con la mentalidad de empresa socialmente responsable». La misma compañía es la que rige el geriátrico de Alcoy en la que durante la primera ola del Covid murieron 75 de los 138 residentes, motivo por el cual Igualdad busca revertir la concesión.

Pese a esa postura, a las críticas lanzadas cuando estaba en la oposición y a su programa electoral de 2015 -decía que los mayores ya no serían gestionados «como mercancías por empresas privadas»-, en los cinco años que Oltra está al frente de Igualdad no ha cambiado la ley que rige las residencias y la colaboración público-privada. Un modelo impulsado primero por Rafael Blasco y después por Juan Cotino, a quien Oltra tachaba de beneficiar a la empresa de su familia.

La Comunitat dispone de 334 residencias y 27.429 plazas, de acuerdo con los datos de Igualdad. La faltan unas 13.000 para situarse en la media española, según han manifestado en varias ocasiones la patronal Aerte y Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

De las 334, hay 38 de titularidad autonómica, 10 de gestión directa con 1.531 plazas y 28 de gestión integral (gestión en concesión) con 2.277 plazas y 31 centros municipales que ofertan 1.873 plazas, de las que el Consell sufraga 1.457. Entre ambas suman un 17,6 % del total. El restante 82,3 % es de iniciativa privada. 137 centros con 8.827 camas son centros sin subvenciones y 128 mixtos, con 12.921 plazas de las que un 63,7 %, 8.236, están concertadas con el Gobierno valenciano.

Pinazo, que también es profesora de Psicología Social en la Universitat, no duda en afirmar que con Oltra «no ha cambiado nada». E incide en que la ley en vigor «es la del 4 de febrero de 2005». Durante estos últimos 15 años «lo que si ha cambiado es el perfil de los residentes, que ahora son más mayores, hay más casos de Alzheimer y hay mayor número de dependientes», y las patologías de los mayores se complican, critica Pinazo, pues la legislación no se ha adaptado.

Entre finales de 2017 y la primavera de 2018, después de un baño de realidad jurídica y de que se echara a abajo la intención de Igualdad de dar concesiones en la gestión de las residencias a entidades sin animo de lucro por medio de un convenio, la Conselleria se replanteó la situación y volvió a la reglas del juego del PP con algunas variantes.

José María Toro, presidente de la patronal de las residencias Aerte, asegura que «no ha cambiado el modelo, pero hoy hay más plazas concertadas que con Cotino».

Oltra ha aumentado en más de 4.200 las plazas subvencionadas: casi 500 más a los geriátricos municipales; un centenar (un 7,3 %) con organizaciones sin ánimo de lucro; 2.317, más de un 100 % para la Prestación Vinculada al Servicio (PVS) con empresas privadas; más de un 100 % PVS Garantía que permite la elección de centro en caso de que no haya plazas públicas, con más de 663 plazas.

De momento ha cambiado algunos criterios de adjudicación, «de manera que se obliga a las entidades que quieran participar de esa adjudicación a aumentar la calidad en la prestación del servicio», señalan desde Igualdad.

Desde la Conselleria de Oltra señalan que llevan «dos años trabajando en el cambio de modelo residencial con un trabajo en el que se ha implicado al sector (tanto patronal como sindicatos) con unas mesas de trabajo en las que se ha definido el nuevo modelo residencial y que tiene dos aplicaciones prácticas que ya se están aplicando en la administración pública», en las residencias de Sant Mateu y la de Carlet.

En el departamento que dirige Mónica Oltra consideran que «el meollo es modificar la ley» para proceder al cambio de modelo residencial.

La última actuación que se ha realizado para apuntalar el actual modelo es un concurso de 3.300 plazas concertadas por 379 millones de euros. Lo que más se sigue puntuando es la oferta económica. Pero también se valor el servicio de enfermería, que se ofrezca doble menú, si hay sistema de climatización y cuartos de baño en las habitaciones, y se puntúan servicios que no entran en los pliegos como acompañamientos gratuitos al médico o gestiones externas, podología y peluquería gratuitas para el usuario, así como la introducción de las llamadas cláusulas sociales.

Otra de las cuestiones que destacan en Igualdad es que han aumentado los lotes de adjudicación y las empresas adjudicatarias. «Evitamos posibles monopolios empresariales. Con Cotino , nueve empresas adjudicatarias, con el Botànic, 27», afirman desde Igualdad y Políticas Inclusivas.