Los olvidados de la pantanada: una deuda de 400.000 euros sin perdonar

La pantanada marcó un antes y un después en los municipios valencianos que la sufrieron y sumió a la zona en una crisis tanto económica como social porque desde aquel momento la forma de ver las cosas cambió para todos.

El miedo a las lluvias torrenciales, la obsesión por observar como sube el caudal del río Júcar o el aprovisionamiento de comida en casa son algunas de las costumbres que han quedado instauradas y que se trasmiten a las nuevas generaciones pese a no haber vivido esta tragedia.

Pero si esta fecha es señalada para todos aquellos que vivieron esta inundación sin precedentes lo es más, y no sólo el 20 de octubre, para aquellos afectados que tienen pendientes deudas con el Instituto de Crédito Oficial, ICO.

Fueron muchas las personas que lo perdieron todo tras la rotura de la presa y recurrieron a préstamos ICO para sacar adelante de nuevo sus negocios. Unas cantidades que siguen siendo reclamadas en la actualidad a 23 personas y cuyo importe se ha duplicado o triplicado debido a los intereses tras más de cuatro décadas. En total, se calcula que el montante adeudado podría ascender a unos 400.000 euros.

Estos afectados son personas muy mayores, octogenarios, o, en algunos casos, sus herederos ya que los deudores han fallecido durante todo este doloroso proceso judicial. Todos ellos esperaban que estas deudas fueran condonadas ya que han sido muchas las ocasiones donde los políticos han puesto sobre la mesa esta opción debido a que se trataba de una situación muy excepcional.

Sin embargo, pese a las promesas, las sentencias ya son firmes y se están ejecutando con consecuencias muy dolorosas. Uno de estos casos es el de un vecino de Carcaixent de 87 años al que le están embargando parte de su pensión para hacer frente a este préstamo que en su momento fue de 6.000 euros y que tras todo este tiempo se ha elevado hasta 18.000 euros, con intereses y costas judiciales. «Ahora se están buscando acuerdos para realizar el pago y acabar con esto», explica Raúl Serra, uno de los abogados que lleva este tipo de casos.

Y es que los afectados ya no confían en que la solución llegue por parte de la Administración ya que pese a los recurrentes anuncios de avances en las negociaciones con el Instituto de Crédito Oficial, que es el que reclama judicialmente las cantidades, ninguna ha prosperado. Ni las promesas del Consell ni las del Gobierno de España.

La última fue en 2022, coincidiendo con el 40 aniversario, cuando el Consell dirigido por Ximo Puig hizo hincapié en la necesidad de solucionar estos casos. El entonces conseller de Hacienda y actual secretario de Estado de Política Territorial , Arcadi España, prometió ante un auditorio lleno de gente en Carcaixent que se acabaría con los préstamos pendientes. Papel mojado. Dos años después de aquel acto las sentencias siguen ejecutándose y embargándose bienes y pensiones por esta cuestión.

Durante 2022 y 2023, Hacienda, a través del Institut Valencià de Finances (IVF), abrió un proceso para hacerse cargo de forma directa de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de las familias vulnerables pero fuentes de la actual Conselleria de Hacienda señalan que el expediente iniciado no pasó de ser un borrador por lo que sin tener ninguna efectividad. Además apuntan a que no era viable técnicamente por lo que la Generalitat no podía hacerse cargo de estas deudas.

Se da además la circunstancia que el que era presidente del IVF y presente en las reuniones con los abogados de los afectados, Manuel Illueca, es ahora presidente del ICO aunque esto no ha servido para que se mueva ficha. LAS PROVINCIAS no ha obtenido respuesta a las consultas realizadas sobre el tema.

«Pasa el tiempo y vemos como por parte del ICO se ejecutan procedimientos judiciales. Nos preocupa mucho esta situación porque afecta a personas muy vulnerables y se prometió dar una solución y seguimos sin ningún avance», comenta el decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, que recuerda que en ninguna comunidad autónoma se han ejecutado préstamos de este tipo después de tantos años.

Una de las características de la mayoría de deudores es que son personas muy mayores cuyo capital principal no era muy elevado, entre 6.000 y 10.000 euros, pero que los intereses han crecido tanto que ahora son difíciles de asumir. Además, muchos de ellos no hicieron frente a estas cantidades en su momento al creer que habían sido condonadas ya en los años 90. Por todo ello, desde el Colegio de Abogados de Alzira, que aglutina a los profesionales de diferentes localidades de la Ribera que defienden a estas personas, han solicitado una reunión con Arcadi España, ahora secretario de Estado, para recordarle su compromiso e intentar que el tema no se vuelva a quedar en el olvido.

Cuando en 2022 la Conselleria de Hacienda comenzó a realizar trámites para hacer frente a los pagos pendientes se calculó que había unos 40. Sos años después, casi la mitad de los afectados han pagado la deuda ante la falta de respuesta de la administración que una vez más ha dejado a las víctimas indefensas. La mayoría no quiere hablar porque, pese al tiempo, les sigue causando mucha desazón todo el proceso.