La Albufera tendrá que esperar

La Conselleria de Emergencia Climática recientemente ha presentado sus alegaciones a los Esquemas de Temas Importantes del Júcar. La Albufera ocupa en ellas un lugar destacado. El departamento de Mireia Mollà ha planteado distintas alternativas para incrementar el flujo de agua que llega al parque natural hasta una cantidad fija de 70 hectómetros anuales.

Aunque en los dos últimos ejercicios las aportaciones hídricas al lago se han situado en el mínimo anual asignado por el Plan del Júcar, es cierto que no se trata de una solución definitiva. El paraje no se merece estar al albur de una decisión política y es preciso que tenga unos mínimos que garanticen su supervivencia y más en la actual situación.

Pero el remedio a la crisis que atraviesa el parque no es sólo el agua. Y más cuando pedir es la postura más cómoda para una administración. Lo complicado es tomar decisiones, priorizar proyectos e incluirlos en los presupuestos. Esa es la responsabilidad de los gestores. Y parece claro, a tenor de las cuentas presentadas para 2021, que el papel de la Generalitat en la Albufera puede ser mucho más activo. El presidente Ximo Puig anunció en el debate de política general del pasado septiembre una inversión de 240 millones para revertir la crítica situación. En el mismo momento del anuncio ya pareció una promesa difícil de cumplir y el proyecto de presupuestos para 2021 confirma esta primera apreciación.

Un buen momento para medir las intenciones reales de cualquier gobierno son sus cuentas anuales y el anteproyecto aprobado por el Consell es un barómetro de cuales son las prioridades del Botánico. La Albufera no parece una de ellas.

La consellera Mireia Mollà se ha congratulado en Les Corts de que el presupuesto de su macroconselleria se haya incrementado un 12,5% hasta alcanzar los 467 millones. El aumento de estas partidas hace aún más evidente el abandono en el que se encuentra el parque natural porque entre las inversiones para 2021 no se contempla ninguna de las mágicas propuestas que el presidente de la Generalitat hizo el pasado septiembre. Habrá que esperar un año más a no ser que en la tramitación parlamentaria se incluyan algunos de los proyectos más demandados y que hasta el momento no se contemplan. El problema es que el tiempo se agota y otra demora no hará más que agravar la situación en la que se encuentra la laguna.

Las inversiones pendientes del Estado tampoco acaban de llegar. No se termina los tanques de tormenta, ni se impulsa el nuevo colector oeste, ni las obras de depuración del entorno del parque, por sólo mencionar algunas de las más esperadas, y los presupuestos del Estado tampoco son muy generosos con la Albufera con la silenciosa complicidad de la Generalitat.

Mireia Mollà las ha vuelto a pedir. Obviamente es lo más sencillo. Exigir, echar la culpa a otro es la opción más fácil, aunque a veces necesaria, para un político. Pero no es suficiente. La Albufera exige que se tome en serio después de la indolencia sufrida. Y hasta ahora nadie lo ha hecho pese a las palabras y promesas.

No es aceptable que hasta la semana pasada, ocho años después de la suspensión del Tribunal Supremo, no se haya puesto en marcha la renovación del Plan Rector de Usos y Gestión. Es mucho tiempo y es en sí mismo elocuente de que no parece haber estado muy presente en la mente de los gestores autonómicos.

Es obvio que los recursos son limitados, pero gobernar es establecer prioridades y ya es hora que el parque sea una tanto para el Gobierno central como para el autonómico.