Mónica Oltra concierta 7.000 plazas en centros de discapacidad por falta de recursos públicos

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó ayer una resolución de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para concertar más de 7.000 plazas en centros de discapacitados gestionados por entidades sin ánimo de lucro, en el marco del nuevo sistema bautizado como concierto social. El propio documento reconoce que «la demanda de servicios y plazas en centros de atención social a personas con diversidad funcional es creciente y supera ampliamente los medios y recursos de que disponen el conjunto de las administraciones públicas», en referencia a la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos, de ahí que el departamento que dirige Mónica Oltra haya optado por esta opción.

En concreto, según recoge la resolución, la conselleria ha previsto un presupuesto de algo más de 101 millones de euros para la contratación de 7.170 plazas en distintos servicios (atención temprana, rehabilitación e integración social, centros ocupacionales, de día, para enfermos mentales, residencias o viviendas tuteladas, entre otros) durante un año, frente al modelo de gestión pública que viene defendiendo al actual Gobierno autonómico. El número de plazas se ha fijado en función de la disponibilidad presupuestaria, las necesidades actuales, la población que en estos momentos está siendo atendida y de la demanda de plazas de nueva creación en determinadas áreas geográfica, como detalla la publicación.

Además, a esta convocatoria sólo se podrán presentar al proceso fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y otras entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de servicios sociales, algo que al sector empresarial no le parece correcto.

Al respecto, y al conocer el contenido de la resolución, en la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte), mostraron su malestar porque, en su opinión, «provoca desigualdad en los centros en función de la entidad que presta el servicio», ya que, según lamentaron, «reduce los requisitos de las plazas concertadas con entidades sin ánimo de lucro y los deja por debajo de los públicos y del resto de privados».

Ante esta situación, la entidad baraja acudir a la vía judicial para defender los derechos del sector empresarial. «No descartamos recurrir la convocatoria ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat por considerarla discriminatoria y seguir excluyendo a las empresas de la posibilidad de acceder a la acción concertada como venimos advirtiendo desde 2016», anunció José María Toro, director gerente de Aerte.

Por ejemplo, la publicación recoge que en las residencias para personas con trastorno mental grave, los requisitos de personal que se establecen son inferiores a los incluidos en la orden de 9 de mayo de 2006 que regula estos centros. En concreto, se piden 4,75 trabajadores a tiempo completo menos, tal y como detallaron desde Aerte. Sin embargo, el coste de la plaza puede llegar a ser de 3.408,90 euros al mes en caso de que la persona tenga más de un 75% de discapacidad frente a los 2.130 euros que cuesta la plaza en otro centro privado gestionado por una empresa. «Esto contradice todos los argumentos que se han dado desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que afirmaban que con la ausencia del ánimo de lucro las plazas serían más económicas y eficientes», apuntó Toro. «No podemos entender que se pague más dinero por menos profesionales», añadió el director gerente.

En esta línea, la Ley de Servicios Sociales recoge que la acción concertada se basa, entre otros, en el principio de igualdad, que garantiza que la atención que se preste a los usuarios sea la misma que la que ofrece directamente la Administración. «Pero con la convocatoria de hoy -por ayer-, un centro público debe cumplir con un ratio de personal y una entidad de iniciativa social podría concertar con menos trabajadores, lo que parece incumplir este principio», indicaron. Esta situación, según Aerte, «genera diferencias en el servicio que se ofrece a las personas en función de la titularidad del centro cuando hablamos de plazas públicas en los dos casos».