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El embalse de Alarcón fue construido con dinero de los agricultores de la Ribera y de la compañía Hidroeléctrica Española (hoy Iberdrola), que constituyeron para ello la USUJ (Unidad Sindical de Usuarios del Júcar). A los primeros les interesaba disponer de reservas de agua para poder regar en verano y a la segunda aprovechar también los caudales a lo largo del año, no sólo a golpe de avenidas otoñales e invernales, para generar electricidad. Como el Estado no tenía presupuesto para las obras permitió que las realizaran y pagaran los usuarios para usarlas después en excusiva; sin embargo no reconoció sus derechos de propiedad, incluso desobedeció varias sentencias del Supremo en dicho sentido.
El 23 de julio de 2001 se firmó en la iglesia parroquial de Alarcón el acuerdo que lleva dicho nombre, entre el Ministerio de Medio Ambiente y USUJ, y con los presidentes autonómicos de la Comunitat Valenciana (Eduardo Zaplana) y Castilla-La Mancha (José Bono) como testigos de alto nivel y partícipes directos del pacto alcanzado.
Mediante este acuerdo, el Gobierno reconoció al fin los derechos de propiedad de USUJ sobre el embalse, pero al mismo tiempo los usuarios cedían al Estado el uso indefinido del mismo para servir de pieza fundamental de regulación del Plan Hidrológico Nacional, cuando ya venía ejerciendo como 'estación de paso' del trasvase Tajo-Segura, hoy puesto en cuestión. El otro gran trasvase a realizar, el del Ebro, fue finalmente arrinconado.
A cambio de la cesión del embalse de Alarcón, el Gobierno y la Generalitat Valenciana se comprometieron a financiar por entero todas las obras de modernización de los sistemas de riego de la Acequia Real del Júcar, pasando, salvo en el arrozal, del método de riego por inundación al de goteo. El plazo de las obras era de cuatro años, pero se ha incumplido sistemáticamente. Han pasado casi veinte y aún queda por realizar un tercio, en el tramo que prolongó en el siglo XVIII el Duque de Híjar.
La dirección general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de la Conselleria que engloba las competencia agrarias y medioambientales, ha solicitado que se paralicen las obras de modernización pendientes, al entender que se reducirían aún más las aportaciones de agua del Júcar a la Albufera. Un problema 'bicéfalo': por un lado queremos riego a goteo para ahorrar agua, pero a la vez tememos que con tanto ahorro no sobre ni lo mínimo para socorrer al lago. El caso es que la dotación oficial de la Acequia Real ha bajado de 392 hectómetros cúbicos al año a sólo 214, y los 78 de diferencia que viene ahorrando ni van al lago (apenas una mínima porción) ni a otros riegos valencianos: la mayor parte se queda en La Mancha.
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