Los olvidados de Oltra

Y es que, como ya publicó LAS PROVINCIAS, las áreas de servicios sociales, dependencia, discapacidad, igualdad y menores concentraron un 34,93% de las quejas tramitadas por la Sindicatura de Greuges (la figura autonómica equivalente al Defensor del Pueblo) en 2020, 1.420 de 4.065, de acuerdo con la reciente memoria publicada por este organismo.

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, portavoz del grupo parlamentario socialista hace una década, no escondió que la Conselleria de Igualdad, la que dirige la vicepresidenta, Mónica Oltra, es el departamento que encabeza el mayor número de quejas presentadas durante el año de la pandemia, con 1.302 de las 2.050 que fueron para el Consell, porque «quien tiene recursos, recurre a un abogado», dijo, mientras que el organismo que él dirige es «el recurso de los sin recursos». Éstas son sólo algunas de las voces de personas que se alzan contra situaciones que consideran son injustas.

Así de desamparada se sintió la familia de Juanjo, quien comenzó a tener problemas a raíz del accidente de tráfico sufrido en 1996, cuando sólo tenía 15 años de edad. Su hermana recuerda que, ante la necesidad de llevarlo a una residencia en la que pudieran abordar correctamente los daños cerebrales que padecía, se le dio la opción de una residencia en el término municipal Barx «a una hora y media en coche de donde vivimos con una carretera de montaña por medio», lo que dificultaba mucho las visitas de sus familiares. Los problemas físicos de Juanjo derivaron en enfados «porque quería volver a comunicarse, a caminar, y no podía», rememora su hermana y eso provocó que «lo desahuciaran de varias residencias». Recuerda la última en la que estuvo, en Ribarroja, «donde se contagió de sarna y me lo pasó a mí, quien a su vez se lo contagié a mi hijo». Miles de correos a responsables de la conselleria y reuniones no sirvieron, por desgracia, para que su hermano no pudiera tener unos mejores últimos meses de vida. El último problema para su familia incluso llegó con Juanjo ya fallecido: «Desde la residencia no me querían dar sus cosas. Además de su ropa, sus gafas, etcétera, había una silla de ruedas valorada en 3.000 euros», recordó. Aunque más calmada, no esconde el malestar que le genera el trato recibido por parte de la Administración autonómica mientras posa con una fotografía de su hermano y con una camiseta reivindicativa -a las que tan aficionada fue en sus tiempos en la oposición la propia vicepresidenta del Consell- en la que se puede leer 'Dignidad para Juanjo'.

José María Verchili trabajó toda su vida en un puesto del Mercado Central de Castellón. Allí, por las mañanas vendía salazones y conservas y por las tardes abastecía a los bares de la ciudad. Hoy, ese esfuerzo en forma de más que merecida pensión le está sirviendo para pagar la atención en el centro en el que le tratan de su Alzheimer. Su hija Lorena recuerda que ese centro de día «le está haciendo mucho bien, porque los dos últimos años le habíamos visto un bajón muy grande pero desde septiembre mejoró mucho cuando comenzó a ir».

Las terapias con perros son de las preferidas de José María, «le encantan», apunta su hija. Este jubilado, a sus 76 años, pasó de ser un escéptico de este tipo de centros «a preguntar cuándo le tocaba ir porque ha mejorado mucho y se siente mejor». Fue cuando cumplió los 67 cuando comenzó a sentir los primeros estragos de la enfermedad: «Él, que era muy fisonomista, comenzó a darse cuenta de que no reconocía las caras por la calle y decía: 'A mí me está pasando algo'», explica su hija.

Sus 800 euros de pensión y los ahorros que tiene la familia le han permitido poder recibir este servicio que su familia ha comprobado que es tan necesario. Pese a tener reconocido ese derecho, «no le pagan». Y es que la factura del centro suele rondar los mil euros según meses. «Debería haber más centros de este tipo», explica Lorena, quien remarca que su padre «no se aclaraba con las escaleras y ahora va mucho mejor». Todo ello después de muchas esperas y trámites para conseguir que la ley de la dependencia les beneficie. Mientras tanto, José María disfruta de su más de medio siglo de matrimonio junto a Antonia sabiendo que esa atención especializada le está dando vida a él y a toda su familia, que disfrutan de su buena evolución desde que comenzó a asistir a las terapias en su centro de día en Villarreal.

La alcireña Eva Guzmán no pierde el humor ni el optimismo pese a las duras pruebas a las que sigue sometiéndole la vida. Sin embargo, ella da una lección de resistencia. Con su hija, su madre y su hermana con necesidades, recuerda el largo proceso para que valoren las carencias que tienen cada una. Pero lo que ha molestado es el hecho de que, por ejemplo a su madre, no le hayan concedido el grado que, en su opinión, debería tener: «Tiene Alzheimer y una deficiencia visual, no es un grado 1. No tuvieron en cuenta los informes», a la vez que recordó que en cuestiones como la dependencia «no hay sólo blancos o negros, hay muchos grises».

Las cantidades económicas, aunque son ligeramente superiores, «son de risa», ya que un grado 1 recibe «unos 150 euros y el 2 unos 286», según los casos. Así, ha recurrido esta decisión, que considera injusta, y espera una respuesta.

Clara Fornés es la presidenta del colectivo Más de Dos, la asociación de familias numerosas de Valencia. El principal problema se resume en una sola palabra: conciliación. Las mujeres, recordó Fornés, son las principales perjudicadas en la mayoría de las ocasiones cuando, en una familia, se decide que una de las dos partes ha de reducir su horario laboral para atender a niños o mayores. Echó en falta ayudas para premiar a las empresas que concilian.

Asimismo, criticó los problemas que en los últimos años están teniendo las familias numerosas para un trámite que debería ser tan sencillo como conseguir el documento oficial que las acredita como tales: «Muchas veces ha pasado que necesitas el título de familia numerosa para acceder a una ayuda y no puedes porque tardan mucho en concederlo», se lamentó, por lo que solicitó que se aceleren los trámites al máximo para apoyar a las familias numerosas, algo que considera más necesario que nunca en unos momentos en los que se ha producido un descenso de la natalidad.

«Esta situación provoca que haya gente que no pueda optar a algunas becas, que no pueda optar a colegios concertados», por lo que pidió que desaparezcan estas largas esperas que tanto perjudican a este sector de la población.